El ex presidente de la SCJN explicó que el fuero impide procesar penalmente a servidores públicos sin autorización previa de la Cámara de Diputados
Tomado de Infobae
Fernanda López Castro
Sábado 2 de mayo de 2026
Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia de México, aclaró si Rubén Rocha Moya aún cuenta con inmunidad procesal, tras solicitar licencia temporal como gobernador de Sinaloa dos días después de que autoridades de Estados Unidos lo acusaron de delitos relacionados con narcotráfico y armas.
En su cuenta de X, el también exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación indicó que “es incorrecto” lo que se ha difundido sobre “que un gobernador y un presidente municipal con licencia siguen teniendo fuero”.
Explicó que la inmudidad procesal, conocida como fuero, se trata de una medida para garantizar que servidores públicos no sean procesados penalmente sin que la Cámara de Diputados emita una declaratoria de procedencia para que esto sea posible.
“La inmunidad procesal, mal llamada “fuero”, es una garantía de cierta categoría de servidores públicos para evitar que sean procesados penalmente sin que la Cámara de Diputados emita una declaratoria de procedencia que levante la inmunidad procesal en los términos del artículo 111 de la Constitución”, escribió en al red social.
En este sentido, indicó que el “fuero” protege a la función no a la persona, es decir, la medida pierde validez cuando el servidor público en cuestión pide licencia para separarse del cargo.
Por ello, Rocha Moya sí podría ser detenido ya que actulamente ya no ejerce su función de gobernador, luego de que esta mañana el Congreso de Sinaloa aprobó su solicitud de licencia temporal y nombró a Yeraldín Bonilla, como gobernadora interina.
“Quien obtiene una licencia ya no ejerce la función, por tanto, puede ser detenida como cualquier persona, pues ya no goza de la inmunidad procesal. Hay precedentes del Poder Judicial Federal en este sentido”, conclutó Zaldívar.
¿DE QUÉ SE LE ACUSA A ROCHA MOYA?
El miércoles pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Rocha Moya y a nueve funcionarios de Sinloa más de conspirar para importar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a Estados Unidos, proteger a líderes del cártel y facilitar la violencia y represalias, incluyendo asesinatos.
Asimismo, fueron señalados de dar información confidencial y de proteger cargamentos de droga, por lo que incliuso se les vincula con la facción de “Los Chapitos” y, a cambio de su colaboración, habrían recibido miles de dólares.
¿QUÉ RESPONDIÓ SHEINBAUM?
Tras las acusaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que si la Fiscalía General de la República recibe pruebas contundentes de Estados Unidos contra Rocha Moya y los otros nueve funcionarios, serán investigados y procesados en México.
En su conferencai mañanera del jueves 30 de abril, sostuvo que su gobierno no encubrirá a nadie, pero adviertió que, si no existen pruebas claras, las acusaciones tendrían un trasfondo político.
Reiteró la defensa de la soberanía nacional y rechazó cualquier injerencia extranjera en asuntos internos, subrayando que solo las autoridades mexicanas pueden decidir sobre la situación jurídica de los señalados.
La mandataria confirmó que el 28 de abril la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición para diez ciudadanos mexicanos, turnando la documentación a la FGR para su análisis conforme a la ley.
Sheinbaum criticó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hiciera públicos los cargos, dado que estos procesos son confidenciales según los tratados internacionales.
Indicó que la FGR revisará los documentos y determinará si existen elementos suficientes para proceder legalmente.