El g decreto de expropiación en favor del INVI se publicó para que lo entregue a las familias desalojadas hace más de un año.
Tomado de Proceso
Ximena Arochi
Jueves 17 de septiembre de 2026
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A más de un año del desalojo de 19 familias del edificio ubicado en el número 11 de la calle República de Cuba, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, decretó la expropiación del inmueble a favor del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI), que deberá tomar posesión física y administrativa inmediata para destinarlo a un programa de vivienda de interés social y popular.
El decreto fue publicado este 17 de septiembre en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y entró en vigor el mismo día. Con ello, el Gobierno capitalino concretó la medida que había ofrecido desde septiembre de 2025 para intervenir en el conflicto por la propiedad del edificio y permitir el retorno de las familias expulsadas.
La resolución destina el inmueble a un programa de vivienda de interés social en beneficio de sus “actuales ocupantes” y, conforme a la disponibilidad, de otras personas beneficiarias de programas de vivienda social y popular.
La resolución, sin embargo, no establece cuándo podrán regresar los afectados ni fija un plazo para desarrollar el proyecto habitacional. Lo que sí ordena es que el INVI asuma de inmediato el control del predio, de 635.72 metros cuadrados.
¿De cuánto será la indemnización al dueño del edificio?
El artículo tercero dispone que el Gobierno local pagará la indemnización a “la persona propietaria que resulte afectada”, previa acreditación de su interés jurídico ante la Consejería Jurídica y de Servicios Legales. El monto será determinado con base en un avalúo de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).
Dicho punto se inserta en una disputa que comenzó precisamente por la propiedad del edificio. Tras el desalojo del inmueble, el 27 de agosto de 2025, los habitantes denunciaron que fueron expulsados con base en documentos irregulares, mientras el propio secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, reconoció el 22 de septiembre de ese año graves inconsistencias en los títulos exhibidos por quienes se ostentaron como propietarios.
Ese día, el funcionario anunció que la administración capitalina iniciaría una expropiación o compra forzosa para permitir el regreso de las familias. El procedimiento, sin embargo, no comenzó a formalizarse sino hasta nueve meses después: el 29 de junio de 2026, el Comité del Patrimonio Inmobiliario declaró procedente iniciar los trámites de expropiación de Cuba 11, de acuerdo con la información publicada en la Gaceta Oficial.
A partir de ahí, el proceso avanzó en cuestión de semanas. El 10 de julio, la Secretaría de Gobierno (Secgob) determinó que existía causa de utilidad pública para destinar el inmueble a vivienda de interés social y, ese mismo día, el INVI solicitó a la Consejería Jurídica la elaboración del decreto expropiatorio.
La Consejería abrió entonces el expediente XP/13/2026 y ordenó publicar la declaratoria de utilidad pública.
Las publicaciones abrieron la etapa para que quienes consideraran tener derechos sobre el inmueble pudieran oponerse y presentar pruebas. Ese periodo transcurrió del 3 al 21 de agosto.
Una vez concluida esa fase, la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos confirmó la declaratoria de utilidad pública el 14 de septiembre. Brugada firmó el decreto al día siguiente y la expropiación fue publicada este 17 de septiembre.
Un año fuera de Cuba 11
La publicación del decreto ocurrió tres semanas después de que las 19 familias cumplieron un año fuera del inmueble y volvieron al Eje Central Lázaro Cárdenas para exigir que el Gobierno capitalino concretara la expropiación anunciada desde septiembre de 2025.
El 27 de agosto último, en el primer aniversario del desalojo, los vecinos bloquearon la vialidad y encendieron durante unos 20 minutos una fogata con huacales y cajas de cartón, como parte de una protesta que evocó la movilización que realizaron un año antes, cuando, tras ser expulsados de sus viviendas, cerraron el mismo eje vial y quemaron parte de sus muebles para exigir la intervención de las autoridades.
“Hoy no hay nada que celebrar. No olvidamos esta fecha, menos aquel día. Hoy estamos aquí en lucha, tratando de regresar. Nos sentimos abandonados, pero siempre hemos tenido la esperanza”, declaró Manuel, uno de los adultos mayores desalojados.
Desde el desalojo, la banqueta frente a República de Cuba 11 se convirtió en una extensión del conflicto: ahí permanecen casas de campaña, lonas, muebles, colchones y electrodomésticos que fueron sacados del edificio. Los vecinos instalaron una cocina comunitaria y organizaron guardias para mantener presencia frente al predio.
Mientras, el Gobierno de la Ciudad de México les entrega cuatro mil pesos mensuales como apoyo para renta; algunas se hospedan en hoteles de la zona y parte de sus pertenencias continúa almacenada en bodegas.
“Es muy difícil no tener donde vivir ya en mi vejez y que, en consecuencia, hayan cambiado mis hábitos y modos de vida en general”, dijo uno de los afectados durante la protesta por el aniversario.
El origen de la disputa se remonta al 27 de agosto de 2025, cuando una persona se presentó como nueva propietaria de Cuba 11 y, con intervención policial, fueron desalojadas las 19 familias junto con los ocupantes de dos locales comerciales. Entre ellos se encontraba un taller de reparación de máquinas de escribir que funcionaba en el inmueble desde 1988.
Cuba 11 en medio de la ofensiva contra el despojo
El caso llegó a la expropiación poco más de un mes después de que Clara Brugada presentó, el 5 de agosto, una estrategia de seguridad y justicia contra el despojo junto con la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, y el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho.
En esa presentación, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) fijó como metas restituir o asegurar inmuebles denunciados en un plazo de 15 días y llevar las investigaciones ante un juez en 30.
El Gobierno capitalino informó también que, durante los primeros 13 meses de operación del Gabinete Contra el Despojo, fueron revisados mil 32 asuntos: 388 clasificados como posibles despojos y 644 como conflictos civiles u otro tipo de casos.
Dos días antes del aniversario del desalojo de Cuba 11, Alcalde Luján reportó que entre el 5 y el 23 de agosto fueron judicializadas 21 investigaciones, asegurados 38 inmuebles, restituidos 10 y alcanzados 27 acuerdos reparatorios.
También reconoció ocho expedientes internos contra 14 servidores públicos por posibles irregularidades en la atención de casos de despojo, sin que hasta entonces alguno hubiera sido suspendido.