Columna Olor A Dinero
Feliciano J. Espriella
Entre el alivio social y el laberinto fiscal
Viernes 11 de septiembre de 2026
El Paquete Económico 2027 preserva programas sociales, amplía facilidades para pequeños contribuyentes y mantiene la inversión física. Pero detrás del alivio aparecen una mayor presión recaudatoria, gasto rígido, deuda creciente y un margen fiscal cada vez más estrecho.
El Paquete Económico 2027 tiene una virtud que debe reconocerse de entrada: no recurre a la salida fácil de aumentar las tasas generales del IVA o del ISR.
Pero eso no significa que todo siga igual.
Hacienda propone recaudar más, gastar más y, al mismo tiempo, contener el déficit. Una ecuación complicada que obliga a mirar no solamente cuánto dinero entra y sale, sino de dónde saldrá y quién terminará pagando la factura.
Por el lado social, las prioridades están claras.
Los programas para el Bienestar recibirán más de un billón de pesos. Solamente la Pensión para Adultos Mayores contará con 543.5 mil millones. Es dinero que llega directamente a millones de hogares y que, además de su función social, termina alimentando el consumo interno.
Para pequeños negocios y trabajadores independientes también hay una buena noticia.
El Régimen Simplificado de Confianza amplía sus límites: de 35 a 50 millones de pesos anuales para personas morales y de 3.5 a 5 millones para personas físicas.
Más contribuyentes podrán permanecer en un esquema sencillo en lugar de brincar al laberinto administrativo del régimen general.
Hasta ahí, música para los oídos.
El problema aparece después.
Para las empresas con ingresos superiores a 50 millones de pesos se propone un nuevo control sobre las deducciones. Cuando éstas rebasen 96.67% de los ingresos acumulables, ese porcentaje se convierte en el límite aplicable durante el ejercicio.
Traducido al castellano: para determinadas empresas puede funcionar temporalmente como una especie de impuesto mínimo cercano al 1% de las ventas.
Y como estas cosas fiscales suelen sonar a chino, vayamos a un ejemplo sencillo.
Una comercializadora que vende 1,000 millones de pesos y tiene gastos deducibles por 980 millones obtiene, en principio, una utilidad gravable de 20 millones. Con una tasa de ISR de 30%, pagaría 6 millones de pesos.
Con la nueva regla, sus deducciones quedarían limitadas inicialmente a 966.7 millones. Su utilidad fiscal subiría entonces a 33.3 millones y el ISR rondaría los 10 millones de pesos.
Es decir, pagaría alrededor de cuatro millones adicionales en ese ejercicio, aunque parte de las deducciones limitadas pueda aprovecharse posteriormente.
Ahora sí se entiende el problema.
Hacienda tiene argumentos para establecer el mecanismo. Una cantidad sorprendentemente alta de empresas declara ingresos, pero termina pagando poco o ningún ISR. El gobierno quiere cerrar espacios a factureras, simulaciones y deducciones artificialmente infladas.
Hasta ahí, difícilmente alguien podría protestar.
El riesgo está en meter en el mismo costal a evasores y empresas legítimas de márgenes muy reducidos.
Una distribuidora, comercializadora, gasolinera o constructora puede manejar cientos de millones de pesos en ventas y obtener utilidades porcentualmente pequeñas. Limitar temporalmente sus deducciones podría obligarla a adelantar ISR sobre una utilidad fiscal mayor a la efectivamente obtenida.
Y aquí comienza el verdadero laberinto.
El gasto público proyectado ronda los 10.5 billones de pesos y una enorme proporción está comprometida de antemano en pensiones, programas sociales, participaciones y costo financiero.
Mover esas partidas es política, jurídica y socialmente complicado.
Y hay una cifra que retrata perfectamente esa rigidez: solamente el costo financiero de la deuda rondará 1.57 billones de pesos en 2027, alrededor del 4% del PIB.
Para dimensionarlo mejor: México destinará aproximadamente medio billón de pesos más a intereses y otros costos de la deuda que a inversión física.
La inversión merece, sin embargo, una precisión importante: la inversión física no cae. Por el contrario, crecería 3.5% real y alcanzaría alrededor de 1.03 billones de pesos, equivalente al 2.6% del PIB.
Lo que disminuye 12.3% es el gasto total de inversión, principalmente por el desplome de la inversión financiera asociada a la nueva estrategia de apoyo a Pemex.
El problema aparece hacia adelante. Hacienda proyecta que la inversión física baje hasta 1.8% del PIB en 2028 y 1.5% en 2032.
Ahí sí deberían encenderse las luces amarillas.
El déficit amplio se ubicará en 3.9% del PIB, apenas dos décimas por debajo del estimado para 2026, mientras la deuda pública alcanzará aproximadamente 55% del PIB.
No estamos frente a una crisis fiscal, pero tampoco ante unas finanzas públicas holgadas.
El Paquete Económico 2027 busca mantener el bienestar sin imponer una reforma fiscal abierta. Para lograrlo, apuesta por recaudar mejor, fiscalizar más y cerrar agujeros.
La intención es defendible.
El reto será evitar que, en la persecución de quienes evaden, terminen pagando también quienes producen, invierten y cumplen.
Porque entre el alivio social y la disciplina fiscal existe una frontera muy delgada.
Y cruzarla mal puede salir bastante caro.
Por hoy fue todo. Gracias por su tolerancia y hasta la próxima.