Con 328 votos a favor, cinco abstenciones y 131 sufragios en contra, se avaló la iniciativa propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, para pasar a su discusión en lo particular.
Tomado de El Economista
Maritza Pérez
Miércoles 3 de diciembre de 2025
En medio de un debate ríspido, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbauam para expedir una Ley General de Aguas, así como diversas modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales, con las que se busca definir las reglas sobre el uso de ese recurso en los procesos productivos, ordenas las concesiones, y asegurar su disponibilidad para toda la población.
En fast track, las y los diputados avalaron en lo general, con 328 votos a favor, 131 en contra y 5 abstenciones, el dictamen que tan sólo unas horas antes habían aprobado en comisiones.
La discusión continúa en lo particular, en espera de que la sesión se alargue hasta la madrugada debido a que se discutirán 529 reservas, de las cuales se prevé la aprobación de, al menos, 18 de ellas.
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A lo largo de su análisis, dicha iniciativa ha sufrido más de 50 modificaciones, principalmente a raíz de las demandas de organizaciones campesinas que advertían que la propuesta original les causaba graves afectaciones, tales como una reducción en sus volúmenes de agua concesionada; ambigüedades en el caso de heredar o transmitir el binomio tierra–agua y su criminalizados por prácticas tradicionales de abasto para ganado o parcelas.
Todo ello provocó movilizaciones de los agricultores, quienes desde muy temprano cercaron con tractores los alrededores de San Lázaro como forma de presión para que los legisladores modificarán, todavía más, la iniciativa presidencial.
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De acuerdo con el dictamen, con estas modificaciones se busca establecer que el Estado Mexicano será el único responsable de regular el uso de agua delineando las acciones que deberán asumir las autoridades de los tres órdenes de gobierno.
Asimismo, se desaparece el régimen de transmisiones de derechos de agua entre particulares y se determina que toda concesión de agua que no sea utilizada para los fines autorizados deberá regresar a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para que ésta decida una mejor distribución y aprovechamiento de ese recurso.
De igual forma incorporar un catálogo de conceptos, sobre responsabilidad hídrica para reconocer las prácticas que tendrán las personas concesionarias o asignatarias, al tiempo que se crea un Registro Nacional del Agua como herramienta que favorezca el control y transparencia del régimen de concesiones y asignaciones.
Se modifican las reglas aplicables a la determinación del pago de la cuota de garantía y se establecen reglas aplicables a las concesiones que se otorgarán para uso agrario.
Mientras que se llama a fortalecer el procedimiento para detectar usos irregulares del agua y el incumplimiento de obligaciones, así como el régimen de sanciones para inhibir este tipo de conductas, lo anterior al incluir un catálogo de delitos hídricos. Además reconocer los sistemas comunitarios de aguas.