Columna Archivo Confidencial
Armando Vásquez Alegría
Fe, el nuevo impuesto morenista
Lunes 23 de marzo de 2026
AUNQUE EMPEZÓ EN los municipios morenistas de Tijuana, CDMX y Puebla, es el caso de Cajeme ya se sumó a la tendencia y copió el modelo de recaudación que afecta hoy los eventos religiosos católicos, incluso hasta a los fariseos y para allá van Navojoa y Guaymas.
De acuerdo con los registros de las Diócesis y las direcciones de Inspección y Vigilancia locales, en Ciudad Obregón se tienen registrados 24 Viacrucis vivientes principales y aproximadamente 40 procesiones menores en colonias.
Sin embargo, este año se nota una baja del 15% en eventos en vía pública respecto a 2025; la razón es que al menos 10 parroquias de la periferia optaron por realizar sus ritos “puertas adentro” (en los atrios) para evitar el pago de los permisos municipales que oscilan entre los mil 500 y dos mil 800 pesos.
En Navojoa se contabilizan 12 eventos masivos, destacando los relacionados con la tradición de los Fariseos. Aquí el municipio aún no formaliza el cobro de “Protección Civil” como en Obregón, pero ya existe una vigilancia estrecha sobre las “ramadas”. Y en Guaymas se reportan 8 procesiones mayores, la mayoría concentradas en el centro y San Carlos.
Si focalizamos el cobro en la tierra de Javier Lamarque tendríamos una facturación por la fe cuya ruta de cobros que antes eran inexistentes o simbólicos, ronda entre los cinco y nueve mil pesos:
Dictamen de Protección Civil: Entre $1,500 y $2,800 pesos. (Justificación: “Seguridad técnica obligatoria”).
Permiso de Inspección y Vigilancia (Kermeses): De $450 a $1,200 pesos diarios. (Justificación: “Derecho de piso comercial”).
Seguro de Responsabilidad Civil: Exigencia externa que cuesta entre $3,000 y $5,000 pesos para usar plazas públicas.
El ayuntamiento de Navojoa ha comenzado a fiscalizar las “Ramadas”. Aunque no cobran por la danza, exigen permisos de “instalación de campamento” y cobran derechos de piso a los vendedores que rodean las ceremonias indígenas. El costo de la “quema de máscaras” ahora requiere un dictamen de Protección Civil pagado por la comunidad.
En Guaymas el afán recaudatorio se disfraza de “logística de seguridad”. Se aplican cobros por el despliegue de elementos de tránsito y servicios de limpieza extraordinarios en procesiones que toquen zonas de alta afluencia (Malecón y San Carlos), tratando el rito religioso como un “evento de temporada turística” o evento artístico.
Los Fariseos es el grupo más vulnerable en este afán recaudatorio: En Cajeme y Navojoa, se les está pidiendo un “padrón de participantes” para permitirles pedir limosna en cruceros, bajo la amenaza de considerar la recolección de limosnas como una actividad de “comercio informal” si no cuentan con el visto bueno del ayuntamiento y se les obliga a pagar por servicios de agua y recolección de basura en sus campamentos, algo que tradicionalmente era un apoyo municipal a los pueblos originarios.
Los gobernadores tradicionales argumentan que su autonomía (reconocida constitucionalmente) les permite realizar estas colectas sin intervención del Estado, ya que ese dinero es para la quema de máscaras y la fiesta del Sábado de Gloria.
Navojoa es el municipio donde los fariseos tienen mayor fuerza política. Aquí, el intento de cobro es visto como una provocación directa. Sin embargo, para 2026 se ha detectado que el municipio busca cobrar por los “eventos masivos de cierre” (la quema de máscaras), exigiendo dictámenes de Protección Civil que cuestan entre $1,500 y $3,000 pesos, alegando que el uso de pirotecnia y la aglomeración de gente lo hacen obligatorio.
En Guaymas el enfoque es similar al de los viacrucis; si la procesión de fariseos ocupa el Malecón o zonas turísticas, el ayuntamiento presiona con cobros de “logística de seguridad”.
Las narrativas chocan. Los ayuntamientos morenistas se justifican alegando que el Estado es laico y no se regalará gasolina y sueldos de policías para un culto privado. La postura de la Iglesia y fieles al respecto es que cada uno de los participantes en estos eventos ya pagan predial e impuestos y enfatizan que cobrar por usar la calle es un cobro doble por un derecho constitucional.
A su vez, el municipio establece que, si ocurre una tragedia en un viacrucis sin dictamen, la responsabilidad legal cae sobre el alcalde, y en respuesta se enfatiza que con estas medidas se “elitiza” la fe: solo las parroquias ricas podrán salir a las calles; las de colonias pobres se quedan encerradas como ya ha estado pasando.
Y sobre la autosuficiencia fiscal, los morenos señalan que, ante los recortes federales, el municipio debe cobrar por todo servicio extraordinario para sobrevivir ante lo cual se refuta al considerarse como una aduana espiritual el hecho de tratar un rito de dos mil años como un concierto de rock.
Estamos presenciando el inicio de una “Burocratización de la Fe”. El modelo de Morena en el sur de Sonora ha detectado que la fe masiva es un nicho de recaudación que no se había explotado.
Mientras los fieles se preparan para la meditación, los ayuntamientos preparan la báscula fiscal. Si la comunidad católica y las comunidades indígenas no ponen un alto a esta ‘fiscalización de la corona de espinas’, muy pronto el derecho constitucional a la libertad de culto se resumirá en un ticket de la Tesorería Municipal. El silencio, en política, siempre se factura.
Ya se presentó una Acción de Inconstitucionalidad 17/2026 (que ya se analiza en la Suprema Corte contra cobros similares), pero si no hay resistencia, para 2027 no habrá procesión en Sonora y los ayuntamientos, por lo menos los morenistas, obligarán estos pagos que se reflejarán en el presupuesto de ingresos de noviembre de este año.
Así, la fe pasó de ser un derecho a un renglón contable. El Viacrucis 2026 no se reza, se factura y en Cajeme, como laboratorio, se medirá el escozor que se puede generar pues, aunque se diga lo contrario, el cobro no deja de ser un impuesto que las autoridades municipales no quieren que se conozca profusamente para no confrontarse con el mazo religioso.
En Hermosillo es como se ha hecho durante décadas: se hace un aviso previo al ayuntamiento sin costo si es evento social religioso y se otorga el apoyo institucional bajo el pensamiento de promocionar una sana convivencia comunitaria escenificada en más de sesenta eventos y nueve ramadas que movilizan a más de cien mil hermosillenses en estas fiestas católicas.
EN FIN, por hoy es todo, mañana le seguimos si Dios quiere.
Armando Vásquez Alegría es periodista con más de 35 años de experiencia en medios escritos y de internet, cuenta licenciatura en Administración de Empresas, Maestría en Competitividad Organizacional y Doctorando en Administración Pública. Es director de Editorial J. Castillo, S.A. de C.V. y de “CEO”, Consultoría Especializada en Organizaciones.
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