Cuando legislar sin datos también mata

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Columna Olor A Dinero

Feliciano J. Espriella

Cuando legislar sin datos también mata

Vierne3s 9 de enero de 2026

(Segunda de dos entregas)

Las fotomultas funcionan. Así lo confirman estudios internacionales y experiencias locales como la de Hermosillo, que logró resultados alentadores sin siquiera haber aplicado sanciones. El verdadero problema no fue técnico, sino legislativo.

En la entrega anterior se planteó la gravedad de la crisis vial en Hermosillo. Hoy toca centrarse en los datos. Lo más preocupante del rechazo a las fotomultas por parte del Congreso local no es la decisión en sí, sino que parece haberse tomado sin conocimiento de la evidencia técnica ni del diagnóstico ya generado por el propio municipio.

Las fotomultas no son una moda ni una trampa para recaudar. Son una política pública estudiada globalmente. Instituciones como la Organización Cochrane han demostrado que los sistemas automatizados de control de velocidad reducen significativamente los accidentes y las muertes. En países como Reino Unido, Francia y España, las cámaras han disminuido hasta en 71% los accidentes fatales. No es autoritarismo, es física: por cada 1% que aumenta la velocidad promedio, el riesgo de muerte sube 4%. Reducir velocidad salva vidas. En Londres, la instalación de radares se tradujo en 42% menos muertos o heridos graves.

En México, el caso más sólido es la Ciudad de México. Entre 2015 y 2018, las fotomultas redujeron 10% los homicidios viales y 22% los lesionados. Cuando en 2019 se cambiaron las multas por sanciones comunitarias (fotocívicas), los incidentes bajaron otro 31% en las zonas vigiladas. Puebla y Guadalajara muestran efectos similares: en el Periférico Ecológico poblano las lesiones graves disminuyeron sostenidamente, y en Guadalajara, avenidas peligrosas dejaron de ser pistas de carreras gracias a radares visibles y permanentes.

Cuando estos sistemas fracasan, no es por la tecnología, sino por la mala gestión. Los mejores modelos tienen tres elementos clave: señalización clara (para disuadir, no sorprender), reinversión transparente del dinero recaudado, y mantenimiento técnico confiable. Si estos factores fallan, el respaldo ciudadano se erosiona. Pero si se cumplen, la aceptación aumenta.

Hermosillo arrancó bien. En 2025 instaló arcos de seguridad en sus principales entradas. Durante un periodo de prueba entre agosto y diciembre, no se cobraron multas. Solo se midió y diagnosticó. En esos 25 días, se detectaron más de 200 mil vehículos a velocidades superiores a 80 km/h, en zonas con límites mucho menores. Algunos iban a más de 140 km/h en plena entrada urbana. Esto no es un caso aislado: es una muestra de riesgo sistemático.

Aun antes de esto, Hermosillo había reducido el límite de velocidad a 50 km/h en bulevares principales, lo que derivó en una baja del 11% en siniestros entre 2023 y 2024. Los accidentes no desaparecieron, pero se volvieron menos frecuentes y menos violentos.

A pesar de estos avances, el Congreso bloqueó el cobro de fotomultas en la Ley de Ingresos de 2026, alegando razones recaudatorias y falta de socialización. Pero la socialización ya estaba en marcha, y la información técnica disponible era suficiente para una evaluación seria.

Aquí la irresponsabilidad se vuelve institucional. Porque legislar sin datos también mata. Otras ciudades como Saltillo, Chihuahua y Monterrey han reducido muertes viales gracias a decisiones legislativas con base en evidencia: consensos tempranos, ajustes inteligentes y enfoques híbridos con tecnología para tránsito y seguridad.

Hermosillo, en cambio, quedó en el limbo: tiene la tecnología, el diagnóstico, la evidencia local e internacional… pero no tiene certeza legal. El dato más simple y elocuente lo ofrece la OMS: un peatón atropellado a 60 km/h tiene 85% de probabilidad de morir; a 30 km/h, solo 10%. Toda la discusión sobre cámaras, multas y límites se resume en esa diferencia.

Tal vez el problema no sea la falta de datos, sino la falta de voluntad para asumir el costo político de decisiones impopulares pero necesarias. Gobernar, y legislar, no es congraciarse con el infractor, sino proteger al indefenso.

En Hermosillo, los datos ya hablaron. Falta que los legisladores quieran escucharlos.

Me despido con un comercial: sintonicen a las 6:10 AM, “La Caliente” 90.7 FM., el colega y amigo José Ángel Partida me abre un espacio en su noticiero en el que comentaremos con más detalle esta columna. ¡No se lo pierdan!

Por hoy fue todo, gracias por su tolerancia y hasta la próxima.

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