Columna Archivo Confidencial
Armando Vásquez Alegría
La farsa de los centavos
Viernes 27 de marzo de 2026
YA ANALIZAMOS LAS CAUSAS por las cuales el Plan B conformará por su logística, un colapso electoral demostrado matemáticamente https://n9.cl/entvq , también el cómo financieramente su implementación llevará a un jaque financiero https://n9.cl/ejs5z .
A su vez vimos los diferentes choques que habrá en campaña al empalmarse incluso dos elecciones, la ordinaria y la de jueces https://n9.cl/3bxqi pues la de revocación de mandato no pasó y claro, la voz de alerta de instituciones de importancia mundial que le gritan a México el peligro en el que se encuentra su democracia. https://n9.cl/f08oo4
El próximo ocho de abril, todo indica, se aprobará esa Ley Maduro y se reformarán el 115 y 130 constitucional para dar paso a que los ayuntamientos cuenten entre siete regidores como base y quince como máximo. En Sonora tendrá que modificarse totalmente el artículo 30 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal que establece el número de ediles conforme a su población.
Según esto y en aras del ahorro que pregona el Plan B, tenemos lo siguiente:
De los 72 municipios sonorenses, 54 cuentan con cinco regidores, (270), hay doce que tienen entre 10 y 11 (132) y seis de los grandes con 21 cada cabildo (125) pues Nogales tiene 20 al no contar con regidor étnico que por cierto son 20 en igual número de ayuntamientos. La suma total ronda los 540 ediles en todo el estado
La nueva ley aumentara en siete a los pequeños (serán 108 extras, es decir 378), quedan igual los 132 que estarán acordes a la nueva disposición y los grandes reducirán 35 regidurías para quedar en 90 en total.
En promedio, un regidor de un municipio pequeño gana 15 mil pesos mensuales y uno de los grandes, pongamos 50 mil para cerrar cifras. En el primer caso serían al año una erogación de 19 millones 440 mil pesos (por los 108 nuevos regidores) y en el segundo, al quitar 35 regidurías, nos da 21 millones generando un ahorro neto de un millón 560 mil.
Un ahorro de 1.5 millones de pesos al año para todo el estado es ridículo. No alcanza ni para pavimentar una cuadra completa en Hermosillo que cuesta unos 2.5 mdp. Es más, si dividimos ese ahorro en el presupuesto anual del estado en este año (92,571 mdp) equivaldría al 0.0016%. Si el presupuesto de Sonora fuera un billete de mil pesos, el ahorro total de esta reforma en todo el estado equivaldría a 1.6 centavos. Ni siquiera alcanza para comprar un chicle.
Representa apenas una milésima parte del 1% del gasto estatal por el cual el gobierno está dispuesto a eliminar 35 espacios de vigilancia, obligar a 54 municipios pobres a contratar 108 burócratas más y hacer muy difícil que la oposición y los nuevos partidos tengan acceso a una regiduría.
A lo mejor funcione para los estados del centro del país por su densidad poblacional, pero en Sonora no. Por cierto, ya no podrá incrementar Hermosillo su número de regidores al sobrepasar el millón de habitantes conforme se establece en la ley respectiva. Lástima, Margarito.
El cambio del ADN estructural de los ayuntamientos arrojará una serie de variantes que afectará directamente a los partidos de oposición en los grandes municipios sonorenses que representan el 80 por ciento de la productividad del Estado.
De los quince regidores que quedarán, el partido ganador contará con nueve, las pluris serán cinco y un regidor étnico cuya existencia deberá ser ratificada de facto por el Congreso del Estado al ser un espacio que les quitarán a los partidos políticos y por no estar establecido su destino en el Plan B.
Las causas por los que los seis municipios grandes de Sonora cuentan aun con 21 regidores (12 de Mayoría + 8 pluris y el étnico) tiene su origen en el crecimiento y conformación de comisiones para mejorar la atención ciudadana por un lado y por el otro a una lucha que proviene de 1977 cuando el cabildo pasó de 7 a 9 regidores y empezó la búsqueda de pluris de los opositores. El PRI tenía carro completo.
Para el 82 subió de 9 a 11 y aparecen los primeros regidores pluris, Del 91 al 97 pasó a 15, se incluyó a las minorías que ya votaban masivamente por la oposición. Del 2000 al 2012 hubo alternancia y transición, la Ley de Gobierno y Administración Municipal se reformó para reflejar la explosión demográfica y en aras de sostener una paz social mediante cesión de cuotas de poder por lo que pasó a 21 regidores.
Cuando se aplique el dichoso plan, se borrará el esfuerzo de cinco décadas de transición democrática en Sonora. Pero sigamos.
Por cuestión de gobernabilidad se estableció legalmente que la planilla ganadora debía contar con 50% + 1 regidores (más un colchoncito como victoriosos) que se traduce en 23 votos en total en cabildo: los 21 (12 ganadores, 8 pluris y el étnico) más el del alcalde y sindico.
Así el alcalde tiene a su favor 14 votos que sobrepasa la mayoría simple necesaria para controlar la operación diaria sin necesidad de un solo sufragio de la oposición con lo cual puede gobernar y decidir el presupuesto de egresos (en que se gasta el dinero cada año), modificar o sostener reglamentos internos (reglas de tránsito, comercio o bando de policía y buen gobierno), realizar nombramientos de funcionarios claves y aprobar programas sociales, entre otros.
En el caso de la mayoría calificada (16 votos), se vuelve obligatoria para temas de alto impacto: contratación de créditos que comprometan las finanzas más allá de su trienio, concesionar a empresas privadas los servicios públicos, vender terrenos que son patrimonio municipal, votar como parte del Constituyente Permanente para reformas constitucionales como el propio plan B, entre otros aspectos. Entonces se debe buscar el apoyo de dos regidores de oposición.
Con la nueva modalidad son 17 votos totales. La planilla del alcalde tendría 11 sufragios asegurados (9 regidores, sindico y el titular) y la oposición 5 pluris y el étnico. La mayoría simple está asegurada y para lograr la calificada se requiere un voto que bien puede ser el mismo regidor étnico o un representante de un partido satélite. En este caso la oposición es decorativa pues no alcanzan a frenar nada por sí solos.
El Plan B no viene a limpiar la casa, viene a quitarle los candados a la puerta. Al reducir el cabildo bajo la máscara del ahorro, la reforma le entrega al alcalde una ‘super llave’ legislativa: ahora, para hipotecar el futuro del municipio o privatizar sus servicios, ya no hace falta convencer a la oposición, basta con seducir a un solo aliado. Hemos cambiado pluralidad por velocidad, y en política, la velocidad sin frenos suele terminar en barranco.
Y a todo lo anterior sumemos que, al reducirse el pastel de las regidurías, el costo de la representatividad se vuelve prohibitivo. Para ganar una ‘pluri’, los partidos de oposición ya no podrán sobrevivir con el 3% tradicional; la nueva aritmética del Plan B eleva el umbral real a un 10% o 15% de la votación. Es, en los hechos, una cláusula de exclusión que limpia la mesa para los grandes bloques y deja sin voz a las minorías en el ayuntamiento.
EN FIN, por hoy es todo, el lunes le seguimos si Dios quiere.
Armando Vásquez Alegría es periodista con más de 35 años de experiencia en medios escritos y de internet, cuenta licenciatura en Administración de Empresas, Maestría en Competitividad Organizacional y Doctorando en Administración Pública. Es director de Editorial J. Castillo, S.A. de C.V. y de “CEO”, Consultoría Especializada en Organizaciones.
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