Columna Olor A Dinero
Feliciano J. Espriella
51 mil millones de indignación
Martes 8 de septiembre de 2026
Las elecciones de 2027 costarán alrededor de 51 mil millones de pesos entre INE, Tribunal Electoral y financiamiento partidista. El problema no es solamente cuánto cuesta nuestra democracia, sino que el gasto crece mientras algunos controles para garantizar la certeza del voto se debilitan.
Hoy llegará a la Cámara de Diputados el presupuesto para las elecciones del próximo año.
La cifra debería provocar algo más que sorpresa: 51 mil millones de pesos.
Para el ciudadano que vive al día, estira la quincena y hace malabares para pagar comida, luz, gasolina o medicinas, semejante cantidad resulta difícil siquiera de dimensionar.
Pero eso es lo que costaría el megaproceso electoral de 2027, en el que estarán en disputa alrededor de 21 mil cargos de representación popular.
Será la elección más cara de nuestra historia.
Y conviene desmenuzar el monstruo.
De los aproximadamente 51 mil millones solicitados por los órganos electorales federales, alrededor de 47 mil millones corresponden al apartado del Instituto Nacional Electoral y unos 4 mil millones al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Dentro del paquete del INE aparecen 10 mil 842 millones de pesos para partidos políticos y candidaturas independientes.
Sí: más de diez mil millones para financiar a quienes competirán por nuestro voto.
Y todavía hay otra joya.
El INE aprobó una bolsa precautoria de 4 mil 736 millones de pesos para una eventual consulta popular o un proceso de revocación de mandato.
Casi cinco mil millones apartados para algo que ni siquiera sabemos si ocurrirá.
La explicación institucional es conocida: organizar elecciones en un país de más de 100 millones de electores cuesta mucho dinero.
Es cierto.
Lo discutible es asumir que todo incremento presupuestal está automáticamente justificado porque lleva pegada la etiqueta de “democracia”.
Porque gastar más tendría que significar, cuando menos, más certeza, mejores controles y mayor confianza.
Y ahí comienzan las contradicciones.
El propio consejero electoral Martín Faz ha cuestionado decisiones recientes de la mayoría del Consejo General del INE.
Una de ellas eliminó la obligación de realizar el cruce de información que permitía verificar que quienes solicitaran participar como observadores electorales no fueran servidores públicos incompatibles con esa función.
Otra controversia surgió con las llamadas “boletas planchadas”, aquellas que aparecen completamente lisas, sin los dobleces normales de una papeleta depositada por un ciudadano en la urna.
Durante la elección judicial llegaron a detectarse cientos de casos.
La propuesta más estricta pretendía reservar esas boletas para su revisión. La mayoría decidió dejar a los consejos distritales la valoración caso por caso.
Podemos discutir si esas modificaciones son correctas o equivocadas.
Lo difícil de explicar es otra cosa: ¿cómo justificamos elecciones cada vez más caras mientras relajamos mecanismos diseñados precisamente para fortalecer la certeza?
El contraste se vuelve todavía más incómodo cuando miramos hacia los estados.
El Instituto Electoral de Colima solicitó para 2027 un presupuesto de 192.9 millones de pesos, unos 4.2 millones menos que lo pedido para las elecciones de 2024.
Y no porque vaya a trabajar menos.
El próximo año deberá organizar simultáneamente la elección de gubernatura, diputaciones locales y los diez ayuntamientos del estado.
Es decir: mayor complejidad electoral con menos dinero.
No pretendo comparar mecánicamente un instituto estatal pequeño con el INE. Sería absurdo.
Pero el ejemplo demuestra algo elemental: la complejidad no necesariamente obliga a que el presupuesto crezca sin cesar.
También existen la modernización, la eliminación de duplicidades, la eficiencia administrativa y la austeridad.
La democracia cuesta.
Nadie sensato pretende elecciones baratas a costa de elecciones confiables.
Pero entre una democracia austera y una democracia raquítica existe un enorme espacio para revisar burocracias, prerrogativas, estructuras duplicadas y fórmulas de financiamiento partidista que parecen diseñadas para crecer eternamente.
Porque 51 mil millones de pesos no son una abstracción presupuestal.
Son recursos públicos.
Nuestros recursos.
Y si vamos a pagar las elecciones más caras de la historia, lo mínimo que podemos exigir es que sean también las más confiables, eficientes y transparentes de la historia.
Por hoy fue todo. Gracias por su tolerancia y hasta la próxima.