Columna Archivo Confidencial
Armando Vásquez Alegría
¿Viene la caseta de cobro a Kino?
Miércoles 18 de noviembre de 2026
EN LA POLÍTICA, como en la economía doméstica, no existen los almuerzos gratis. Apenas el pasado 9 de noviembre el gobernador Alfonso Durazo entregó la primera etapa de la modernización a cuatro carriles de la carretera Hermosillo–Bahía de Kino —28.5 kilómetros hasta el entronque con la calle Cero Sur con una inversión ejercida de 500 millones de pesos—, obra ejecutada en casi nueve meses mediante frentes simultáneos a cargo de constructoras sonorenses licitadas por la SIDUR. Y hace unas horas se confirmó que el Paquete Económico 2027 incluye la solicitud de un crédito a largo plazo por otros 500 millones de pesos para avanzar 22.5 kilómetros adicionales hasta el Poblado Miguel Alemán.
Si tomamos como referencia el ritmo real demostrado en el primer tramo —un promedio de 3.2 kilómetros por mes desde el arranque en febrero pasado— y asumiendo que el Congreso apruebe el crédito para licitar a inicios de año, el segundo tramo de 22.5 kilómetros tardaría alrededor de siete meses en construirse, lo que ubicaría su entrega entre agosto y septiembre de 2027, justo en el límite de la entrega-recepción del cambio de gobierno estatal.
Con esa bolsa acumulada de mil millones de pesos —sin contar el proyecto anunciado para ampliar a seis carriles los primeros diez kilómetros de la salida poniente—, la administración actual alcanzará a cubrir apenas 51 kilómetros: exactamente la mitad del recorrido. ¿Y los otros 49 kilómetros restantes entre Miguel Alemán y Bahía de Kino? Hoy no tienen presupuesto asignado, fecha de ejecución ni fuente de pago definida, quedando heredados por completo al próximo sexenio.
Ahí es donde se encienden las alertas rojas pues a un costo promedio cercano a los 20 millones de pesos por kilómetro, terminar la rúa hasta la costa requerirá otros mil millones de pesos adicionales que las finanzas estatales difícilmente tendrán libres tras el relevo gubernamental. Y en los escritorios públicos, cuando se agota el margen de endeudamiento, utilizan el esquema de concesión o Asociación Público-Privada con caseta de cobro, bajo el pretexto de que el tramo agrícola a Miguel Alemán es social, pero los últimos 49 kilómetros hacia la playa son turísticos y deben autofinanciarse.
Es importante precisar que la Carretera 100 es de estricta jurisdicción estatal, no municipal. Aunque atraviesa el territorio de Hermosillo, su mantenimiento, endeudamiento y eventual concesión recaen exclusivamente en el Ejecutivo estatal y el Congreso de Sonora, dejando al Ayuntamiento capitalino sin facultades legales para frenar un cobro por peaje en ese corredor.
En este tablero, el punto quirúrgico más factible para colocar una caseta de cobro sería precisamente el kilómetro 51, justo rebasando el Poblado Miguel Alemán. Desde la óptica gubernamental, ubicarla ahí funcionaría como una válvula de segmentación política al dejar libre de peaje el traslado cotidiano de jornaleros, estudiantes de agronomía de la Unison y transporte agroindustrial de la Costa de Hermosillo, aislando el cobro exclusivamente para quienes avanzan hacia Bahía de Kino.
Sin embargo, las cuentas no salen. Aunque de Hermosillo a Miguel Alemán circulan más de once mil vehículos diarios, casi siete de cada diez se quedan ahí; más allá del kilómetro 51, de lunes a jueves la carretera va prácticamente sola y los llenos se concentran únicamente en fines de semana y unos veinte días pico al año, como Semana Santa. Al promediar los días vacíos con los días llenos a lo largo del año, el flujo real ronda apenas los 3,500 carros diarios (unos 1,750 de ida y 1,750 de regreso). Como una obra de mil millones de pesos no se paga con veinte días buenos al año ni con pocos tráileres, un inversionista privado se vería obligado a compensar el bajo tráfico cobrando carísimo cada pase: unos 150 pesos de ida y 150 de vuelta, es decir, alrededor de 300 pesos en viaje redondo para un automóvil familiar.
Analizado bajo nuestra metodología Valor RS (Resistencia Social), imponer una aduana de 300 pesos ida y vuelta a mitad del camino activaría una bomba de tiempo en la capital. En primer lugar, detonaría una crisis de derecho adquirido entre las familias hermosillenses que históricamente tienen en Bahía de Kino su escape natural de fin de semana, duplicándoles el gasto de gasolina y golpeando de paso a los prestadores de servicios turísticos de Kino Viejo y Kino Nuevo quienes no estarían de acuerdo toda vez que su competencia se encuentra a 135 kilómetros, en San Carlos, a cuatro carriles y libre de peaje.
En segundo término, activaría un factor de inercia y escalabilidad altamente inflamable. En una ciudad que ya resiente tarifas de 114 pesos en la caseta de la salida norte y donde persiste la memoria de los movimientos anti peaje, toparse con una caseta de 300 pesos viaje redondo para ir a una playa dentro de su propio municipio llevaría la indignación de las redes sociales a la toma física de plumas en menos de 48 horas, además de obligar al Estado a subsidiar el déficit de aforo si los turistas dejan de viajar.
La modernización a cuatro carriles es una obra necesaria y bienvenida, pero su financiamiento no debe dejar cabos sueltos para el próximo sexenio. Si el Gobierno del Estado y el Congreso de Sonora buscan evitar una fractura social en el poniente de la capital, harían bien en blindar desde el decreto del Paquete Económico 2027 el carácter libre de peaje de toda la Carretera 100, dejando por escrito que los 49 kilómetros pendientes hasta Bahía de Kino se concluirán con presupuesto público y nunca mediante concesión privada. Porque en Sonora, cuando el río de las concesiones suena, es porque casetas lleva.
Y sí, con su buena dosis de jiribilla, la omisión no es casualidad; si no se blinda por escrito y de manera pública que la rúa estará libre de peaje, la duda persiste y el fantasma de la concesión sigue vivo. Lo que hoy no se quiere firmar huele a negocio futuro y turbio, pero en este tablero la verdadera pregunta bajo el asfalto no es si el tramo es redituable, sino a los bolsillos de qué socios, compadrazgos o beneficiarios ocultos terminaría alimentando semejante jugada.
EN FIN, por hoy es todo, mañana le seguimos si Dios quiere.
Armando Vásquez Alegría es periodista con más de 35 años de experiencia en medios escritos y de internet, cuenta licenciatura en Administración de Empresas, Maestría en Competitividad Organizacional y Doctorando en Administración Pública. Es director de Editorial J. Castillo, S.A. de C.V. y de “CEO”, Consultoría Especializada en Organizaciones.
Correo electrónico: archivoconfidencial@hotmail.com
