Columna Archivo Confidencial
Armando Vásquez Alegría
Plan B: El colapso electoral matemático
Viernes 20 de marzo de 2026
SI USTED CHECA el DOF del 15 de septiembre del 2024 por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial, en los transitorios, al final del documento, en el cuarto párrafo del segundo punto dice textualmente:
“Para el caso de Magistradas y Magistrados de Circuito y Juezas y Jueces de Distrito, la elección será escalonada, renovándose la mitad de los cargos correspondientes a cada circuito judicial en la elección extraordinaria del año 2025 y la parte restante en la elección federal ordinaria del año 2027”… https://n9.cl/kdwfh
Por otra parte, en el artículo 35 de la Constitución en su fracción VIII numeral 5 y en el artículo octavo de la Ley Federal de Consulta Popular se establece que la mencionada consulta se realizará el primer domingo de agosto, pero Sheinbaum y su Plan B quieren modificarlo para que se realice dicho mecanismo el día de la elección de junio del 2027.
Y si sumamos la revocación de mandato para ser votada en dicha fecha, en el caso de los estados donde habrá elecciones por la gubernatura se tendrían ocho boletas sobre las cuales discernir. En el resto de las entidades serían siete.
Así tendríamos la votación por la revocación de mandato, diputados federales y estatales por separado, al igual que de jueces y magistrados para la federación y entidades, alcaldes, la pregunta de la consulta popular y para gobernador donde proceda.
Es una locura. El gobierno dice que ahorra dinero al no instalar casillas en agosto por la consulta o en octubre del 2028 como estaba programada la revocación de mandato. Sin embargo, al mover ambas a junio, obliga al INE a imprimir millones de boletas adicionales. Una austeridad disfuncional.
Históricamente la votación de las elecciones intermedias federales es baja: 2003 (41.7% de participación nacional), 2009 (44.6%), 2015 (47.7%), 2021 (52.7) y Sheinbaum quiere que en estas del 2027 la cifra alcance entre 55 y 60%. De hecho, en la presidencial del 2024 votaron 60 millones 115 mil 184 votos (61.04). Pero hay un error logístico que no cuadra en su ecuación de esta próxima intermedia.
La programación del INE al instalar 170 mil casillas para cien millones de votantes con una duración de tiempo electoral de ocho de la mañana a seis de la tarde (600 minutos), la división nos da 600 votantes por casilla y un lapso de un minuto para realizar todo el proceso hasta la mancha en el dedo.
La realidad es que matemáticamente el sistema está diseñado para que la votación no pase de 400 votos por urna que nos da un tiempo por voto de entre 1.5 a 2 minutos como ocurrió en el 2024 lo que garantizó el flujo y que no hubiera grandes filas al cierre de la votación. Pero hablamos de tres boletas, no de ocho cuyo tiempo de votación pasaría, siendo magnánimos, de cinco a siete minutos lo que permitiría que por casilla voten entre 85 y 120 personas.
Ahora bien, en un escenario pesimista tendríamos 80 votos por 170 mil casillas nos da 14 millones 450 mil votos totales y en un optimista, por 120 serían 20 millones 400 mil. Si sacamos un promedio sería 17.4% del total, 42.6 punto menos que la elección del 2024.
Si Sheinbaum se aferra a su plan B y a una votación esperada del 60% (60 millones), basándonos conforme a los tiempos de votación en 120 por urna, tendría el INE que colocar en total 500 mil casillas, las que ya tiene programadas que son 170 mil más otras 330 mil extras y aumentar el presupuesto de instalación de tres mil 145 millones de pesos a 9,250 mdp. Casi 3 a 1.
El Plan B se vende como una medida de ahorro de entre 4 y 5 mmdp. Sin embargo, para que ese mismo plan no sea un fracaso de participación (limitado al 17.4% por la lentitud de las ocho boletas lo que dejaría a 42 millones sin poder votar), el Estado tendría que gastar seis mil 105 millones extras en triplicar las casillas. Es decir, el “ahorro” de Sheinbaum cuesta más caro que el sistema actual.
Otro error significativo en el diseño de los procesos del Plan B es que se despida al 80 por ciento de la estructura de funcionarios que tienen 20 o 30 años de carrera cuya liquidación por ley significaría hasta cuatro mil mdp en indemnizaciones de un solo golpe y antes de que empiece el proceso electoral, que por cierto Sheinbaum quiere que se pase de septiembre a noviembre en un tema que tiene mucho de fondo.
Y es que, al retrasar el arranque oficial, el Gobierno busca acortar los tiempos de impugnación y fiscalización, dejando al INE con menos margen para revisar las firmas de la consulta y la revocación, además de reducir el periodo en el que el Tribunal Electoral puede resolver quejas antes de las campañas. Es un movimiento de manual para operar con menos vigilancia.
El hecho es que si tomamos en cuenta que se requieren 1.5 millones de ciudadanos para llevar a cabo dicha elección, el aferre de votaciones de Sheinbaum conlleva a triplicar esa suma (4.5 millones con todo lo que ello conlleva), lo que se convierte en la receta perfecta para un quiebre operativo. De aprobarse el Plan B estaremos ante una histórica pérdida de legitimidad y de fracaso total que la 4T, aun con el uso de todos sus artilugios mágicos, no podrá esconder fácilmente.
EN FIN, por hoy es todo, el lunes le seguimos, si Dios quiere.
Armando Vásquez Alegría es periodista con más de 35 años de experiencia en medios escritos y de internet, cuenta licenciatura en Administración de Empresas, Maestría en Competitividad Organizacional y Doctorando en Administración Pública. Es director de Editorial J. Castillo, S.A. de C.V. y de “CEO”, Consultoría Especializada en Organizaciones.
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