El Registro Nacional de Personas Sancionadas reporta 78 mujeres castigadas por violencia política de género; de ellas 33 son gobernadoras, presidentas municipales o síndicas, la mayoría afiliadas a Morena
Tomado de El Sol de México
Juan Carlos Rodríguez
Sábado 14 de marzo de 2026
Por cada cinco hombres que ejercen violencia política en razón de género hay una mujer que comete la misma infracción, de acuerdo con la base de datos del Instituto Nacional Electoral (INE).
De las 435 personas inscritas en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, 78 son mujeres, es decir, 18 por ciento del total. De ellas 33 son gobernadoras, presidentas municipales o síndicas, la mayoría afiliadas a Morena
Entre las sancionadas predominan autoridades municipales, lo que revela que los conflictos más frecuentes se producen en el ámbito local, donde las disputas por el poder y la administración de recursos suelen ser más directas.
De las 78 mujeres sancionadas, 12 son o eran presidentas municipales (tres de ellas son reincidentes y tienen sanciones más elevadas), 21 son o eran regidoras o síndicas, seis periodistas y 21 son ciudadanas sin militancia ni cargo público, entre otras.
También aparece una gobernadora. Se trata de la mandataria de Campeche, Layda Sansores, quien fue sancionada por realizar expresiones en el programa “El Martes del Jaguar” con las que denostó a las víctimas, “realizando comentarios de connotación sexual y afirmó que existe una subordinación de las víctimas hacia un hombre para acceder a sus cargos públicos”.
De las 33 mujeres que ostentaban un cargo público cuando se les agregó registro del INE, 12 están afiliadas a Morena, tres al PRD, dos al PAN, dos a Movimiento Ciudadano, dos al PT, una al Partido Verde, una al PRI, una al PES y una al partido local Chiapas Unido. Cinco de ellas no tienen adhesión partidista por estar dentro del régimen de usos y costumbres y en tres casos no se pudo confirmar su militancia.
El artículo 38 constitucional establece que una persona no puede aspirar a la candidatura a un cargo de elección popular mientras su nombre se encuentre en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política en Razón de Género, cuya permanencia es variable en función de la gravedad de la falta.
Según el acuerdo INE/CG269/2020, una persona que cometió una falta leve estará en en registro durante tres años, una falta ordinaria amerita cuatro años, una falta especial se sanciona con cinco años, mientras que los reincidentes estarán en el padrón durante seis años.
La ley electoral establece varias agravantes, entre ellas que la violencia la cometan personas servidoras públicas, aspirantes a una candidatura independiente, precandidatos, candidatos o profesionales de los medios de comunicación.
Las sanciones son más severas cuando dicha violencia se ejerza contra una mujer perteneciente a una comunidad indígena, afromexicana, de la tercera edad, personas de la diversidad sexual o con discapacidad.
El caso más grave, de una mujer
Una concejal oaxaqueña denunció en 2022 que su superior mandó colocar en medio de un pasillo una mesa y una silla de madera, y la puso a trabajar sin proporcionarle siquiera un lápiz o una hoja; la llamó “ignorante” e “incompetente”, y por meses se negó a pagarle la dieta que por ley le correspondía.
Un año después, una regidora oaxaqueña denunció a la misma persona por impedirle el acceso a su espacio laboral; la demanda incluía señalamientos por agresiones verbales que buscaban denigrarla por estar embarazada y por no convocarla a las sesiones de cabildo con el objetivo de acusarla de faltar a su trabajo y descontarle días de salario.
En 2024, otra regidora demandó a la misma persona por negarse a facilitarle los expedientes contables, administrativos y financieros del municipio donde se lleva registro de la cuenta pública, contrataciones y ejecución de obras, además de usurpar funciones y retenerle el pago de sus dietas con el pretexto de que no estaba cumpliendo con su trabajo.
El nombre de la persona agresora es Maricela Morales Gutiérrez, fue presidenta municipal de Ciénega de Zimatlán, Oaxaca, entre 2022 y 2024, y actualmente tiene el récord de haber recibido la sanción más elevada en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contras las Mujeres en Razón de Género, superando incluso las amonestaciones aplicadas a varones.
El Registro Nacional de Personas Sancionadas señala que Morales Gutiérrez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), incurrió en violencia verbal, psicológica, simbólica y física, por lo que estará en la base de datos hasta abril de 2039, tiempo en el que estará imposibilitada para competir por cargos de elección popular.
En un artículo titulado “¿Puede una mujer cometer actos de violencia de género contra otra mujer?”, el sitio IUS360.com, especializado en estudios jurídicos, señala que “una mujer puede cometer actos de violencia de género cuando los mismos son ejercidos contra la mujer por su condición de tal, discriminándola por no encasillarse en aquellos estereotipos que la sociedad ha ligado a lo que significa ser mujer”.
El análisis refiere que “no podemos excluir la posibilidad de que una mujer ejerza violencia de género contra otra mujer, ya que una mujer como parte de una sociedad en la que se ha estereotipado a la mujer puede compartir, defender y promover tales estereotipos, de manera que puede victimizar a otra mujer por su condición de tal”.
Oaxaca es la entidad donde se reportan más casos de mujeres que incurren en violencia política en razón de género, con 29 casos, seguida de Chiapas (10) y Guanajuato (siete).
Entre las 78 sancionadas hay 13 casos de reincidencia, es decir, que acumulan dos o más casos de violencia contra las mujeres en razón de género.
Entre ellas están las presidentas municipales de Ciénega de Zimatlán, Oaxaca, Marcela Morales Gutiérrez; las de El Espinal, Oaxaca, Yuridia Pineda Ordaz y Kelly Jannet Cabrera; la de San Jacinto Amilpas, Oaxaca, Yolanda Adelaida Santos; la de Villa Tejupam, Oaxaca, Leticia Bautista Sánchez; las de Catazajá, Chiapas, María Fernanda Dorantes y Marcela Avendaño Gallegos, y la de Reforma, Chiapas, Yesenia Judith Martínez.
La Estrategia para la Prevención y Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género 2026-2031, publicada el pasado 30 de enero por el INE establece que “esta manifestación de violencia se ejerce con el fin de limitar, condicionar o anular la participación política de las mujeres, especialmente aquellas que desafían las normas patriarcales al ocupar espacios de decisión o representar agendas feministas y de derechos humanos”.
En contextos donde la paridad avanza en lo formal, pero persiste la exclusión en lo simbólico y material, “la violencia política se configura como una respuesta reactiva del sistema patriarcal para conservar el poder”, añade
De las 33 mujeres sancionadas y que tienen militancia partidista, 10 estarán en el padrón hasta 2026, por lo que, en teoría, no tendrían impedimento para participar en el proceso electoral de 2027, en el que estarán en disputa 17 gubernaturas, 500 diputaciones federales, más de 680 presidencia municipales y más de mil diputaciones locales.
Las restantes 23 mujeres sancionadas sí tendrían impedimento para aspirar a una candidatura, ya que cuatro estarán en el registro hasta 2027, siete hasta 2028, seis hasta 2029, cuatro hasta 2030 y una hasta 2031. El caso más extremo es el de la perredista Maricela Morales, quien estará más de una década.