Columna Archivo Confidencial
Armando Vásquez Alegría
INE: La nómina del fraude
Martes 27 de octubre de 2026
La Auditoría Superior de la Federación tomó el registro completo de la nómina del INE (que abarca a miles de empleados y prestadores de servicios por honorarios) y corrió un algoritmo de coincidencia (checando los RFC y CURP) contra el padrón general de proveedores. El sistema arrojó la coincidencia exacta de 57 registros de personas que estaban cobrando un sueldo público dentro del instituto mientras sus RFC o razones sociales también facturaban como contratistas externos de la misma institución.
Luego cotejó la lista de las empresas que recibieron pagos del INE con la base de datos de opiniones de cumplimiento (artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación) y los registros patronales. Ahí brincó que 131 proveedores carecían del reporte de cumplimiento positivo o presentaban irregularidades operativas (como no tener trabajadores registrados ante el IMSS, pero cobrando contratos millonarios de servicios), lo cual no puede ser. Vaya, es lo que le piden a cualquier proveedor así sea del municipio.
De esta cantidad salió a relucir que una docena fueron constituidas de forma exprés (con menos de 12 meses de antigüedad), lo que provoca sospechas toda vez que bien pudieran ser “empresas fachada” o de “papel” al carecer de historial comercial, estados financieros auditables de años anteriores y reputación probada en el mercado. Con frecuencia, estas las conforman prestanombres para ganar o participar en una licitación específica y desaparecer o declararse en quiebra poco después.
Lo más impactante de este primer bonche de información es que se generó echando un ojo al ejercicio del 2024 y al primer semestre del 2025. El año electoral presidencial que arrojó un presupuesto de 30 mil millones de pesos. Son cientos los involucrados en diferentes sistemas de corrupción.
Así tenemos que la ASF cruzó a su vez la nómina con el Registro Civil y la base de datos de defunciones y dio como resultado que había 18 fallecidos a los que se les seguía pagando. Pero lo más grave de todo esto se encuentra en los que podemos conceptualizar como “aviadores”, que son aquellos a quienes se les paga y no realizan algún tipo de trabajo para el INE, pero cuya cantidad apenas se está concretando y se maneja como cientos o miles de casos. Los cruces son con el padrón de servidores públicos federal y estatal y con las listas de empleados de los OPLEs y de los 300 distritos electorales del país. Pero viene lo peor de toda esta madeja.
Durante una elección federal como la de 2024, el INE contrata a un “ejército” temporal de más de 40 mil personas (Capacitadores Asistentes Electorales, Supervisores Electorales, coordinadores de mesa de casilla, capturistas del PREP y personal de apoyo logístico).
Cuando concluye la jornada electoral y la calificación del proceso (entre junio y agosto), la normativa exige que todas esas plazas temporales se den de baja de inmediato de los sistemas de pago — lo normal son depósito en tarjetas y pago con cheques, sobre todo en áreas rurales—, pero la auditoría descubrió que no es así.
El detalle está en que los depósitos y cheques se siguen haciendo meses después de la jornada electoral. Las tarjetas o firmas de cobro se quedan en manos de los operadores administrativos de la junta o distrito, quienes retiran los fondos sin que el expromotor o excapacitador se entere de que a su nombre los siguen cobrando. Se supone que las tarjetas, al terminar el ejercicio se deben entregar y se firma un documento, lo cual no se hace, y el INE se desangra por ahí.
Si el sueldo promedio mensual de un capacitador o supervisor oscila entre los 12 y 16 mil pesos, mantener apenas a mil “aviadores” invisibles en la nómina durante seis meses adicionales representa un desvío directo de más de 80 a 100 millones de pesos. Si esa cifra escala a varios miles distribuidos entre los 300 distritos del país, la cifra se vuelve una locura.
Por eso, el cruce de datos que está haciendo la ASF entre la fecha real de término del contrato temporal, la bitácora de trabajo de campo y la fecha del último depósito bancario es la clave para dimensionar el tamaño real de este fraude a las finanzas del instituto.
La trazabilidad de un desvío por retención de tarjetas, cheques o prolongación de nómina en un organismo como el INE implica una cadena de complicidad vertical y horizontal. El dinero no salta del presupuesto a un bolsillo privado sin pasar por una serie de validaciones obligatorias.
Primero se determina la etapa de planeación y generación de nómina que recae en las direcciones ejecutivas del nivel central e involucra a la Dirección de Personal y Recursos Humanos, así como a jefes de departamento de nómina. La tranza empieza con inflar ese padrón de empleados de inicio.
Luego sigue la etapa de autorización y chequeo de la suficiencia presupuestal a cargo de la Dirección de Recursos Financieros y Tesorería, que libera los fondos y emite las órdenes de transferencias o emisión de cheques. Y sí, hay verificadores presupuestales que deben cotejar cada lote de pago con el contrato y quienes autorizan la salida del dinero. Son quienes pueden ignorar inconsistencias o vencimientos contractuales.
La custodia de plásticos y cheques se va a las delegaciones federales y juntas locales donde las recibe un enlace o coordinador administrativo, quienes son los que reciben los sobrantes de tarjetas de débito, NIPs o cheques no entregados al personal temporal que ya causó baja. Hay notificadores y pagadores de campo que son personal operativo que se encarga de simular la entrega de plásticos o cheques alterando y falsificando los acuses de recibo y las actas de entrega-recepción.
Hay a su vez operadores externos y cómplices —falsificadores y prestanombres— que se encargan de realizar los retiros en cajeros automáticos (tienen los NIPs) o de endosar cheques falsificando firmas, aunque también descubrió la ASF la existencia de gestores de cuentas concentradoras, pues se realizan transferencias electrónicas en masa desde las cuentas de nómina “fantasmas” hacia cuentas puente o de empresas factureras o prestadores de servicios.
Y por último está el “visto bueno” de aquellos que manejan las auditorías internas y supervisores de campo —los jefes inmediatos—, que firman los falsos reportes de actividades, bitácoras o listas de asistencia que justifican que el “trabajador” sigue laborando y devengando el sueldo. Los auditores de enlace del INE o de Control Interno Local omiten realizar las verificaciones aleatorias directas o la revisión de las actas de destrucción de plásticos no reclamados que exige el protocolo financiero del instituto. Por eso se habla de “aviadores”, pero aún la ASF no los ha podido contabilizar. Lógico.
Las corruptelas al descubierto alrededor de Guadalupe Taddei son una pequeña gripa. El INE requiere cirugía mayor.
EN FIN, por hoy es todo, mañana le seguimos si Dios quiere.
Armando Vásquez Alegría es periodista con más de 35 años de experiencia en medios escritos y de internet, cuenta licenciatura en Administración de Empresas, Maestría en Competitividad Organizacional y Doctorando en Administración Pública. Es director de Editorial J. Castillo, S.A. de C.V. y de “CEO”, Consultoría Especializada en Organizaciones.
Correo electrónico: archivoconfidencial@hotmail.com