El exmandatario, que militó en Morena y ahora es dirigente del PT, es señalado por un contrato millonario con la firma Next Energy
tToado de El P aís
Luis Cortes (Reuters)
Zedryk Raziel
Martes 24 de marzo de 2026
El exgobernador de Baja California Jaime Bonilla ha sido vinculado a proceso por un juez del Estado fronterizo por su presunta implicación en un caso de corrupción. El político bajacaliforniano, que gobernó por Morena, el partido oficialista, pero que hoy es dirigente del Partido del Trabajo (PT), es acusado de beneficiar indebidamente a la firma Next Energy con contratos públicos durante su gestión (2019-2021). La decisión judicial significa que las pruebas aportadas por la Fiscalía estatal contra Bonilla resultaron verosímiles para el juez, que ha dado seis meses más a la investigación antes de dictar sentencia. Bonilla se ha convertido en el primer exgobernador morenista acusado abiertamente de corrupción desde el oficialismo.
El proceso contra Bonilla se enmarca en el pleito que tiene con la actual gobernadora, Marina del Pilar Ávila, de Morena. La Fiscalía de Baja California sostiene que se le pagaron sumas millonarias a Next Energy por una planta de generación de energía fotovoltaica que nunca se construyó. El costo de la obra era de 4.500 millones pesos a 30 años. Aunque el Gobierno estatal no obtuvo siquiera los permisos necesarios para iniciar su construcción, Next Energy recibió un pago inicial de 123 millones de pesos, que recientemente fueron recuperados por el Gobierno de Ávila. La Fiscalía acusa a Bonilla de los delitos de abuso de autoridad, desvío de recursos y uso ilícito de facultades.
La audiencia de Bonilla comenzó el lunes y duró casi 24 horas, según reportan los medios locales. La defensa del exgobernador intentó salvar una de las acusaciones con el argumento de que Bonilla ya no era mandatario estatal cuando se hicieron los pagos a la compañía. Al término de la comparecencia, Bonilla destacó el supuesto trasfondo político del caso y las motivaciones de Ávila. “No veo sorpresas, sabíamos que nos iban a vincular, sabíamos que ese era el propósito. Nada más para que aprendan, no se anden peleando con la gobernadora”, declaró, de acuerdo con Zeta.
Varios excolaboradores de Bonilla han sido capturados y han corrido con la misma suerte que el exgobernador. Bonilla logró aplazar el encuentro con la justicia porque tenía fuero legislativo (en 2019 dejó el cargo de senador que obtuvo un año antes para lanzarse a la gubernatura, y lo retomó al concluir esa travesía). Desde la tribuna del Senado, Bonilla se lanzó contra Ávila y su Gobierno, acusando la existencia de pactos con el crimen organizado. Sin la protección legislativa desde 2024, el exmandatario faltó a los citatorios judiciales, hasta que un juez giró una orden de presentación para forzarle a acudir a la audiencia.
Bonilla ha tenido un paso polémico por la política. Empresario de los medios que ayudó a dar cobertura al movimiento de Andrés Manuel López Obrador, fundador de Morena, cuando los principales canales lo censuraban, Bonilla impulsó desde el Gobierno una cuestionada reforma para extender su mandato al frente de Baja California, que solo duraba dos años. La maniobra se aprobó en el Congreso local, pero tiempo después se estrelló en la Suprema Corte de Justicia, que la anuló por ser inconstitucional. Esa reforma causó una fuerte división en el oficialismo. Mientras López Obrador nunca se pronunció abiertamente en contra del cambio normativo en Baja California para beneficiar a su antiguo aliado, el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, propuso la disolución de poderes en el Estado fronterizo para preservar el orden constitucional.