A la marcha se dieron cita decenas de miles de personas que lograron llenar la plancha del Zócalo. El gobierno capitalino estimó en apenas 17 mil personas el número de asistentes.
Tomado de Proceso
Ximena Arochi
Sábado 15 de noviembre de 2025
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al menos 120 personas heridas y 40 detenidos dejaron los violentos enfrentamientos que se produjeron el sábado a las puertas del Palacio Nacional entre policías e integrantes del llamado bloque negro al final de la marcha de la Generación Z.
La confrontación en el Zócalo capitalino dejó una escena de golpes, pedradas y vallas derribadas, con una actuación policial que el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, y el secretario de Gobierno, César Cravioto, calificaron como “ejemplar” y aseguraron que se trató únicamente de “contención”.
Para Cravioto, la marcha fue “organizada por dirigentes la derecha” y logró su cometido “provocador”.
A la marcha se dieron cita decenas de miles de personas que lograron llenar la plancha del Zócalo. El gobierno capitalino estimó en apenas 17 mil personas el número de asistentes.
Tras los choques, la Secretaría de Gobierno (Secgob) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) convocaron a una conferencia de último momento y, como ocurrió tras la marcha pasada del 2 de octubre, Vázquez presentó un reporte exclusivo de oficiales lesionados, sin mencionar un saldo de ciudadanos afectados.
El jefe de la policía capitalina informó que 60 oficiales resultaron con heridas menores y que 40 fueron trasladados a un hospital, 36 de ellos por contusiones.
Solo después del cuestionamiento directo de reporteros, reconoció que 20 ciudadanos también resultaron lesionados, “con heridas menores”, a pesar de que en redes sociales abundaron videos y fotografías que mostraban a personas con heridas abiertas en la cabeza y en distintas partes del cuerpo.
El funcionario precisó que los uniformados detuvieron a 20 personas que fueron presentadas al Ministerio Público, además de otras 20 remitidas por faltas administrativas. Sin embargo, evitó referirse a la violencia con la que se registraron estas detenciones.
Proceso documentó actos en los que grupos de policías golpearon y arrastraron a manifestantes e incluso a ciudadanos que no participaban en la protesta.
Las detenciones comenzaron después de las 15:00 horas, cuando los elementos iniciaron una estrategia de avanzada para replegar la manifestación fuera del Zócalo capitalino. Con el uso de la fuerza, obligaron a los inconformes a retirarse hacia calles aledañas, donde comenzaron las agresiones contra ciudadanos y periodistas que cubrían los hechos, entre ellos esta reportera y un fotógrafo de La Jornada.
Para ese momento, en la plancha del Zócalo permanecía apenas alrededor de un centenar de manifestantes, por lo que los episodios de violencia policial se replicaron en el primer cuadrante de la capital.
Hubo personas de la tercera edad gaseadas con sustancias irritantes por las autoridades; madres de familia aseguraron a medios haber sido víctimas de amenazas y golpes de uniformados, así como jóvenes que fueron interceptados y derribados por más de cinco elementos.
Los policías utilizaron sus escudos para golpear a asistentes y, en algunos casos, despojaron de pertenencias a ciudadanos.
A pesar de que la prensa mencionó lo anterior a Pablo Vázquez, el funcionario reiteró su respaldo a los oficiales y se limitó a señalar que se dará seguimiento a la presunta comisión de violencia institucional ejercida por elementos bajo su mando.
En un inicio, la marcha de la Generación Z avanzó desde el Ángel de la Independencia sin presencia de policías antimotines y acompañada únicamente por elementos de tránsito.
El despliegue táctico apareció hasta la llegada al Zócalo, donde los uniformados esperaban detrás de los tapiales instalados en torno a los edificios y monumentos.
El quiebre ocurrió poco después de que el contingente ingresó por la calle 5 de Mayo, cuando algunos integrantes del bloque negro, con apoyo de ciudadanos que portaban sombreros y no llevaban el rostro cubierto, lograron derribar algunos de los tapiales que protegían Palacio Nacional.
Para el secretario de Gobierno, la justificación de la actuación policial se sostiene en lo anterior, pues insistió en que ningún elemento respondió a las provocaciones hasta que se derribó la valla.
Entonces, Cravioto afirmó que la marcha “confirmó su carácter provocador” y aseguró que su objetivo era generar daños y afectar instalaciones federales como Palacio Nacional y la Suprema Corte.
Señaló que “algunos dirigentes de la derecha” encabezaron la movilización, donde consideró que “participaron pocos jóvenes”. Frente a medios, lamentó que la oposición recurriera a la violencia en lugar de expresar sus diferencias de manera pacífica.
Con lo anterior, responsabilizó directamente a la oposición por los hechos ocurridos en el Zócalo, al sostener que fueron “dirigentes de la derecha” quienes promovieron el carácter violento y la provocación registrada durante la manifestación.
Voces policiales
Dos integrantes de la SSC, que solicitaron mantener su nombre en el anonimato, confirmaron a este medio que entre la tropa existe un descontento generalizado por el uso que —según dijeron— se hace de ellos como “carne de cañón” durante los operativos de contención en manifestaciones.
Ambos señalaron que, en su experiencia, reciben agresiones físicas y verbales sin posibilidad de responder, y que “también son humanos y sienten”. Lamentaron que en muchas ocasiones experimentan impotencia ante la obligación de permanecer inmóviles frente a los ataques.
El malestar, explicaron, contribuye a entender la violencia ejercida por policías contra manifestantes durante la movilización de este sábado 15 de noviembre re en el Zócalo.
Y reconocieron que, a diferencia de otras marchas, en esta ocasión recibieron una instrucción distinta: se les indicó que podían “defenderse ante la provocación”, una orden que —según su testimonio— modificó la manera en que actuaron frente al contingente y que marcó una diferencia respecto a operativos anteriores.
Lo anterior se dio a pesar de que la narrativa del Gobierno de la Ciudad de México, a cargo de la morenista Clara Brugada, es solo “contener” y evitar la “represión o la criminalización” de las manifestaciones.