Columna Archivo Confidencial
Armando Vásquez Alegría
Ruta legal hacia el autoritarismo
Lunes 19 de enero de 2026
Las reformas electorales rara vez son ejercicios técnicos inofensivos. Mucho menos cuando se impulsan desde el poder y en momentos de alta tensión política como la que vive México en estos momentos en los que Trump pisa fuerte y a Sheinbaum/AMLO les urge que inicie la transformación del proceso lo más pronto posible y se apruebe la iniciativa de ley en febrero.
El futuro del INE no es un hecho aislado, sino parte de una secuencia observada en otros países que transitaron de democracias competitivas hacia regímenes cerrados que, en un check list, pudiéramos considerar este paso como el que va a mitad del camino.
Veamos.
La historia comparada muestra que estos procesos que llevan a un país al precipicio, suelen iniciar con una llegada legítima al poder. Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Hungría accedieron al gobierno mediante elecciones reales, con amplio respaldo popular y promesas de transformación. La legitimidad de origen se convierte en el capital político inicial que habilita cambios posteriores sin resistencia inmediata.
Una vez en el poder, el siguiente movimiento recurrente, es la deslegitimación del sistema previo, el mismo que les encumbro. Así, el órgano electoral existente es descrito como costoso, corrupto o capturado por élites. El discurso no apunta aún al control, sino a la necesidad de “corregir excesos” y “devolverle el poder al pueblo”, debilitando así la confianza pública en el árbitro.
Con la credibilidad erosionada, llegan las reformas presentadas como técnicas. Se habla de austeridad, eficiencia y modernización. Se reducen presupuestos, se reorganizan estructuras y se modifican procesos administrativos. El impacto político se minimiza pues no hay quienes se le opongan realmente, aunque las consecuencias institucionales son profundas.
El paso decisivo ocurre cuando el órgano electoral deja de ser independiente en la práctica, aunque conserve autonomía en el papel. El cambio suele darse mediante la designación de autoridades alineadas o dependientes del poder político. El árbitro sigue existiendo, pero ya no es impredecible ni incómodo para el gobierno.
En estos países mencionados apareció otro patrón central: la modificación de las reglas de representación. Redistritación favorable, reducción de escaños compensatorios o relajación de límites a la sobrerrepresentación que permiten convertir minorías de votos en mayorías parlamentarias. Hungría ejemplifica cómo este mecanismo puede consolidar el poder sin prohibir elecciones.
Las elecciones, lejos de desaparecer, se vuelven frecuentes. El calendario democrático se mantiene, pero la incertidumbre disminuye. El oficialismo puede perder votos, incluso apoyo social, pero rara vez pierde el gobierno. La competencia persiste solo en apariencia.
De manera paralela, el aparato estatal comienza a jugar un papel estructural en los procesos electorales. Programas sociales, comunicación gubernamental constante y recursos públicos se integran al ecosistema político. No siempre es ilegal, pero sí profundamente asimétrico.
El punto de quiebre más delicado aparece cuando se debilita el control judicial. En los casos analizados, el poder avanza cuando se deja de temer a los tribunales. Cambian reglas de nombramiento, se presiona a jueces o se ignoran sentencias. La legalidad se vuelve flexible frente al poder.
Con el árbitro electoral alineado y la justicia neutralizada, la alternancia se vuelve prácticamente imposible. Aunque la oposición compite, enfrenta obstáculos legales, administrativos y financieros constantes. La derrota deja de depender del voto ciudadano y pasa a depender del diseño institucional.
En esta fase surgen mecanismos de criminalización selectiva. No hay persecuciones masivas, sino casos ejemplares. Investigaciones administrativas, inhabilitaciones o procesos penales generan un clima de disuasión que limita la acción política adversaria.
Con el tiempo, el nuevo orden se normaliza. La participación electoral disminuye, la sociedad se adapta y la comunidad internacional aprende a gestionar la relación. El debate ya no es si el régimen es democrático, sino cómo convivir con él.
México no ha recorrido por completo este camino, pero la discusión sobre la reforma electoral se ubica claramente en la mitad de esta trayectoria. El intento de modificar al INE, reducir plurinominales o alterar reglas de asignación no es menor. En otros países, ese fue el punto donde la competencia comenzó a desaparecer.
Ninguna reforma aislada convierte a una democracia en dictadura. El riesgo surge cuando confluyen varios factores: un árbitro debilitado, reglas electorales favorables al poder y un Poder Judicial bajo presión. Es la coincidencia, no la reforma individual, lo que define el rumbo.
En este contexto, la propuesta de elegir juzgadores adquiere un peso decisivo. En la experiencia comparada, el punto de no retorno no fue el órgano electoral, sino la pérdida de independencia judicial. Cuando el poder ya no puede ser frenado por tribunales, las elecciones dejan de ser una vía real de cambio.
Las democracias rara vez mueren con tanques en las calles. Mueren mediante reformas legales aprobadas por mayorías legítimas. El deterioro no es abrupto, sino acumulativo, técnico y, durante un tiempo, reversible.
La reforma electoral, por tanto, no es un asunto administrativo. Es un indicador temprano de la dirección política de un país. México aún se encuentra en una etapa donde las decisiones importan. La experiencia comparada demuestra que el margen para corregir se reduce rápidamente.
No se trata de alarmismo ni de consignas. Se trata de memoria política. La historia reciente ofrece suficientes ejemplos para saber que, cuando las reglas del juego cambian desde el poder, el juego mismo deja de ser justo.
EN FIN, por hoy es todo, mañana le seguimos si Dios quiere.
Armando Vásquez Alegría es periodista con más de 35 años de experiencia en medios escritos y de internet, cuenta licenciatura en Administración de Empresas, Maestría en Competitividad Organizacional y Doctorando en Administración Pública. Es director de Editorial J. Castillo, S.A. de C.V. y de “CEO”, Consultoría Especializada en Organizaciones…
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