La construcción se realizará con recursos federales y el gobierno estatal aportará el terreno. El anuncio ocurre en medio de la guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa y la crisis política que llevó a Rubén Rocha Moya a dejar la gubernatura, ahora encabezada por Graciela Domínguez Nava.
Tomado de Proceso
Redacción
Sábado 10 de octubre de 2026
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras dos riñas que dejaron 12 personas muertas en el Centro Penitenciario de El Castillo, en Mazatlán, el gobierno de Claudia Sheinbaum anunció la construcción de un nuevo centro penitenciario en Sinaloa, en medio de la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa y la crisis política que atraviesa la entidad.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que, por instrucciones de la presidenta, el gobierno federal financiará la construcción de un penal moderno y seguro, mientras que la administración estatal aportará los terrenos necesarios. El proyecto se prevé en Culiacán, de acuerdo con reportes publicados tras el anuncio.
La decisión se produjo después de dos episodios de violencia en menos de 48 horas en el penal de El Castillo. El jueves 8 de octubre, un enfrentamiento dejó nueve personas privadas de la libertad y un niño de 2 años muertos, además de 16 internos heridos. El menor se encontraba en el centro penitenciario durante una visita familiar. Al día siguiente, otra riña provocó la muerte de dos internos más.
Ante los hechos, García Harfuch informó que el centro penitenciario de Mazatlán se encontraba reforzado con elementos de la Guardia Nacional y personal del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Guerra criminal y crisis política
La violencia penitenciaria ocurre en un estado afectado por la disputa entre Los Chapitos y Los Mayos, facciones enfrentadas del Cártel de Sinaloa. La confrontación se intensificó desde septiembre de 2024, después de la ruptura entre grupos vinculados históricamente con Joaquín Guzmán Loera e Ismael Zambada García.
El conflicto ha provocado asesinatos, desapariciones y enfrentamientos en distintos municipios, con repercusiones en la actividad económica y la vida cotidiana de la población. En el sur del estado, Mazatlán y municipios vecinos también han resentido el deterioro de las condiciones de seguridad.
A este escenario se suma la crisis política derivada de los señalamientos de autoridades estadunidenses contra Rubén Rocha Moya por presuntos vínculos con el narcotráfico, acusaciones que el exmandatario ha rechazado.
Rocha Moya solicitó una licencia para separarse de la gubernatura en mayo de 2026. Después de reincorporarse al cargo el 21 de agosto, pidió una nueva licencia por tiempo indefinido, que fue aprobada por el Congreso estatal. El 25 de agosto, los legisladores designaron a Graciela Domínguez Nava como gobernadora interina para concluir el periodo constitucional, que termina en octubre de 2027.
El relevo ocurrió en medio de la controversia política y las investigaciones relacionadas con los señalamientos contra el exmandatario. La designación de Domínguez, quien formó parte de la administración estatal anterior, mantuvo la continuidad institucional del gobierno de Morena.
Sin presupuesto ni calendario
El anuncio del nuevo penal no incluyó el monto de inversión, la capacidad prevista ni una fecha para el inicio de las obras. Tampoco se precisó el modelo de operación del establecimiento ni si su puesta en marcha implicará una reorganización del sistema penitenciario estatal.
La construcción se suma a las medidas de reforzamiento de seguridad anunciadas después de los hechos de Mazatlán. Sin embargo, quedan pendientes las investigaciones para esclarecer cómo ocurrieron las riñas, qué condiciones permitieron la presencia de armas dentro del centro y cuáles fueron las circunstancias de la muerte del menor.
La Fiscalía General del Estado inició las investigaciones por los fallecimientos. Las autoridades deberán determinar también si los enfrentamientos estuvieron relacionados con la disputa entre grupos criminales que opera fuera de las cárceles.