Ellas representan el 92.8 por ciento de las víctimas de violencia sexual atendidas en hospitales entre 1 y 17 años, el 66.6 por ciento de las personas menores de edad reportadas como desaparecidas y el 73.4 por ciento de las víctimas de trata en la infancia y adolescencia.
Tomado de El Imparcial
Claudia Ulloa
Domingo 8 de marzo de 2026
MÉXICO.- Durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer (8M), la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) presentó un análisis que visibiliza las desigualdades estructurales que enfrentan las niñas y adolescentes en el país.
De acuerdo con la organización, este sector representa el 49.3 por ciento de la población de cero a 17 años, pero concentra la mayoría de los casos en delitos de alto impacto.
El informe de Redim también revela que la violencia no solo ocurre en el ámbito familiar o comunitario, sino también en espacios cotidianos como la escuela y el entorno digital.
A nivel nacional, el porcentaje de estudiantes de 12 a 17 años que han sido víctimas de acoso escolar es mayor entre las mujeres que entre los hombres.
La misma tendencia se observa en el ciberacoso y el ciberacoso sexual, donde las adolescentes son las principales afectadas.
Alerta de Violencia de Género: ¿Un mecanismo en retroceso?
Mientras las cifras de violencia contra niñas y mujeres aumentan, los mecanismos diseñados para protegerlas enfrentan un debilitamiento preocupante.
Así lo denunció el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), que advirtió que la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) se encuentra “debilitada, opaca e ineficiente”.
La AVGM es uno de los instrumentos más importantes del Estado mexicano para enfrentar las violencias graves contra mujeres, niñas y adolescentes.
Sin embargo, el OCNF señala que a un año de que la Secretaría de las Mujeres asumiera su seguimiento, no se observan avances significativos.
El punto más crítico, según el observatorio, es la reciente reforma al artículo 23 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Esta modificación eliminó la obligación expresa de que los estados con alerta activa informen cada seis meses sobre el cumplimiento de las medidas.
Ahora, los informes quedan sujetos a lo que determine un sistema nacional que, en la práctica, “ha demostrado ser ineficiente y ajeno a las problemáticas estatales”.
El OCNF recordó que este sistema ya había mostrado su inacción en el pasado, cuando tenía la facultad de iniciar investigaciones para declarar la AVGM, atribución que nunca ejerció ni una sola vez.
Lo que estamos viendo no es un fortalecimiento del Estado frente a la violencia feminicida, sino un debilitamiento de los mecanismos que costaron años de lucha construir. Quitar la obligatoriedad de los informes, centralizar decisiones sin rendición de cuentas y plantear el levantamiento de Alertas sin evaluaciones públicas y técnicas es un mensaje claro de retroceso en la protección de los derechos de las mujeres“.
— María de la Luz Estrada, directora del OCNF.
Mujeres indígenas y desplazamiento forzado
La organización Voces del Territorio de México, que agrupa a mujeres indígenas, expuso cómo el desplazamiento forzado afecta de manera particular a las mujeres de comunidades originarias.
De acuerdo con la organización, las mujeres desplazadas no solo pierden su hogar y su territorio, sino también su red comunitaria, su seguridad y los espacios donde ejercían roles fundamentales de cuidados, creación, preservación y continuación del modo de vida comunitario y familiar.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas ha documentado que el desplazamiento coloca a las mujeres en un escenario de múltiples riesgos.
Al asumir la jefatura del hogar tras la desaparición, muerte o separación de sus parejas, triplican las tareas de cuidado de hijos, personas adultas mayores y familiares enfermos, en contextos de precariedad extrema.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que los contextos de conflicto y movilidad forzada incrementan significativamente la violencia basada en género. Las mujeres desplazadas enfrentan:
Pérdida de su hogar y proyecto de vida.
Precariedad económica y falta de oportunidades laborales.
Barreras en el acceso a servicios de salud, incluyendo salud sexual y reproductiva.
Afectaciones profundas a su bienestar emocional, con altos niveles de estrés, ansiedad y depresión.
Mayor exposición a violencia física, psicológica y sexual en entornos temporales y albergues.
Foto: Forbes.
¿Qué se necesita para atender a las mujeres desplazadas?
Voces del Territorio planteó que las políticas públicas y las intervenciones humanitarias deben incorporar un enfoque de género integral que garantice:
Acceso a servicios de salud incluyendo salud sexual y reproductiva.
Mecanismos de prevención y atención de la violencia de género.
Acompañamiento psicosocial con perspectiva cultural, que reconozca las particularidades de las comunidades indígenas.
Procesos de reparación integral y acceso a la justicia para las víctimas.
Orientación hacia la reconstrucción del proyecto de vida de las mujeres desplazadas.
“La atención a mujeres desplazadas no debe limitarse a la asistencia inmediata, sino orientarse hacia la reconstrucción de su proyecto de vida, reconociendo su papel como agentes fundamentales en la resiliencia y reconstrucción comunitaria”, subrayó la organización.
Las denuncias de Redim, el OCNF y Voces del Territorio se enmarcan en un 8M donde colectivos feministas, organizaciones civiles y ciudadanas saldrán a las calles de todo el país para exigir acciones concretas contra la violencia de género.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2024 se registraron más de 800 feminicidios en México, aunque organizaciones civiles señalan que la cifra negra podría ser mucho mayor debido a la falta de investigación adecuada de muchos homicidios de mujeres.
Además, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reporta que miles de niñas y adolescentes continúan en calidad de desaparecidas, muchas de ellas víctimas de redes de trata con fines de explotación sexual.
Las organizaciones civiles coinciden en que el 8M no debe ser solo una fecha de conmemoración, sino un recordatorio de que las deudas del Estado mexicano con las niñas, adolescentes y mujeres siguen vigentes y requieren acciones inmediatas para evitar más víctimas de la violencia feminicida, la desaparición, la trata y el desplazamiento forzado.