La gobernadora de Chihuahua acudió a la Fiscalía en CDMX, pero informó por escrito que no rendiría entrevista como testigo al considerar que el citatorio era ambiguo y no precisaba formalmente el motivo del requerimiento.
Tomado de El Imparcial
Pablo Rubio
Miércoles 27 de mayo de 2026
CIUDAD DE MÉXICO.- La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, acudió este miércoles a la sede de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México, pero no rindió entrevista como testigo dentro de la investigación relacionada con el caso de presuntos agentes de la CIA en Chihuahua.
De acuerdo con información publicada por Reforma, la mandataria estatal entregó un escrito en el que objetó la legalidad del citatorio girado por la FGR, al señalar que el documento no especifica formalmente el motivo del requerimiento y que la ley contempla excepciones para gobernadores respecto a la obligación de comparecer ante el Ministerio Público.
El caso forma parte de las indagatorias abiertas por la FGR sobre un operativo contra un narcolaboratorio en Chihuahua, en el que se investiga la posible participación de agentes estadounidenses y su estatus de acreditación en México.
La Fiscalía había citado a declarar a alrededor de 50 funcionarios de Chihuahua como parte de estas investigaciones, según reportó La Jornada con base en información de la propia FGR.
¿Qué respondió Maru Campos ante el citatorio?
Campos se presentó en las instalaciones de la Fiscalía Federal acompañada de políticos de oposición. Sin embargo, sostuvo que no comparecía para rendir testimonio, sino para responder formalmente al oficio que recibió.
En el escrito entregado a la FGR, citado por Reforma, la gobernadora señaló:
No comparezco para rendir entrevista en calidad de testigo ni para sujetarme a acto de investigación alguno. Acudo para responder a un oficio que contiene un citatorio ambiguo, internamente incongruente y carente de la debida fundamentación y motivación”.
La mandataria también dejó asentado que su presencia no implicaba renunciar a sus derechos ni aceptar someterse a la diligencia en los términos planteados por la autoridad.
Dejo asentado en este acto que esta promoción no constituye renuncia a derecho alguno ni sujeción al régimen ordinario de la prueba testimonial. Realizo estas manifestaciones para constatar mi disposición a colaborar en cualquier investigación que integre la autoridad federal, pero no como un sometimiento, fáctico o legal, a la diligencia pretendida”.
¿Por qué la gobernadora considera irregular el citatorio?
La objeción de Maru Campos se centra en dos argumentos principales:
El citatorio no precisaría formalmente el motivo del requerimiento.
La ley contempla excepciones para determinados servidores públicos respecto a la obligación de comparecer ante el Ministerio Público.
En su escrito, la gobernadora citó el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual establece, como regla general, que toda persona debe presentarse ante el Ministerio Público o ante el órgano jurisdiccional cuando sea citada. Sin embargo, también prevé excepciones para ciertos servidores públicos contemplados en el artículo 111 constitucional.
El texto entregado por Campos afirma:
El artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales obliga, como regla general, a toda persona a comparecer ante el Ministerio Público u órgano jurisdiccional en el que sea citado. El mismo precepto exceptúa de esa obligación a los servidores públicos comprendidos en los párrafos primero y quinto del artículo 111 de la Constitución”.
El Código Nacional de Procedimientos Penales regula las citaciones y notificaciones dentro de investigaciones y procesos penales, por lo que el debate planteado por la defensa de Campos se concentra en si la FGR cumplió con los requisitos de fundamentación y si el tipo de citación era procedente para una gobernadora en funciones.
¿Maru Campos fue citada como imputada?
Con la información disponible, la gobernadora fue citada como testigo, no como imputada.
Este punto es importante porque una comparecencia como testigo no equivale a una acusación penal formal. De hecho, en el contexto del caso, la presidenta Claudia Sheinbaum había señalado que no existía una imputación contra Campos por el ingreso de agentes de la CIA a Chihuahua, según reportó El Financiero al abordar las presuntas irregularidades del citatorio.
Además, El País reportó que la Fiscalía de la Ciudad de México aclaró en otro asunto relacionado con Campos que no había imputación en su contra y que no existían hechos delictivos que perseguir, tras la difusión de información sobre un citatorio local distinto.
¿Qué se investiga en el caso de los agentes de la CIA?
La investigación federal está relacionada con un operativo contra un presunto narcolaboratorio en Chihuahua, en el que se indaga la posible participación de agentes estadounidenses y si contaban o no con las acreditaciones correspondientes para realizar actividades en México.
La FGR informó previamente que citó a declarar a funcionarios de Chihuahua para aclarar el desarrollo del operativo, la participación de personal extranjero y el marco bajo el cual se habría realizado la intervención.
En términos generales, el caso toca tres puntos sensibles:
La posible participación de agentes extranjeros en territorio mexicano.
La coordinación entre autoridades locales, federales y extranjeras.
El alcance legal de operativos de seguridad vinculados con inteligencia internacional.
¿Qué papel tuvo la oposición en la comparecencia?
Maru Campos llegó a la FGR acompañada por políticos de oposición. La presencia de estos liderazgos convirtió la diligencia en un acto con lectura política, además del componente jurídico.
El País reportó que Campos acusó que se le intenta “fabricar un caso” y que su equipo legal rechazó los términos del citatorio al considerar que carece de fundamento y que la mandataria cuenta con fuero constitucional.
Sin embargo, para efectos informativos, conviene separar los planos:
Lo jurídico: la validez del citatorio y la obligación o no de comparecer.
Lo político: la acusación de persecución y el respaldo de líderes opositores.
Lo penal: la investigación abierta por la FGR sobre el operativo en Chihuahua.
¿Qué podría pasar después?
La FGR puede responder al escrito presentado por la gobernadora y definir si mantiene, modifica o replantea el requerimiento.
También puede continuar recabando información de otros funcionarios citados dentro de la misma investigación.
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Por ahora, el punto central no es una acusación penal contra Maru Campos, sino la disputa sobre la legalidad del citatorio y la forma en que debe colaborar una gobernadora en funciones dentro de una investigación federal.
Claves para entender el caso
Para evitar confusiones, estos son los puntos principales:
Maru Campos acudió a la FGR, pero no rindió entrevista como testigo.
Entregó un escrito en el que objetó la legalidad del citatorio.
Argumentó que el documento era ambiguo y carecía de fundamentación y motivación.
Citó el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el artículo 111 constitucional.
El caso está relacionado con una investigación federal sobre presuntos agentes de la CIA en Chihuahua.
No se ha informado oficialmente que Campos esté imputada en esta investigación.
La FGR puede continuar con otras diligencias dentro del expediente.
Una comparecencia que abre un nuevo frente jurídico y político
La asistencia de Maru Campos a la FGR no cerró la controversia. Al contrario, abrió una nueva discusión sobre los alcances legales de un citatorio dirigido a una gobernadora en funciones y sobre la forma en que deben conducirse las investigaciones federales cuando involucran a autoridades estatales.
El caso también mantiene un componente político, porque ocurre en medio de señalamientos cruzados entre el gobierno federal, Morena, el PAN y la administración de Chihuahua.
La resolución inmediata dependerá de cómo responda la FGR al escrito de la mandataria. Mientras tanto, la investigación sobre el operativo en Chihuahua continúa y el debate público se mantiene en dos planos: la legalidad del citatorio y la presencia de agentes extranjeros en territorio mexicano.