Tomado de www.sergiovalle.mx
Roberto Pogués
Jueves 6 de noviembre de 2025
¿Para qué escuchar a los ingenieros, geólogos o hidrólogos cuando se puede legislar con base en ocurrencias? Total, ¿para qué sirven los datos cuando lo que importa son las “convicciones” y “no somos iguales”? Ya lo vimos en aquel célebre “Viernes Negro” de 2023, cuando el Congreso aprobó una reforma a la Ley Minera que parecía escrita por alguien que jamás ha pisado una mina ni hojeado un libro de geografía.
Ese lamentable desconocimiento, esa ignorancia que Morena no solo exhibe, sino que presume con orgullo casi patriótico, vuelve a asomarse en las reformas a la Ley de Aguas Nacionales que, de aprobarse, podrían frenar de golpe diversas actividades industriales.
En el nuevo texto legal se incluyó el artículo 118, que prohíbe prácticamente toda actividad minera bajo la noble fachada de “proteger el agua”. Una intención plausible si no fuera porque el planteamiento equivale a combatir la sed prohibiendo los vasos.
En este se hace eco del reclamo insistente de algunos sectores radicales y pseudoambientalistas, de que se prohíba a la autoridad la autorización para el uso de cauces para el transporte de materiales mineros, aun cuando esta actividad se realiza de manera sustentable y bajo la vigilancia correspondiente.
Pero tergiversar la información y manipular los conceptos es cosa que hacen hoy las mayorías legislativas sin que les tiemble la mano.
Conviene recordar que el manejo sustentable del agua es precisamente una prioridad en la minería moderna. Las operaciones mineras crean circuitos cerrados que permiten reutilizar más del 80 por ciento del recurso hídrico. Pero, claro, ¿para qué entender eso si se puede legislar a golpe de prejuicio?
La prohibición incluida en la reforma ignora evidencia técnica, planes de manejo hídrico y estándares internacionales.
Pero, ¿quién necesita de todo eso cuando se tienen mayoría legislativa y emisarios en las mañaneras para propagar un prejuicio o una proclama electoral?
La realidad, esa incómoda enemiga de la narrativa oficial, es que el agua y la minería pueden coexistir. Lo hacen todos los días bajo esquemas de control y supervisión.
Los residuos no se arrojan a los ríos, aunque algunos en el gobierno digan que sí, sino que se almacenan en presas de jales, estructuras diseñadas con ingeniería de seguridad hídrica y ambiental. Pero claro, eso parece muy complicado para los que se ostentan como “defensores del pueblo”.
Tal vez sea mucho pedirle a quienes aún piensan que “minería” y “contaminación” son sinónimos. O a quienes creen que el cobre crece en los árboles y el litio se cosecha en temporada. Porque sí: la minería no solo produce minerales, también genera millones de empleos, desarrollo regional y los insumos base para 192 industrias, desde la energía y la construcción hasta la tecnología y la salud.
En otras palabras, sin maíz no hay país y sin minería, menos.
México necesita una regulación inteligente y moderna, no dogmática y electorera. Una ley que equilibre la protección ambiental con el desarrollo productivo. Pero eso implicaría conocimiento, debate informado, diálogo con expertos… y algo de sentido común. Insumos, todos esos, en peligro de extinción en los planes del oficialismo.
Porque si algo nos ha enseñado la nueva clase política dominante, la que se ha adueñado de los tres poderes de la Unión, es que no hay problema que sea tan complejo que no pueda resolverse con una buena dosis de ignorancia, un decreto mal redactado o una votación a mano alzada.
Y mientras tanto, el agua sigue su curso y cada vez hace más falta; lo único que parece haberse estancado es la razón.