Columna Archivo Confidencial
Armando Vásquez Alegría
Hermosillo: El castigo del Censo 2000
Miércoles 29 de abril de 2026
ANTES DEL 2020, LAS PROYECCIONES del Consejo Nacional de Población (CONAPO) estimaban que Hermosillo ya habría superado con holgura el millón de habitantes. Sin embargo, el Censo de ese año del INEGI “aterrizó” la cifra en 936 mil, lo que generó en su momento la percepción de que la ciudad era “más pequeña” de lo que se creía en el imaginario colectivo.
Oficialmente, al día de hoy se contabilizan 958 mil habitantes, aunque el pulso de la calle y las estimaciones extraoficiales indican que sobrepasamos el millón 200 mil. Sin embargo, sobre la cifra oficial —o peor aún, sobre una obsoleta— es bajo la cual se planifica, construye y presupuesta el manejo del municipio.
El detalle técnico, que raya en el absurdo administrativo, es que lo que le corresponde a Hermosillo del presupuesto que la Federación envía a los estados se sustenta todavía en el censo del año 2000. En aquel entonces, la población apenas superaba los 600 mil pobladores. El desfase es de más del 35 por ciento; hablamos de 350 mil personas “invisibles” para la Secretaría de Hacienda estatal, pero plenamente visibles cuando abren la llave del agua, demandan patrullaje en sus colonias o requieren que el pavimento resista el tráfico de una metrópoli moderna.
Esta distorsión es conocida por el Gobernador, quien tasa la repartición del presupuesto basándose en el censo de hace 26 años bajo el argumento de “que alcance la cobija para todos los municipios”. Es una postura que se comprende desde la óptica del equilibrio político con los 71 municipios restantes, pero que no se justifica bajo ninguna lógica de eficiencia urbana.
Para dimensionar esta dicotomía: el Padrón Electoral actual, con 703,450 ciudadanos con credencial en mano, ya superó por mucho a la población total que el Estado reconoce en su fórmula de reparto (609,829 habitantes). ¿Cómo explica la autoridad estatal que a los organismos electorales se les incremente el ingreso reconociendo el crecimiento del padrón, mientras al municipio se le niega el recurso por la población que esos mismos votantes representan?
Esta asfixia económica explica el simbolismo detrás de obras que para el centralismo capitalino podrían parecer menores. Hace poco, me tocó observar un noticiero en el que periodistas de la Ciudad de México se mofaban de la inauguración del paso a desnivel en la prolongación del Boulevard Colosio. Con un tono de superioridad chilanga, calificaron de “rancheros” o “pueblerinos” a los hermosillenses que se acercaron en multitud al evento, argumentando que allá en la CDMX “les sobran” puentes de ese tipo.
Lo que esos analistas de escritorio no alcanzan a entender, desde la comodidad de sus ciudades sobre-subsidiadas, es que en Hermosillo cada metro de concreto es una victoria contra el bloqueo. Lo que se celebraba en la Colosio no era simplemente una estructura de ingeniería; era el hecho de que se construyó con recursos propios.
Era la celebración de una ciudad que ha aprendido a sobrevivir y a prosperar a pesar de que el Estado ha intentado asfixiarla económicamente como tendencia sistemática. Para el hermosillense, ese paso a desnivel es un monumento a la autonomía: un recordatorio de que, si el Estado no da lo que por ley corresponde, la capital tiene el carácter para generarlo por sí misma.
Al aplicarse el censo del año dos mil, Hermosillo deja de recibir aproximadamente mil millones de pesos anuales. Si ese recurso llegara conforme a la población real del 2020, los indicadores de deuda que hoy usa el Estado como látigo político se disolverían en una eficiencia financiera incuestionable.
Por eso, cuando Hacienda Estatal menciona a Hermosillo como la ciudad más endeudada, remachando una acusación indirecta de irresponsabilidad, el alcalde Antonio Astiazarán reacciona con un enfado legítimo. El “Toño” ha enfatizado con datos en la mano que desde 2021 no ha habido incremento de deuda; al contrario, las negociaciones llevaron a la reducción de pagos hasta en cien millones de pesos.
Es una gestión que contrasta drásticamente con la de su predecesora, Célida López, quien pagaba el doble de intereses por una deuda que nunca disminuía debido a que el abono a capital era mínimo. A la administración anterior le faltó pericia técnica para negociar y cumplir los compromisos exigidos por los acreedores, una habilidad que hoy mantiene a la capital a flote a pesar del cerco financiero estatal.
Jurídicamente, el uso del Censo 2000 como base de presupuestación constituye una violación flagrante a la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (LSNIEG). El artículo 26 de nuestra Constitución y los artículos 6 y 59 de la citada Ley, establecen que la información producida por el INEGI tiene carácter de oficial y de uso obligatorio para la Federación, los Estados y los Municipios. No es una opción, es un mandato.
Al ignorar los resultados del Censo 2020 —la “Información de Interés Nacional” vigente—, la autoridad estatal incurre en un ejercicio de discrecionalidad que vulnera el principio de proporcionalidad y equidad tributaria. Esta omisión no es solo una estrategia de reparto, es un desacato normativo que priva a los ciudadanos de Hermosillo de su derecho a una distribución de recursos acorde a su realidad demográfica.
La ley para corregir esto ya se ha redactado, se ha propuesto y se ha discutido en foros académicos y legislativos. Sin embargo, permanece en la “congeladora” porque implica que el Gobierno del Estado pierda “la llave” del dinero y la transfiera directamente a los municipios por derecho poblacional. Mientras no haya un contrapeso político real en el Congreso local, Sonora seguirá siendo rehén de decretos viejos. La solución no es el pleito mediático, sino la voluntad legislativa de crear una Ley de Coordinación Fiscal Estatal moderna.
No se puede gobernar una metrópoli del 2026 con una calculadora programada en el año 2000. Castigar a Hermosillo por su crecimiento no es “repartir la cobija”, es asfixiar al motor económico de la entidad para mantener un control político que ya no cuadra con la realidad social ni en un futuro cercano con las urnas.
De hecho y a sabiendas de que perjudicaban a los hermosillenses, el presupuesto de 2026 resultó ser un clon del 2025: la misma ceguera y la misma estrategia de mantener al municipio en una dieta financiera forzada para luego criticar su supuesta “falta de musculatura”.
Aun con el viento en contra y la saña presupuestal, los datos son contundentes: el INEGI coloca a Hermosillo en el ranking de las ciudades más seguras del país y, en su último estudio, El Economista situó a Antonio Astiazarán como uno de los cinco mejores alcaldes de México.
El mensaje para los periodistas del centro y para los estrategas de palacio es claro: Hermosillo ha dejado de ser ese “pueblo” que se rige por caprichos centralistas. Es una capital que exige lo que es suyo y que ha demostrado que, incluso con la chequera del pasado, sabe construir el futuro.
EN FIN, por hoy es todo, mañana le seguimos si Dios quiere.
Armando Vásquez Alegría es periodista con más de 35 años de experiencia en medios escritos y de internet, cuenta licenciatura en Administración de Empresas, Maestría en Competitividad Organizacional y Doctorando en Administración Pública. Es director de Editorial J. Castillo, S.A. de C.V. y de “CEO”, Consultoría Especializada en Organizaciones.
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