La mayoría de las delegaciones internacionales abandonaron la sala, mientras en Nueva York se realiza una protesta en contra del político israelí
Tomado de El Imparcial
Redacción EFE y AFP
Jueves 24 de septiembre de 2026
La intervención del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ante la Asamblea General de la ONU volvió a estar marcada este año por la salida de numerosos representantes de las delegaciones internacionales de la sala cuando el mandatario tomó la palabra, a quien además abuchearon.
El gesto de los delegados dejó amplias zonas de la sala vacías durante uno de los discursos más esperados de la Semana de Alto Nivel de la Asamblea.
“Si hay más cobardes morales que se quieran ir de la sala, que lo hagan ahora”, dijo el propio Netanyahu antes de comenzar su discurso.
Mientras, entre los asistentes en los palcos se podían ver simpatizantes con kipás y pines con la bandera de Israel en las solapas, mientras algunos se hacían selfis y aplaudían de pie.
Entre quienes lo apoyaban, algunos corearon consignas de respaldo a Netanyahu, entre ellas una que decía “Bibi, eres la luz de esta habitación”, mientras otros se levantaron para aplaudir al primer ministro israelí.
La protesta diplomática coincidió con una movilización convocada en distintos puntos de Nueva York, al igual que otros años, contra la presencia del líder israelí en la ciudad con motivo de la Asamblea General.
El primer ministro israelí ofreció su discurso unas horas después de que lo hizo el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abás, pero en su caso por videoconferencia, después de que el gobierno de Donald Trump le denegara, de nuevo, los visados para entrar al país.
Al margen de la protesta, la presencia de Netanyahu este año ha estado marcada por el llamamiento del alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, a ejecutar la orden de arresto emitida contra el primer ministro por la Corte Penal Internacional (CPI), que lo acusa de presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con la ofensiva israelí en Gaza.
Mamdani aseguró haber estudiado las vías legales disponibles para determinar si la ciudad podía ejecutar la orden, pero señaló que las competencias para hacerlo dependen de las autoridades federales, controladas por la administración de Donald Trump.