El CSE pidió a Sheinbaum declarar emergencia económica en Sinaloa tras dos años de violencia del narco. Asimismo, exigió al gobierno federal medidas extraordinarias: créditos, facilidades fiscales y esquemas de pago especiales para preservar empresas y fuentes de trabajo
Tomado de Proceso
Luisa Díaz González
Jueves 13 de agosto de 2026
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El Consejo Sinaloense de Empresarios (CSE) pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo impulsar de forma urgente una declaratoria de emergencia económica para la entidad, ante la respuesta federal “tan insignificante” al “desastre económico” y humano después de dos años de desatada la crisis de seguridad en el estado.
En una reunión privada con el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de la bancada de Morena, el pasado 5 de agosto, los empresarios expresaron su insatisfacción por la respuesta de los tres niveles de gobierno, que calificaron como “insuficiente e incapaz frente a la magnitud de la fuerza delictiva”.
Los miembros del consejo solicitaron un diálogo con la presidenta Sheinbaum y una respuesta del gobierno federal que se traduzca en reconocimiento de la crisis, mayor inversión en policía estatal, así como acciones para detener y procesar a delincuentes impunes.
A pesar de que el CSE reconoció que algunos delitos han disminuido respecto a los “niveles extraordinariamente altos registrados en 2025”, destacó que Sinaloa todavía se encuentra “muy lejos de las condiciones que existían antes de la crisis de seguridad”.
En el primer semestre de 2026 disminuyeron homicidios dolosos, robo de vehículo, desapariciones y robo a comercio frente a 2025; sin embargo, los indicadores permanecieron por encima de los registros del mismo periodo de 2024, señalaron los integrantes del CSE en un comunicado firmado por Luis Osuna Vidaurri, presidente del organismo.
Fue hace más de dos años, a finales de julio de 2024, que el secuestro del Mayo Zambada, con su posterior aparición en Estados Unidos, y el asesinato del exrector Héctor Melesio Cuén Ojeda, desataron una guerra entre dos facciones del Cártel de Sinaloa que ha dejado más de tres mil víctimas de homicidio y al menos cuatro mil desaparecidos.
Panorama letal para la economía
Además del aumento de asesinatos desde 2024, los empresarios acusaron que los hechos de violencia provocaron una espiral de pérdidas económicas con repercusiones graves en todo el estado, golpeando con especial rudeza a las medianas y pequeñas empresas.
Aseguraron que Sinaloa acumula “un daño significativo de su base empresarial y laboral”. Y precisaron que en los últimos dos años el INEGI registra 59 mil 714 personas menos ocupadas en el estado, una cifra que consideran alarmante.
Entre junio de 2024 y junio de 2026 hubo una disminución de 4 mil 812 registros patronales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), una caída de 11.2%, y en el mismo periodo se perdieron 17 mil 871 empleos formales, señaló el CSE.
Ante esta situación, los miembros del consejo expresaron que sorprende “el apoyo federal tan insignificante” y que ha faltado “solidaridad, empatía, atención y sensibilidad” hacia las empresas que enfrentan esta “adversidad de condiciones”.
Por ello demandaron una respuesta extraordinaria del gobierno a través de instituciones como el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el IMSS, con medidas como apoyos, créditos, facilidades fiscales y esquemas especiales de pago, que permitan “sostener con vida a las empresas, preservar fuentes de empleo y evitar un mayor deterioro de la actividad económica”.
Ciudadanía paga consecuencias
Dos años después de la ola de violencia desatada en la entidad, ningún funcionario ha sido procesado en México.
En julio de 2026, Ismael Zambada fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos; meses antes, en abril, el gobernador Rubén Rocha Moya y diez de sus colaboradores fueron acusados de tener vínculos con el narcotráfico por el gobierno estadunidense, entre ellos el senador Enrique Inzunza y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.
Tras las acusaciones, Rocha Moya pidió licencia, mientras que al menos uno de los señalados, el general retirado del Ejército Gerardo Mérida Sánchez, se entregó a las autoridades estadunidenses para enfrentar la acusación en ese país. En México, la presidenta Sheinbaum ha insistido en que la acusación carece de pruebas, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) ha procedido con cautela.
Ante el panorama de impunidad, los empresarios del CSE enlistaron las consecuencias que ha dejado la situación: “personas asesinadas y desaparecidas, pérdida de patrimonio, familias desintegradas en duelo, negocios afectados y cerrados, empleos perdidos, familias desplazadas, migración forzada, secuestros, extorsiones, robos de comercios, hogares y vehículos, traumas sociales, confinamiento y un deterioro de la confianza en las instituciones”.
En su edición mensual de agosto, Proceso publicó el reportaje “La narcopandemia se ensaña con Sinaloa”, en el que se explica cómo la ruptura entre los Chapitos y la Mayiza desató la guerra que transformó Culiacán, epicentro histórico del Cártel de Sinaloa, y que entre otros elementos destacan la extorsión y el reclutamiento de jóvenes.
La edición puede conseguirse en este enlace https://proceso.pressreader.com/