Columna Olor A Dinero
Feliciano J. Espriella
La corrupción no se combate con barniz
Miércoles 28 de octubre de 2026
La renuncia de Guadalupe Taddei al INE pone a prueba el combate a la corrupción en México. Castigar a una funcionaria no basta si permanecen intactas las redes de complicidad, los empresarios involucrados y la protección política que alimenta la impunidad. La justicia debe alcanzar a todos, sin excepciones partidistas.
La corrupción amenaza con recuperar terreno en México, quizá con una voracidad todavía mayor que en el pasado. Pero lo verdaderamente alarmante no es solamente la sucesión de escándalos, sino la posibilidad de que, una vez más, las autoridades pretendan combatir esta peste mediante una operación cosmética: sacrificar algunas cabezas, anunciar investigaciones espectaculares y dejar intactas las estructuras que permiten el saqueo del erario.
El caso de Guadalupe Taddei, quien renunció a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) en medio de graves señalamientos sobre contrataciones y posibles conflictos de interés, constituye una prueba de fuego para las instituciones encargadas de investigar y sancionar la corrupción.
Si las investigaciones demuestran su responsabilidad penal, debe aplicársele todo el peso de la ley, sin contemplaciones ni privilegios. Pero incluso una condena ejemplar apenas representaría una ligera barnizada sobre el nauseabundo entramado de corrupción que amenaza con extender nuevamente sus tentáculos por la administración pública.
Porque aquí no estamos hablando necesariamente de una funcionaria aislada.
El propio Órgano Interno de Control del INE ha informado sobre 16 expedientes de investigación abiertos durante 2025 y 2026, de los cuales 11 corresponden a contrataciones públicas e involucran, al menos, a 15 funcionarios y exfuncionarios, ocho particulares y 18 empresas.
Estas cifras no acreditan delitos ni responsabilidades individuales, pero revelan la dimensión de las irregularidades que deben esclarecerse. Sería ingenuo suponer que posibles operaciones de semejante alcance pudieran desarrollarse sin la participación, colaboración o tolerancia de otros actores.
Y aquí aparece uno de los aspectos más vergonzosos de nuestro peculiar combate a la corrupción: la extraordinaria facilidad con que los empresarios presuntamente involucrados desaparecen del escenario público.
En México solemos concentrar toda la indignación pública y las exigencias de castigo en los funcionarios que aceptan sobornos o participan en actos de corrupción. Mientras tanto, los empresarios que ofrecen dinero, compran voluntades o se benefician de contratos amañados suelen quedar fuera del escrutinio público y, con demasiada frecuencia, de las investigaciones judiciales.
El caso del empresario José Alfredo Hernández Casillas, señalado en investigaciones periodísticas por sus vínculos con proveedores del INE y su cercanía con Taddei, obliga a examinar también la actuación de los particulares. Corresponde a las autoridades determinar si existieron conductas ilícitas y quiénes participaron en ellas.
Porque cuando existe un soborno, hay alguien que lo recibe y alguien que lo ofrece.
Y el corruptor no es menos responsable por vestir traje de diseñador en lugar de ocupar una oficina gubernamental. Si participó deliberadamente en un delito, debe enfrentar las consecuencias legales correspondientes, incluida, cuando proceda, la reparación del daño.
Pero tampoco podemos conformarnos con limpiar el INE.
Una lucha auténtica contra la corrupción exigiría revisar, sin excepciones partidistas, los señalamientos que rodean a personajes como Alejandro “Alito” Moreno y Maru Campos, así como esclarecer, mediante investigaciones sustentadas, los cuestionamientos relacionados con Marina del Pilar Ávila, Mara Lezama y Rubén Rocha Moya.
No se trata de condenarlos anticipadamente ni de equiparar situaciones distintas. Se trata de exigir que cualquier indicio serio sea investigado, que las denuncias tengan seguimiento y que nadie disfrute inmunidad política.
La ausencia de una sentencia no convierte automáticamente una denuncia en falsa, como tampoco una acusación constituye prueba de culpabilidad.
Lo inadmisible es que el poder utilice la justicia como garrote contra sus adversarios y como escudo protector para sus aliados.
Cuando las investigaciones avanzan o se paralizan dependiendo del partido, las amistades o las conveniencias del momento, ya no estamos frente a un combate contra la corrupción, sino ante su administración política.
Y resulta todavía más ofensivo que personas sobre las cuales pesan cuestionamientos relevantes puedan continuar disfrutando cargos, salarios elevados y privilegios públicos mientras las instituciones incumplen su obligación de esclarecer oportunamente los hechos.
El riesgo de que la corrupción resurja con renovada intensidad es enorme. Todavía estamos a tiempo de contenerla, pero hacen falta investigaciones independientes, sanciones efectivas, recuperación de los recursos desviados y, sobre todo, voluntad para llegar hasta las últimas consecuencias.
No bastan renuncias, discursos indignados ni sacrificios cuidadosamente seleccionados para tranquilizar a la opinión pública.
La verdadera prueba será investigar también a los amigos del poder, perseguir a los empresarios corruptores y desmantelar las redes completas, sin importar a quién arrastren.
Porque cuando un gobierno decide a quién investigar, a quién castigar y a quién proteger, no está combatiendo la corrupción: está administrando la impunidad.
Y mientras eso siga ocurriendo, cada escándalo terminará igual: unas cuantas cabezas sacrificadas, muchos cómplices protegidos y una nueva mano de barniz sobre una podredumbre cada vez más profunda.
Por hoy fue todo. Gracias por su tolerancia y hasta la próxima.