-La medida es calificada por el medio El Faro, como una venganza de la dictadura para ocultar la corrupción en El Salvador
-Los periodistas de El Faro, que operan desde el exilio, denunciaron que el embargo de un inmueble y activos bancarios busca silenciar las pruebas sobre negociaciones secretas entre el mandatario y criminales previo al régimen de excepción
Tomado de El Imparcial
Gilberto Esparza
Viernes 8 de mayo de 2026
El gobierno de Nayib Bukele ejecutó el congelamiento de bienes y cuentas bancarias pertenecientes a los socios y accionistas del diario digital El Faro, en lo que el medio calificó como una represalia directa tras la difusión de nuevas pruebas sobre acuerdos entre la actual administración y grupos criminales. La medida administrativa, disfrazada de una auditoría fiscal, ocurre apenas días después del estreno de un documental que profundiza en los presuntos pactos mafiosos que el mandatario habría sostenido con las pandillas para reducir la violencia al inicio de su gestión.
De acuerdo con la información reportada por La Jornada, el embargo afecta inmuebles y activos financieros esenciales para la operatividad del medio. El Faro, que trasladó su sede a Costa Rica hace un año debido a la persecución política, denunció que el uso del aparato estatal para asfixiar económicamente a sus dueños es un intento definitivo por desaparecer la investigación periodística independiente en El Salvador.
¿Qué revelaron los pactos mafiosos denunciados por El Faro?
La escalada represiva coincide con la publicación de un trabajo audiovisual que detalla la existencia de negociaciones secretas entre el círculo cercano de Bukele y líderes de las maras. Según el diario, estos acuerdos criminales permitieron la gobernabilidad durante los primeros años del mandato de Bukele y facilitaron su consolidación en el poder en 2019.
Las investigaciones sostienen que la actual “guerra contra las pandillas” solo se inició después de que estos pactos se rompieron en marzo de 2022, derivando en el estado de excepción que hoy mantiene a miles de personas detenidas. El medio sostiene que el gobierno busca borrar el rastro de estas negociaciones para sostener la narrativa oficial de un combate frontal y sin concesiones contra el crimen.
¿Cómo utiliza el gobierno de Bukele el sistema de impuestos contra la prensa?
El mecanismo utilizado para el congelamiento de activos se basa en una supuesta deuda de impuestos que el periódico niega categóricamente. Esta estrategia de utilizar el Ministerio de Hacienda para perseguir voces críticas ha sido denunciada por organismos internacionales como una forma de censura financiera.
“La dictadura ha empezado a proceder contra los accionistas del medio”, señaló El Faro en un comunicado, destacando que el gobierno responde con embargos cada vez que se documenta la corrupción o el interés del presidente en concentrar todo el poder. Al inhabilitar las cuentas personales de los dueños, el Estado salvadoreño busca quebrar la estructura de soporte que permite al diario seguir publicando desde el exilio.
¿Cuál es el costo humano del régimen de excepción en El Salvador?
La persecución contra los medios de comunicación ocurre en un contexto de restricción total de garantías individuales. Bajo el estado de excepción, las autoridades de El Salvador han detenido a cerca de 92 mil personas sin órdenes judiciales ni derecho a la defensa.
Esta política de seguridad, aunque cuenta con respaldo en las encuestas locales, ha sido señalada por grupos de juristas internacionales como un sistema que facilita crímenes de lesa humanidad. La denuncia de estas violaciones a los derechos humanos es, según El Faro, la verdadera razón por la que el régimen de Bukele busca silenciar sus plataformas digitales de forma definitiva.
¿Qué sigue para la libertad de expresión en la región?
El embargo contra los socios de El Faro representa un precedente peligroso para el periodismo en Centroamérica. Al atacar los bienes físicos y financieros, el gobierno de Bukele demuestra que la distancia física del exilio no es garantía total de seguridad económica para los medios de comunicación.
La comunidad internacional y asociaciones de prensa han condenado la medida, advirtiendo que el cierre forzado de este diario dejaría a la población salvadoreña y a la región sin una de las fuentes más documentadas sobre los vínculos entre la política y el crimen organizado. La batalla legal por los activos congelados se perfila como un proceso largo, mientras la redacción asegura que continuará informando a pesar de la venganza estatal.