Columna Archivo Confidencial
Armando Vásquez Alegría
Plan B: el latigazo de Sheinbaum
Jueves 12 de marzo de 2026
COMO LA REFORMA Constitucional (que requería 334 votos) fue rechazada por la falta de apoyo del PT y el PVEM (quienes se rebelaron para cuidar sus intereses), la Presidenta optará por modificar leyes que solo requieren mayoría simple (251 votos), donde Morena sí tiene los números, aunque muy apenitas: 253.
Ese Plan B se manejaría a través de cambios operativos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y/o la Ley General de Partidos Políticos.
Lo que no puede hacer es eliminar pluris por el candado constitucional (Art. 52 y 54), tampoco elección de consejeros por voto popular (el método de designación está blindado en el 41) y mucho menos el financiamiento a los partidos, pues está en la Constitución la fórmula de dinero público para garantizar equidad.
La presidenta puede atacar la “operatividad” y el presupuesto, que son puntos clave de su Decálogo por la Democracia reduciendo la estructura administrativa del INE (fusionar direcciones, eliminar vocalías locales), así como establecer reglas sobre el uso de inteligencia artificial en campañas, facilitar los mecanismos tecnológicos para el voto en el extranjero y endurecer la fiscalización y prohibir aportaciones en efectivo, vinculando directamente al INE con la UIF.
A diferencia de la reforma constitucional, que al ser desechada no puede volver a presentarse en las sesiones de este año (según el Artículo 72, inciso G de la Constitución), el “Plan B” no es la misma iniciativa.
Como se trata de modificar leyes distintas Morena puede presentarla mañana mismo. Ricardo Monreal ya adelantó que “comenzarán a construirlas de inmediato”. El oficialismo tiene exactamente 80 días (31 de mayo a las 12 de la noche que conforman los 90 días legales antes del inicio del período electoral en septiembre) para que su ‘Plan B’ de leyes secundarias esté publicado en el Diario Oficial.
Y sí, de nueva cuenta llevarían las de perder el PVEM y el PT. Veamos. Históricamente, los partidos grandes “cedían” un porcentaje de su votación a los pequeños a través de los convenios de coalición para asegurar que estos no perdieran el registro (el famoso 3% mínimo).
Si el Plan B de Sheinbaum endurece las reglas de fiscalización y prohíbe explícitamente la transferencia de votos en los convenios de leyes secundarias, el PT y el PVEM tendrían que conseguir sus votos solos. En estados como Sonora, donde el PT a veces depende de la inercia de Morena, esto podría significar su desaparición legal.
La propuesta incluye que los partidos reporten sus gastos diariamente al INE. Tanto el PVEM como el PT operan con estructuras mucho más informales que Morena. Una fiscalización en tiempo real y la prohibición de aportaciones en efectivo les quita el “oxígeno” financiero con el que suelen operar sus campañas territoriales. Sin dinero en efectivo para la movilización, sus estructuras pierden fuerza de choque.
A su vez, en la búsqueda de optimización de los tiempos oficiales, actualmente, en una coalición, el PVEM y el PT gozan de una exposición mediática desproporcionada a su tamaño real de votación. Si la ley secundaria redistribuye los tiempos de aire basándose estrictamente en la votación individual del proceso anterior (donde Morena arrasó), los aliados quedarán prácticamente invisibles en las pautas de radio y televisión durante el 2027.
Ahora bien, la presidenta aún tiene una jugada maestra bajo la manga en caso de que le quieran tumbar el Plan B o no se apeguen a sus designios que son los del pueblo, venenosamente sabe, así como los del PVEM y PT, que en la Ley de Partidos Políticos es factible incluir una cláusula en los estatutos de manera inmediata que diga:
“Para garantizar la equidad y la vida democrática interna, los partidos no podrán postular a familiares en primer grado para el mismo cargo en periodos consecutivos”. Esto no contradice el 2030 constitucional (que es más amplio), sino que pone una regla de operación para el 2027. Morena ya predicó con el ejemplo.
Es suficiente con que la ley secundaria establezca que para recibir financiamiento público o registrar coaliciones, los partidos deben demostrar (de allí los estatutos) que sus procesos de selección internos prohíben la postulación de familiares directos.
Claro está, el no al nepotismo es un tema tabú dentro del mismo Morena pues si Sheinbaum hubiera lanzado esta bomba atómica hoy, no solo se echa encima a Manuel Velasco y Alberto Anaya, sino a media bancada de Morena en los estados donde hay apellidos que se repiten en alcaldías y distritos, pero sobre todo porque les quitaría la “última oportunidad” para heredar sus cargos en este 2027.
Si el PVEM y el PT siguen de rebeldes para mayo, ella podría usar esto como amenaza real; por eso siguen aterrorizados. La Presidenta tiene el destino de las franquicias familiares en sus manos.
EN FIN, por hoy es todo, mañana le seguimos si Dios quiere.
Armando Vásquez Alegría es periodista con más de 35 años de experiencia en medios escritos y de internet, cuenta licenciatura en Administración de Empresas, Maestría en Competitividad Organizacional y Doctorando en Administración Pública. Es director de Editorial J. Castillo, S.A. de C.V. y de “CEO”, Consultoría Especializada en Organizaciones…
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