Columna Olor A Dinero
Feliciano J. Espriella
Los accidentes pueden ser inevitables. Las tragedias no (1)
Lunes 10 de noviembre de 2025
De San Juanico a la Línea 12 del Metro, las tragedias mexicanas se repiten con un patrón invariable: negligencia, corrupción y absoluta impunidad para los responsables.
México vive atrapado en un ciclo perverso donde las tragedias no son accidentes, sino crímenes por omisión. Los patrones se repiten con una puntualidad siniestra: negligencia en la prevención, corrupción en los permisos, colusión entre funcionarios y empresarios, y al final, la impunidad como lápida colectiva sobre las víctimas.
Desde hace décadas, los desastres en nuestro país se parecen tanto entre sí que podrían formar parte de una misma cadena de responsabilidades evadidas. La memoria mexicana está marcada por explosiones, incendios, derrumbes y colapsos que exhiben el mismo esquema de fallas estructurales y morales.
Basta mirar la historia reciente para comprobarlo.
En 1984, las explosiones de San Juanico convirtieron a Tlalnepantla en un infierno. La tragedia —más de 500 muertos— fue producto del descuido criminal en la operación de ductos y tanques de Pemex, colocados en zonas habitacionales con pleno conocimiento de autoridades federales y locales. Nadie fue procesado penalmente. Las indemnizaciones fueron una ofensa: cuatro mil dólares por vida perdida.
Dos años después, el vuelo 940 de Mexicana de Aviación se precipitó por fallas de mantenimiento. Murieron 167 personas. La respuesta oficial se limitó a ajustes regulatorios; ningún directivo o funcionario enfrentó juicio.
En el año 2000, el incendio en la discoteca Lobohombo, en la Ciudad de México, reveló la colusión entre empresarios y autoridades delegacionales. Murieron 22 jóvenes. No hubo un solo detenido. Las indemnizaciones se diluyeron entre juicios inconclusos y la indiferencia social.
Luego vino la tragedia de Pasta de Conchos, en 2006: 65 mineros sepultados por la negligencia criminal de Grupo México, cuyos dueños no pisaron un tribunal. Solo quince años después el gobierno federal impulsó un “plan de justicia” con compensaciones económicas y obras comunitarias, más simbólicas que reparadoras.
La historia se repitió en 2021 con el colapso de la Línea 12 del Metro. La corrupción en el diseño, la falta de mantenimiento y el encubrimiento institucional provocaron la muerte de 26 personas. Cuatro años después, los litigios penales avanzan lentamente y las víctimas siguen exigiendo justicia y una reparación digna.
Cada caso encierra una constante: el crimen por omisión. En México, las tragedias “accidentales” son el resultado de fallas previsibles que pudieron haberse evitado. Las normas existen, pero no se cumplen. Los sistemas de inspección se negocian, las licencias se compran y los dictámenes se falsifican.
El resultado es un país donde la vida humana vale menos que la firma de un permiso.
Lo ocurrido recientemente en Hermosillo, con la explosión dentro de una tienda Waldo’s que cobró la vida de 24 personas, es una bofetada a la memoria nacional. En una ciudad donde hace apenas 16 años murieron 49 niños en la Guardería ABC, resulta inconcebible que se repita una tragedia con el mismo sello: negligencia, corrupción e impunidad.
En ambos casos, los hechos no fueron imprevisibles ni inevitables. Son consecuencia directa de la ausencia de medidas preventivas, de la permisividad institucional y del desprecio por la seguridad pública. Las alarmas existían, los riesgos eran conocidos, pero nadie actuó.
El problema de fondo no está en el azar, sino en la estructura misma del poder. La impunidad funciona como un escudo protector para funcionarios, inspectores, empresarios y propietarios de negocios donde la vida es un costo colateral.
Mientras los responsables políticos se escuden en tecnicismos, mientras los jueces duerman los expedientes y los gobiernos teman incomodar a los poderosos, las tragedias seguirán ocurriendo una y otra vez.
En la siguiente entrega abordaré dos de los casos más emblemáticos de Sonora: el incendio de la Guardería ABC y el derrame tóxico de la mina Buenavista del Cobre. Analizaré por qué ambos siguen abiertos en la conciencia colectiva y propondré tres sanciones específicas para castigar no solo la acción criminal, sino también la omisión y la complicidad institucional.
Porque en México, los muertos no son producto del destino. Son víctimas de un sistema que, una y otra vez, elige mirar hacia otro lado.
Por hoy fue todo, gracias por su tolerancia y hasta la próxima