Columna Inmersión
Reynaldo Espinoza Negrete
Waldo’s Hermosillo: Lo menos que esperamos suceda
Miércoles 12 de noviembre de 2025
El pasado 1 de noviembre ocurrió un incendio una explosión de grandes proporciones, el cual presuntamente derivó de la explosión de sucedió en un transformador de energía eléctrica, instalado en el interior de la tienda Waldo’s localizada en el centro de Hermosillo y que es una de las 68 unidades de venta que existen en el estado de Sonora de esa cadena comercial de alcance nacional.
Este siniestro ha causado hasta el momento 24 muertes, mientras que aún permanecen bajo estrictos cuidados médicos cuatro de las 12 personas que resultaron con lesiones de gravedad.
Desde entonces, la narrativa mediática y social, es decir, desde la opinión pública, se ha centrado en la afirmación de que esta tragedia no debe quedar impune y que se debe castigar con todo el peso de la ley a los responsables directos o indirectos de que esto haya ocurrido, sentando como antecedente aquel fatídico incendio de la guardería ABC, también en Hermosillo, que tuvo lugar el 5 de junio de 2009.
Y por otra parte, tenemos el desarrollo de las investigaciones periciales que el caso amerita, para el deslinde de las responsabilidades tanto de los propietarios, representantes legales, gerentes o encargados, así como de las autoridades relacionadas con ese suceso, que son las de protección civil tanto a nivel estatal como municipal, al igual que la paraestatal Comisión Federal de Electricidad, aunque ésta última, señalada desde un principio, buscó de inmediato quedar exenta de cualquier responsiva.
En este caso en particular, la normatividad técnica pareciera estar diseñada para navegar en esas enormes lagunas.
Esto es lo que tenemos:
La regulación en seguridad en el trabajo es una Ley Federal, la cual deriva en su propio reglamento y de ahí en normas específicas, las que conocemos como Normas Oficiales Mexicanas (NOM’s).
Para aspectos de seguridad en temas de manejo de energéticos (como electricidad y gas) existen otras y así para los diferentes campos como la salud, el medio ambiente y los que se conocen como Protección Civil.
De esta última también existen a nivel estatal la ley respectiva y el correspondiente reglamento y en el municipio, lo que se conoce como Bando de Protección Civil.
Pero, aquí viene ese ‘pero’:
No existe normatividad específica en estos niveles de gobierno y los inspectores, auditores o ‘visitadores’ (o como se les quiera llamar) se tienen que basar o ‘referenciar’ en las NOM’s. De tal manera que se hace un nudo gordiano o un verdadero galimatías ‘cumplir’ o ‘hacer cumplir’ las reglas.
Incluso, desde la concepción de un proyecto, (puede ir de la remodelación de un edificio catalogado como ‘histórico’; imponer una obra pretendidamente necesaria como lo sería un puente vehicular; construir una presa para después ‘fabricar agua’ y llenar el vaso de la misma), deberán considerarse la distribución de áreas, incompatibilidad de giros, accesos de mercancías o productos peligrosos, tránsito peatonal vialidad pública, etcétera.
Es decir el cumplimiento desde el proyecto, la construcción y la operatividad de la instalación cualquiera sea el tamaño o el giro de la misma.
Y decíamos una vez que, ya en funciones el inmueble o el giro y sometido a una ‘inspección’ y dado el mencionado ‘galimatias,’ es entonces cuando surge la ‘tentación’ de un ‘atajo administrativo’, que podrían generar condiciones de riesgo no identificados, pudiendo derivar en accidentes con consecuencias a las personas, instalaciones y/o al ambiente.
Un accidente que resulta en responsabilidades al ‘inversionista’, propietario, gerente o responsable, con consecuentes costos en lo que deriva, que siempre serán mayores que los costos en la prevención.
¿Qué estamos haciendo como sociedad y como gobierno? En realidad, muy poco por ambas partes.
Nuestra actitud es reactiva y, a menudo, lejana a la solución al camino correcto.
Hace 16 años se vivió algo similar no en el accidente, sino en la generación del mismo y parece que hoy nos ‘conformamos’ con ‘llevar a la cárcel’ a las personas, sin importar cuál haya sido su responsabilidad, incluso si “dormían como bebés”.
La solución lleva varias etapas y muchas disciplinas:
-Normas específicas
-Actualización de la reglamentación existente
-Personal competente
-Presupuesto
Esto último es algo que no se puede soslayar y que, no obstante, año con año, se repite la misma historia: Las dependencias de todos los niveles encargadas de lo que se conoce como protección civil, cuentan con presupuestos raquíticos, insuficientes.
En el desarrollo de las investigaciones del caso Tienda Waldo’s Hermosillo , el gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño, anunció que ha solicitado la colaboración de técnicos expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); del Instituto Politécnico Nacional (IPN) así como de asociaciones reconocidas a nivel nacional por su alto nivel de especialidad en temas de riesgos, para que de manera colegiada emitan los dictámenes periciales que conduzcan a un fallo, que no solo señale a los responsables directos e indirectos de este siniestro, sino que remarque todas aquellas lagunas y vacíos legales que, como dijimos más adelante, vuelven muy complejo el proceso de llegar a un juicio final.
Y el o los propietarios se limitan a pagar sólo la póliza de responsabilidad civil.
¿Adónde nos llevaría cumplir y hacer cumplir una ley de protección civil congruente? Seguro a la reducción de los riesgos que actualmente se combinan para dar lugar a tragedias como la que sacudió de nueva cuenta a la sociedad sonorense.
Dejo para la reflexión un principio de la prevención de accidentes:
Administremos los riesgos, NO los corramos.
ES LO MENOS QUE ESPERAMOS SUCEDA.
Ing. Reynaldo Espinoza Negrete
rendy1954@gmail.com