La trampa del 60%: Cuenta regresiva

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Columna Archivo Confidencial

Armando Vásquez Alegría

La trampa del 60%: Cuenta regresiva

Martes 31 de marzo de 2026

TODO ESTÁ CONCATENADO:  La economía y la política; los riesgos de colapsos con los posibles tiempos de estallamiento; las consecuencias de malas decisiones heredadas y actuales, pero sobre todo el pernicioso andamiaje que conforma un sistema que nos lleva peligrosamente a puntos de no retorno como país.

México paga hoy 1.3 billones de pesos anuales en intereses, similar al presupuesto 2026 que se destinó a educación. El saldo de la deuda es del 53.2% del PIB, y si el Producto Interno Bruto lo centramos a marzo en 36.31 billones de pesos, hablamos de 19.31 bdp.

Así tenemos que de llegar a un endeudamiento del 60% del PIB significaría que México dejaría de ser un país sujeto de crédito para convertirse en un paciente de rescate, cerrando la ventanilla de los mercados que hoy sostienen nuestro déficit.

Cuando los fiduciarios internacionales detectan que el andamiaje financiero de una nación cruza el umbral de la insolvencia —como ocurrió en Argentina en 2001 o en Grecia en 2010—, los estatutos de gestión de riesgo se activan como un interruptor automático. No es una decisión política, es una obligación contractual de los fondos para proteger el dinero de sus ahorradores.

Incluso México en 1994 vivió el “Efecto Tequila” y ante la incertidumbre política y el déficit de cuenta corriente, los inversionistas extranjeros (fiduciarios) decidieron no renovar los créditos, Fue cuando el país se quedó sin reservas internacionales en días y solo un rescate masivo de EU evitó el colapso total, pero la crisis bancaria que siguió destruyó el patrimonio de una generación.

Si para el Paquete Económico 2027 (que se entrega en noviembre de este año) no se presenta una reforma fiscal integral, el gobierno enfrentará una decisión de hierro: recortar programas sociales emblemáticos (de un bdp en pensiones y becas, costo del voto duro morenista, el cimiento de su legitimidad) o aceptar una degradación crediticia. Cualquiera de las dos opciones fractura la base del sistema.

Hay indicadores ya conocidos que pegarán directamente en el manejo económico del país, incluyendo los aranceles de Trump: hablamos de la incertidumbre que causa el poder judicial que no haya qué hacer con los juicios mercantiles; el T-MEC cuyas negociaciones empiezan en julio, la eterna inseguridad y sus consecuencias, la falta de infraestructura que pega en agua, (sequía en el 70% del país) electricidad y movilidad, así como la falta de apoyos a los diferentes sectores productivos.

Y si en siete años este gobierno no ha tomado las decisiones adecuadas, la problemática se vuelve más complicada pues la tendencia apunta a que México transmute de un Estado Desarrollador (que invierte para crecer) a un Estado Liquidador (que solo recauda para pagar intereses y mantener la paz social mínima).

La 4T no sabe qué hacer pues puede, para subsistir en 2027, llegar a sacrificar la inversión productiva para no llegar al 60% del PIB de forma inmediata, con lo cual el gobierno podría cortar lo que “no grita”: el mantenimiento de carreteras, modernización de aduanas y la infraestructura eléctrica.

Así el costo logístico de mover mercancías sube, la competitividad de regiones exportadoras como Sonora cae, y el nearshoring se desvía hacia otros países con energía y agua garantizadas. Pierde el sector privado.

A su vez, existe la opción de capturar las rentas locales ante la asfixia del pago de 1.3 bdp de intereses con lo cual la Federación reduciría las participaciones federales (Ramo 28 y 33), con ello los gobernadores se verán obligados a crear nuevos impuestos estatales o derechos locales para cubrir servicios básicos. Pierde el ciudadano y el contribuyente cautivo.

Y la erosión del voto duro por inflación conlleva a que, si el gobierno imprime dinero o pide más crédito para no dejar de pagar los programas sociales, la inflación se convertiría en el “impuesto a los pobres” con lo cual el poder adquisitivo de la pensión o la beca se diluye de tal manera que, aunque reciban el dinero, este alcanzará para menos comida o medicinas. El beneficio político decrece por la realidad económica con lo cual pierde la base electoral de la 4T.

A esto sume la inercia de Tasas pues, aunque la inflación baje, si el Banco de México mantiene tasas altas para atraer capitales, el gobierno federal sigue pagando intereses carísimos. Es un círculo vicioso: te endeudas más solo para pagar los intereses de lo que ya debías.

Anote usted la aparición de un canibalismo del presupuesto debido a que cada peso que se paga al costo de la deuda es un peso que se le quita a las participaciones federales de los estados o al mantenimiento de infraestructura.

Ahora bien, si el costo financiero sigue creciendo al ritmo actual (9.4% real anual), la deuda llegará al 60% del PIB antes de lo previsto (posiblemente para el cierre de 2027 o inicios de 2028), disparando las alarmas de las calificadoras con las consecuencias imaginables.

El gobierno está atrapado en una “Consolidación Fiscal Postergada”. Hacienda prometió bajar el déficit para 2025, luego para 2026, y ahora los análisis sugieren que se pateará el bote hasta 2028. No habrá dinero excedente. Los Estados tendrán que gobernar con lo que recauden localmente (incluyendo las ministraciones a los partidos políticos conforme al Plan B) pues dependen casi totalmente de la Federación.

De los 705.4 mmdp (1.94 del PIB) del adeudo total de los estados, la mitad se concentra en Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Chihuahua y Veracruz (Sonora 31 mmdp), y al estar la gran parte de las participaciones federales empeñadas (cedidas como garantía de pago) a los bancos comerciales, corren el riesgo de sufrir una metástasis financiera porque las tesorerías estatales no tendrán ni para pagar la nómina de policías y maestros, ya que sus ingresos propios apenas cubren el 10% de su gasto.

Y para cerrar, el riesgo real en 2027 no es si la 4T retiene el poder —el control político parece sólido—, sino qué es lo que van a gobernar. Una victoria política en medio de una bancarrota económica es una victoria pírrica. El sistema se enfrenta a su propia física financiera: no se puede sostener un estado de bienestar con una recaudación deficiente y un costo de deuda de país en crisis.

EN FIN, por hoy es todo, mañana le seguimos si Dios quiere.

Armando Vásquez Alegría es periodista con más de 35 años de experiencia en medios escritos y de internet, cuenta licenciatura en Administración de Empresas, Maestría en Competitividad Organizacional y Doctorando en Administración Pública. Es director de Editorial J. Castillo, S.A. de C.V. y de “CEO”, Consultoría Especializada en Organizaciones.

Correo electrónico:

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