Libertad para producir
Víctor Hugo Celaya noviembre 20, 2025
Jueves 20 de noviembre de 2025
Tomado de 222.sergiovalle.mx
“Sin agua, la tierra pierde valor”: esta es la máxima que define la política moderna en el mundo desarrollado. Los países que alcanzaron la seguridad hídrica ya no conciben el agua simplemente como un recurso ambiental, sino como infraestructura estratégica, tan esencial como la energía o las telecomunicaciones.
Hablar de tenencia de la tierra en México es adentrarse en nuestra historia, identidad y sobrevivencia. Desde el reparto agrario del siglo XX hasta la consolidación del sistema ejidal y las pequeñas propiedades rurales, la tierra ha representado el patrimonio que sostiene a millones de familias campesinas y ganaderas.
Sin embargo, ese patrimonio enfrenta hoy un riesgo menos visible pero inminente: la posibilidad de que la nueva iniciativa de Ley General de Aguas, enviada por el Ejecutivo Federal al Congreso, separe jurídicamente la propiedad de la tierra del derecho al agua, debilitando ambos cimientos.
Agua, tierra y producción en el mundo desarrollado
Aunque México posee una extensa tradición agropecuaria, donde el reparto agrario evolucionó hacia un equilibrio entre ejidos, colonias y pequeña propiedad, un principio estratégico ha sido constante: la tierra y el agua van juntas.
Este vínculo es también el fundamento de las economías agrícolas más avanzadas del mundo.
En Estados Unidos, los water rights no solo tienen un valor propio, sino que son comerciables y definen la productividad regional. El Estado regula volúmenes y eficiencia, pero respeta la libertad productiva y la estabilidad jurídica del agricultor. De hecho, una parcela sin derechos de agua puede depreciarse hasta en un 70% de su valor comercial.
En Canadá, las provincias administran el acceso al agua agrícola con un enfoque en la estabilidad jurídica para los productores.
En la Unión Europea, la Directiva Marco del Agua impone criterios ambientales estrictos, pero jamás condiciona qué cultivar. La regulación se centra en el cómo se usa el recurso, no en el qué se produce, y los ajustes siempre se complementan con incentivos, financiamiento y catastros transparentes.
Australia ha construido un mercado hídrico moderno donde el agua se compra, vende o arrienda en tiempo real. El productor conserva la libertad para decidir qué sembrar, adaptándose a la disponibilidad hídrica con una clara eficiencia económica.
Israel, un país desértico y ejemplo mundial en tecnificación, demuestra que el agua puede administrarse como infraestructura crítica mediante desalación, reúso masivo y tarifas técnicas. Lo que se regula es la eficiencia por metro cúbico y su aplicación más sustentable; el productor mantiene la autonomía sobre sus decisiones de siembra.
En todos estos ejemplos, el patrón es inequívoco: la seguridad jurídica del agua equivale directamente al valor de la tierra y la libertad productiva.
La iniciativa de Nueva Ley General de Aguas: riesgos y retrocesos
La iniciativa que hoy se discute propone que las concesiones de agua ya no se transmitan automáticamente. Esto significa que no se heredarían a miembros de una misma familia, no se transferirían en la venta de la propiedad comercial ni se renovarían fácilmente en instancias regionales.
En su lugar, el proceso quedaría sujeto a la aprobación centralizada de la autoridad federal del agua. Esta medida rompe con varias décadas de descententralización y genera una profunda incertidumbre patrimonial.
En regiones áridas y semiáridas (como Sonora, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Hidalgo y Guanajuato) o en zonas de temporal que dependen críticamente de la captación y distribución de lluvias, la tierra sin agua pierde valor, propósito y función social.
Un título de propiedad se vuelve un documento incompleto si el heredero debe iniciar un trámite desde cero para renovar una concesión que históricamente ha estado ligada a esa parcela.
Adicionalmente, la propuesta exige que cualquier cambio de cultivo sea notificado y autorizado previamente por la autoridad central.
Este mecanismo desconoce la realidad productiva: los agricultores ajustan sus siembras en función de los precios de mercado, la rotación de suelos, las heladas, las sequías, la disponibilidad de semillas o los cambios climáticos. Esperar meses por una autorización central puede significar la pérdida irreversible de un ciclo agrícola completo.
Es, en esencia, un retroceso institucional. Durante años, México se esforzó por fortalecer organismos de cuenca, distritos de riego, asociaciones de usuarios y juntas de agua.
Hoy, se propone concentrar todas las facultades en oficinas centrales que son inherentemente más lentas, burocráticas y distantes, sin la capacidad operativa real para gestionar renovaciones y permisos a nivel nacional.
Una administración del agua de carácter rígido y centralista se convertiría en un freno para la producción, la inversión y la herencia rural.
Si debilitamos la seguridad jurídica en el agua, inevitablemente debilitamos también la seguridad en la tierra.
El agua como asunto de seguridad nacional y de urgente modernización
México ha entrado en una etapa donde el agua es ya un tema de seguridad nacional. La perforación de más pozos, la construcción de presas y los trasvases ya no son soluciones suficientes.
El país enfrenta una crisis estructural de disponibilidad, calidad y gobernanza. Es imperativo señalar que la disponibilidad natural de agua per cápita en México ha caído dramáticamente, pasando de 10,000 metros cúbicos anuales en 1950 a cerca de 3,200 metros cúbicos en 2020 (CONAGUA, 2020), lo que nos sitúa bajo un estrés hídrico creciente.
Una nueva iniciativa debe buscar ordenar las concesiones y priorizar el consumo humano; no hay duda en ello.
Sin embargo, si no se ajusta a la actual realidad productiva del campo mexicano, puede afectar gravemente a pequeños, medianos y grandes productores agrícolas y ganaderos.
El sector agropecuario consume aproximadamente el 76% del agua concesionada en el país (IMTA, 2022); esto subraya la necesidad de invertir en eficiencia y no solo en restricción.
Administrar el agua no consiste en castigar al productor, sino en hacer compatible la productividad con la sustentabilidad.
Esto implica reconocer las diferencias regionales en disponibilidad hídrica, entre zonas de temporal y de riego por bombeo, así como las contrastantes formas de explotación y tecnologías disponibles.
El campo mexicano necesita orden, sí, pero también inversión, financiamiento, infraestructura, tecnificación, precios de garantía justos y acompañamiento institucional.
Ninguna ley funcionará si solo restringe volúmenes sin invertir en eficiencia; si impone obligaciones sin facilitar crédito; si promete equidad sin reconocer las profundas desigualdades territoriales.
¿Hacia dónde debe ir la Reforma Hídrica y Agrícola en México?
La administración del agua debe concebirse como un auténtico proyecto de país. Una nueva ley solo será útil si logra equilibrar tres principios esenciales:
-Seguridad Hídrica: Para garantizar el abasto urbano e industrial sin colapsar acuíferos.
-Sustentabilidad Productiva: Para que la agricultura y la ganadería sean aliadas, no víctimas, de la regulación.
-Justicia Territorial: Para apoyar con asistencia técnica y financiera a las regiones y a los productores más rezagados.
-El desafío no reside en la simple aprobación de una ley, sino en hacerla viable, equilibrada y productiva en el terreno.
México requiere reconocer que la escasez es real y que la competencia por el agua crecerá. La única salida de futuro es administrar mejor, no solo restringir más.
La iniciativa de Ley de Aguas enviada al Congreso debe partir de un principio contundente: la certidumbre y la seguridad para la producción.
Sin seguridad jurídica hídrica, la propiedad rural pierde su valor y la política agrícola se vuelve inviable, reviviendo viejas pugnas.
Pensando en un futuro cierto para el campo mexicano, nuestro país necesita urgentemente un modelo basado en tres pilares fundamentales:
-Contar con un Catastro Hídrico Nacional transparente y verificable.
-Garantizar la estabilidad jurídica de las concesiones, eliminando la discrecionalidad y la retroactividad.
-Promover la libertad para producir, acompañada de un ambicioso Programa Nacional de Tecnificación y Eficiencia.
Si una nueva ley incorpora estos principios (tal como lo hacen las naciones avanzadas), México podrá elevar su productividad, prevenir conflictos sociales innecesarios y proteger el valor de la tierra en el siglo XXI.
Si, por el contrario, nos alejamos de este enfoque, no solo estaremos dilatando la necesaria y urgente modernización agropecuaria del país, sino también promoviendo la fragmentación productiva, el eventual abandono de la tierra y, lo que es peor, la politización y el enfrentamiento entre las formas de producción social y privada que hoy coexisten.