Columna Olor A Dinero
Feliciano J. Espriella
Minería rica, ciudad pobre: la deuda pendiente con Cananea
Miércoles 25 de marzo de 2026
Los recursos generados por la minería en Cananea contrastan con carencias básicas. Tres obras urgentes evidencian la desconexión entre riqueza fiscal y bienestar social.
Hay cifras que no solo informan: exhiben.
En Cananea, una sola empresa —Operadora de Minas e Instalaciones Mineras, S.A. de C.V.— ha generado, en los últimos años, una derrama fiscal que ronda los 67 mil millones de pesos entre ISR, derechos mineros y otras contribuciones. Una cifra que, por sí sola, debería garantizar condiciones urbanas dignas para cualquier comunidad.
Pero no es el caso.
La paradoja —tan mexicana— es brutal: una ciudad que aporta miles de millones al erario federal sigue atrapada en rezagos elementales. No estamos hablando de proyectos faraónicos ni de ocurrencias políticas. Hablamos de lo básico: basura, drenaje y pavimentación.
La información, expuesta al grupo de periodistas “Kiosco Mayor” por Javier Villarreal Gámez, dirigente nacional del Sindicato Minero de la CTM, no deja espacio para interpretaciones complacientes. Más bien obliga a una pregunta incómoda: ¿en qué se traduce realmente la riqueza minera para quienes viven donde esa riqueza se genera?
El diagnóstico es claro.
Primero: Cananea necesita un nuevo relleno sanitario. El actual basurero no solo es obsoleto, sino que se incendia con frecuencia, generando contaminación constante en una ciudad que ya carga con pasivos ambientales históricos. No es una exageración: es un foco permanente de riesgo sanitario.
Segundo: la red de drenaje es un desastre. Mientras la infraestructura de agua potable fue renovada recientemente, el drenaje quedó rezagado. Fugas constantes, escurrimientos a cielo abierto y un sistema colapsado que desemboca en una laguna de aguas negras describen una situación más propia de abandono institucional que de una ciudad que genera miles de millones en impuestos.
Tercero: más del 30 por ciento de la ciudad sigue con calles de terracería. En pleno siglo XXI, en uno de los municipios más emblemáticos de la minería nacional.
La pregunta vuelve, inevitable: ¿cómo es posible?
Aquí es donde el análisis se vuelve más incómodo. Porque el problema no es la falta de recursos. Es la forma en que esos recursos se concentran, se redistribuyen —o no— y terminan diluyéndose en la llamada “licuadora” del gasto federal.
De los miles de millones generados, solo una fracción mínima regresa a la comunidad que los produce. El resto se pierde en la lógica centralista del presupuesto, donde territorios altamente productivos no necesariamente son territorios prioritarios.
Y sin embargo, hay un elemento que vale la pena subrayar.
A diferencia de otras coyunturas donde los reclamos se quedan en la queja, aquí hay una ruta concreta. El sindicato minero, encabezado por Villarreal, no solo ha documentado el problema, sino que ha articulado tres demandas específicas, viables y urgentes. Más aún: ha comenzado a construir una red vecinal para respaldarlas desde el territorio.
No es menor.
En un país donde la representación sindical suele moverse entre la retórica y la opacidad, la disposición de un liderazgo nacional para empujar causas comunitarias merece ser reconocida. No como concesión gratuita, sino como un elemento que puede catalizar soluciones reales.
El planteamiento es sensato: coordinación entre los tres niveles de gobierno, participación de la empresa minera y gestión política efectiva. No hay misterio.
Lo que sí hay es una deuda.
Una deuda con Cananea, con su historia, con su gente y con el papel que ha jugado en el desarrollo económico del país. Porque no se trata solo de números, sino de justicia territorial.
Si una ciudad aporta miles de millones, lo mínimo esperable es que tenga drenaje funcional, calles pavimentadas y un sistema adecuado de manejo de residuos.
No es un privilegio.
Es lo elemental.
Y hoy, en Cananea, sigue siendo una promesa incumplida.
En medio de esta inercia de omisiones, hay que decirlo sin rodeos: Javier Villarreal está haciendo lo que muchos actores políticos han evitado. No solo puso cifras sobre la mesa, sino que señaló el agravio y propuso soluciones concretas. Su activismo incomoda porque exhibe la pasividad oficial. Y en un país donde el silencio suele ser la regla, eso —por sí mismo— ya es una forma de presión.
Por hoy fue todo.
Gracias por su tolerancia y hasta la próxima.