Columna Olor A Dinero
Feliciano J. Espriella
Privilegios para mandar, privilegios para golpear (versión editada)
Jueves 2 de julio de 2026
México despertó esta semana con imágenes profundamente perturbadoras.
Un video difundido en redes sociales por María Felicia Jiménez muestra al exdirector general de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez Padilla, agrediéndola físicamente dentro de su propio domicilio. Las imágenes son brutalmente explícitas: se le observa sometiéndola sobre un sillón, sujetándola del cuello, jalándola del cabello y golpeándola mientras un menor de edad aparece aterrado en escena.
No hablamos de rumores. No hablamos de versiones encontradas. Existe un video. Existe una denuncia pública. Existe una víctima identificada.
Y en apenas horas, existió también una respuesta institucional: la Fiscalía de Morelos abrió carpeta de investigación, la Secretaría de las Mujeres ofreció acompañamiento, y la propia presidenta Claudia Sheinbaum exigió públicamente “todo el peso de la ley”. Rodríguez Padilla renunció a su cargo en el INEEL.
Es tentador leer esa rapidez como prueba de que el sistema, esta vez, sí funcionó. Pero conviene hacer una pregunta incómoda: ¿habría ocurrido algo de esto sin el video?
Ahí está el verdadero problema, y es más preciso que la tesis original de esta columna. No es que exista una maquinaria activa protegiendo hoy a Rodríguez Padilla —la evidencia disponible apunta más bien a lo contrario—. El problema es que la justicia mexicana parece necesitar viralización para activarse. Según el propio testimonio de María Felicia Jiménez, los episodios de violencia comenzaron desde 2022; ella asegura haber intentado alertar a las autoridades antes de hacer público el video, sin obtener respuesta. Si eso es cierto —y hasta ahora es su versión, no un hecho verificado de forma independiente—, entonces el patrón no es “protección activa al agresor”, sino algo quizás más perturbador: indiferencia institucional por defecto, que solo se corrige cuando un caso se vuelve mediáticamente incosteable de ignorar.
Esa distinción importa. Convertir este caso en la prueba de una “persistente red de protección política durante décadas” es una generalización que los hechos recientes no sostienen del todo: aquí no hubo blindaje, hubo reacción tardía y reactiva. Lo que sí revela el caso —y esto es lo verdaderamente grave— es que el umbral para que una denuncia de violencia familiar sea tomada en serio parece ser la exposición pública, no el mérito de la denuncia misma.
Según datos del INEGI, siete de cada diez mujeres en México han sufrido algún tipo de agresión a lo largo de su vida. Durante los primeros meses de este año se registraron más de 230 mil llamadas de emergencia relacionadas con violencia familiar. La inmensa mayoría de esos casos nunca tendrá un video de cinco minutos circulando en redes, ni un esposo que dirigió Pemex, ni una presidenta pronunciándose en cuestión de horas. Esos son los casos que deberían preocuparnos más, no menos, porque carecen precisamente del ingrediente que aquí produjo una respuesta rápida.
Este caso representa además una contradicción real para un gobierno que ha construido buena parte de su narrativa pública alrededor del discurso feminista. No porque haya protegido al agresor —parece no haberlo hecho—, sino porque expone que la maquinaria institucional diseñada para atender la violencia contra las mujeres depende, en la práctica, de que el escándalo llegue primero a las redes sociales que a las instituciones.
Gobernar proclamando igualdad resulta sencillo. Lo verdaderamente difícil es demostrar que una mujer sin cámara de seguridad, sin YouTube y sin un esposo con cargo federal recibe la misma velocidad de respuesta que María Felicia Jiménez.
Cuando una mujer denuncia violencia y el sistema tarda en moverse hasta que hay millones de reproducciones de por medio, lo que queda expuesto no es solo un matrimonio roto. Es la brecha entre la justicia que responde a la evidencia y la justicia que responde a la presión pública. Y mientras esa brecha siga existiendo, los discursos institucionales sobre igualdad y combate a la violencia seguirán dependiendo, en la práctica, de quién tiene una cámara y quién no.
Por hoy es todo. Gracias por su tolerancia y hasta la próxima.
El abucheo que todos deseaban y no llegó