-La diputada de Movimiento Ciudadano votó en contra, al considerar que prioriza deuda y gasto administrativo por encima de salud, justicia y prevención.
-Todas las reservas presentadas por la legisladora emecista fueron rechazadas por Morena y aliados, manteniendo intacta la propuesta del Ejecutivo.
-Aumento en Protección Civil se concentra en subsidios y transferencias, no en prevención ni supervisión.
-El Apéndice O para Niñas, Niños y Adolescentes, carece de indicadores y diagnósticos que garanticen resultados reales
Hermosillo, Sonora, 4 de diciembre de 2025.- La diputada Gabriela Félix, de Movimiento Ciudadano, votó en contra del Paquete Económico 2026 al señalar que, aunque el gobernador lo presentó como una “declaración de prioridades”, el presupuesto demuestra que la salud, la justicia, la prevención y las infancias no están entre ellas.
Recordó que el presupuesto asciende a 92 mil millones de pesos, pero crece sin una planeación clara y con incrementos que afectan directamente a la ciudadanía. Aunque se aseguró que no habría nuevos cobros, se elevan de forma considerable los existentes: concesiones con aumentos superiores al 80%, placas y licencias alrededor del 20% y trámites del Registro Público cerca del 24%. “Decir que no hay nuevos cobros, pero subir los actuales muy por encima de la inflación, termina siendo lo mismo para la gente”, expresó.
Gabriela Félix destacó que Sonora sigue dependiendo de la Federación para dos terceras partes del presupuesto, mientras la deuda estatal ya supera los 5 mil 400 millones de pesos, con un aumento de más de 400 millones en los últimos dos años.
Uno de los recortes más delicados, advirtió, es el destinado al Poder Judicial. Para 2026, el Ejecutivo propone reducir casi 142 millones de pesos, justo cuando Sonora debe implementar el nuevo modelo de justicia civil y familiar, que atenderá el 60% de los casos que hoy esperan sentencia. “Si no se invierte ahora, tendremos un sistema colapsado mañana”, afirmó.
En salud, lamentó la reducción de 819 millones de pesos en programas esenciales como trasplantes, VIH, salud mental, neurodesarrollo y vigilancia epidemiológica. También señaló que de todo el presupuesto estatal para salud, más del 70% se destina a personal administrativo y menos del 30% al personal médico. Recordó que, aunque los servicios fueron transferidos al IMSS-Bienestar, el convenio obliga al Gobierno del Estado a seguir respondiendo con recursos propios. “No pueden excusarse en la federación para justificar recortes”, afirmó.
En materia de Protección Civil, la diputada recordó que Sonora ha vivido tragedias dolorosas, como Plaza Tutuli, la Guardería ABC, Beer House y Waldo’s, que marcaron al estado y demostraron la importancia de la prevención. Sin embargo, señaló que este presupuesto no fortalece la inspección, la supervisión ni la capacitación, pues no crea nuevas plazas, no mejora la normatividad y reduce incluso los recursos para profesionalización. En contraste, el 88% del aumento anunciado se canaliza a una sola partida de subsidios y ayudas, la misma que en años anteriores se ha utilizado para compras masivas y rápidas de insumos que fueron observadas por fiscalización por falta de justificación o irregularidades. “Mientras no se invierta en prevenir, el riesgo de nuevas tragedias sigue abierto”, advirtió.
La diputada también llamó la atención sobre el caso del relleno sanitario de Puerto Peñasco, incluido dentro de un nuevo endeudamiento estatal. Denunció que se pretende financiar una “segunda etapa” de la obra cuando la primera ni siquiera existe y que el predio señalado para su construcción ha sido reclamado públicamente por una particular como propiedad privada. “No hay proyecto ejecutivo, no hay primera etapa y no hay certeza sobre el terreno”, cuestionó.
Respecto a las niñas, niños y adolescentes, celebró que, por primera vez se incluya un apartado específico, el llamado Apéndice O, que reúne el gasto destinado a este sector; sin embargo, advirtió que llega sin diagnósticos, indicadores ni metas que permitan saber si ese dinero realmente mejorará su bienestar. Señaló que, en Sonora hay 71 mil niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo infantil y que, sin información clara, este apartado “corre el riesgo de convertirse en un simple listado de montos sin rumbo”.
La diputada presentó reservas para modificar el Paquete Económico, pero todas fueron rechazadas por Morena y sus aliados. Entre ellas, buscó frenar cambios al Código Fiscal que limitarían los derechos de defensa de los contribuyentes y que permitirían al Gobierno alargar de forma discrecional los plazos de cobro en vehículos con “baja administrativa”. También propuso mejorar la forma en que se evalúa el gasto dirigido a niñas, niños y adolescentes mediante indicadores y metas claras. Ninguna de estas propuestas fue aprobada, dejando sin ajustes un presupuesto que, afirmó, necesitaba mayor transparencia, prevención y enfoque social.
Gabriela Félix concluyó que, si este presupuesto es la “declaración de prioridades” del Gobierno, queda claro que la ciudadanía no está en esa lista. Por ello, votó en contra de un dictamen que “condena a Sonora al estancamiento social y económico”.