Columna Archivo Confidencial
Armando Vásquez Alegría
La peligrosa apuesta del Plan B
Jueves 19 de marzo de 2026
EL TABLERO POLÍTICO de México ha entrado en una fase de aceleración peligrosa. Tras el naufragio de la reforma constitucional, Sheinbaum ha lanzado su “Plan B” al Senado activando una maquinaria de fast-track que busca imponer nuevas reglas del juego antes de septiembre, cuando inicia el calendario electoral del 2027.
La consigna en Palacio Nacional es clara: aprobar y publicar antes del 31 de mayo para sortear la prohibición del Artículo 105 constitucional. Pero en esa prisa, se están sembrando las semillas de un “crack” institucional que podría, literalmente, impedir que se instalen las urnas.
El paquete interviene cuatro leyes secundarias —LGIPE, Ley de Partidos, Comunicación Social y Responsabilidades Administrativas— con cambios que alteran el ADN democrático. Sin embargo, más allá de la inconstitucionalidad por la invasión de facultades municipales (Art. 115) o la ruptura de la equidad presidencial por aquello de permitir a la presidenta realizar campaña por la revocación de mandato (Art. 134), el peligro real es operativo.
Para que haya elección, el INE debe mover una maquinaria humana enorme. Hablamos de un núcleo técnico de ocho mil 500 especialistas de carrera que coordinan a cincuenta mil capacitadores para reclutar y adiestrar a 1.5 millones de ciudadanos que operarán cerca de 170 mil casillas.
El Plan B propone desmantelar este núcleo, reduciendo plazas y asfixiando ingresos bajo una “austeridad” que ignora la ley laboral y la autonomía del INE. Si este grupo de expertos se decide por una huelga de “brazos caídos” o se retira ante el atropello a sus derechos, no hay “Plan C” que valga. No se puede improvisar a un técnico electoral en tres meses, como no se puede improvisar a un cirujano en plena cirugía. No hay personal ni militar o civil que les pueda sustituir
El mayor pecado de esta propuesta es su desconexión con la física de la organización electoral. Pretender que cambios estructurales profundos se ejecuten de forma inmediata es una receta para el desastre. Estos cambios no son aplicables en tiempo real. Estamos a escasos meses de septiembre y obligar al sistema a mudar de piel mientras corre un maratón garantiza la parálisis.
Esta factibilidad del caos no es una teoría exagerada; tiene precedentes sombríos. Países como Haití llevan una década sin elecciones por el desmantelamiento de sus órganos técnicos. En Filipinas, la ley contempla la “Falla de Elección” cuando el Estado pierde capacidad operativa. Incluso en democracias consolidadas como la española, huelgas de personal técnico estratégico han obligado a decretar Estados de Alarma ante la parálisis de servicios esenciales.
Pero no hay que irnos tan lejos. En las elecciones federales de 2021 y 2024, el INE tuvo que admitir formalmente que cientos de casillas no pudieron instalarse en estados como Chiapas, Michoacán y Guerrero por la combinación de violencia y conflictos sociales que impidieron que el personal técnico llegara a los centros de votación.
Si hoy, con una estructura profesional completa, hay zonas “silenciadas”, el desmantelamiento de las juntas distritales que propone el Plan B ampliaría estas zonas grises. Sin personal de carrera para negociar y operar en territorio, la cifra de casillas no instaladas podría pasar de cientos a miles el próximo año.
A esto hay que añadir que los OPLES llegaron al proceso de 2024 en semáforo rojo presupuestal. En estados como Colima, San Luis Potosí y Nayarit, los recortes estatales fueron tan severos que los institutos locales advirtieron que no tenían dinero para imprimir boletas o pagar la renta de los locales donde se cuentan los votos. El INE tuvo que entrar al quite pidiendo crédito a los proveedores.
Este Plan B federal busca nacionalizar esta “austeridad asfixiante”. Lo que vimos en esos estados fue un ensayo de lo que podría pasar a nivel nacional en 2027 al querer convertir el INE en un órgano que tiene la ley en la mano, pero los bolsillos vacíos para ejecutarla.
Tampoco se debe olvidar y hay que ponerle un asterisco a la caída del sistema en 1988, las elecciones de jueces y magistrados, así como la revocación de mandato de AMLO que fueron fracasos costosos que atentaron contra la confiabilidad de la institución sobre todo por el conteo de votos que Sheinbaum busca modificar quitando el PREP.
Y es que cuando el control de la logística electoral (el padrón y los resultados) vuelve a ser operado por estructuras debilitadas o centralizadas, el riesgo no es solo que la elección sea mala, sino que sea inexistente por falta de certidumbre de sus resultados.
Al violentar la estabilidad de los ocho mil 500 profesionales que tienen las llaves de las bodegas y el control de los sistemas, el Gobierno activa una bomba de tiempo. Sin ellos, el primer domingo de junio de 2027 podríamos despertar con boletas guardadas y urnas vacías.
Según la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, si no se instalan o se anulan las votaciones en el 20% de las secciones, por falta de personal capacitado, se puede declarar la nulidad de la elección en todo el país. Es, literalmente, el punto de no retorno. Una democracia sin operarios no es una democracia barata; es una nación en vilo cuyas consecuencias de ingobernabilidad apenas alcanzamos a vislumbrar.
EN FIN, por hoy es todo, mañana le seguimos si Dios quiere.
Armando Vásquez Alegría es periodista con más de 35 años de experiencia en medios escritos y de internet, cuenta licenciatura en Administración de Empresas, Maestría en Competitividad Organizacional y Doctorando en Administración Pública. Es director de Editorial J. Castillo, S.A. de C.V. y de “CEO”, Consultoría Especializada en Organizaciones.
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