Columna Archivo Confidencial
Armando Vásquez Alegría
Rubio presiona: vicealmirante preso
Lunes 8 de septiembre de 2025
POR PRIMERA VEZ EN la historia de México, un vicealmirante, uno de los oficiales de mayor rango en la Armada, ha sido detenido. La aprehensión de Manuel Roberto Farías Laguna, el martes 2 de septiembre en Guaymas, Sonora, su ciudad natal, marca un precedente. Este hecho sacude a las Fuerzas Armadas, cuestiona la integridad de su cúpula y plantea dudas sobre corrupción, nepotismo y el uso político de la justicia.
En la Armada de México, el término “almirantes” engloba los tres grados más altos: Almirante (equivalente a General de División), Vicealmirante (General de Brigada) y Contralmirante (General Brigadier). Con 92,000 elementos activos en 2025, los oficiales de alto rango son una élite, menos del 1% del total. Se estima que hay entre 30 y 40 vicealmirantes, un número ajustado anualmente según ascensos, retiros y necesidades operativas.
Estos ascensos, aprobados por el Presidente como Comandante Supremo, suelen anunciarse el 20 de noviembre, coincidiendo con la Revolución Mexicana. La detención de un vicealmirante, un miembro de esta élite, no solo es un hecho judicial, sino un evento con profundas implicaciones políticas. La Armada, históricamente vista como una institución de disciplina y honor, enfrenta ahora un escándalo que pone en entredicho su prestigio.
La captura de Farías Laguna, coordinada por la Semar, FGR) y la SSPC se registró en el Registro Nacional de Detenciones. Junto a él fueron aprehendidas seis personas, incluidas dos mujeres recluidas en el Cefereso de Hermosillo. Esta acción forma parte de una investigación que suma 14 detenidos, ligados al “huachicol fiscal”.
El caso está vinculado a la incautación de 10 millones de litros de combustible en Tamaulipas el pasado 31 de marzo. Según Omar García Harfuch, titular de Seguridad, los detenidos incluyen funcionarios y empresarios. Este “huachicol fiscal” implica la importación irregular de combustibles, evadiendo impuestos y regulaciones. La magnitud de la operación sugiere una red sofisticada que opera con complicidad de altos mandos.
Farías Laguna, sobrino político y exsecretario particular del almirante José Rafael Ojeda Durán, extitular de Semar bajo López Obrador, está en el centro de las acusaciones. Su hermano, el contralmirante Fernando Farías, también es señalado en una presunta red de corrupción y nepotismo. Aunque García Harfuch y el fiscal Gertz Manero desvinculan a Ojeda Durán, su cercanía con Farías Laguna genera escepticismo.
La relación familiar y laboral entre Farías Laguna y Ojeda Durán plantea preguntas sobre la supervisión en la Semar. ¿Cómo pudo un exsecretario de Marina ignorar las actividades de su sobrino? La opacidad en las redes de poder dentro de las Fuerzas Armadas alimenta la percepción de que el nepotismo y el tráfico de influencias son problemas estructurales, no casos aislados, en las instituciones militares mexicanas.
El manejo de los tiempos en este caso intriga. La detención ocurrió el 2 de septiembre, pero se anunció el 6 vía un tuit de Harfuch conocido por filtraciones. La confirmación oficial llegó el 7 en conferencia. Este retraso coincide con la visita del senador Marco Rubio el 3 de septiembre, quien se reunió con Sheinbaum y titulares de Gobernación, Seguridad y Relaciones Exteriores.
La ausencia de los secretarios de Defensa y Marina en esa reunión bilateral es notable. ¿Fue una decisión para evitar tensiones con la cúpula militar tras la detención? ¿O un desaire de los mandos castrenses, molestos por el golpe a uno de los suyos? La omisión de estas figuras clave sugiere fricciones entre el gobierno y las Fuerzas Armadas, un tema sensible en el contexto político actual.
La detención de Farías Laguna envía un mensaje claro a los altos mandos: el gobierno puede desmantelar carreras militares con facilidad, ya sea mediante investigaciones de la FGR o filtraciones a la prensa. Bajo prisión preventiva en “El Altiplano” por riesgo de fuga, Farías enfrenta un proceso inicial. La narrativa pública, que omite la presunción de inocencia, lo condena prematuramente, dañando su prestigio de forma irreparable.
Organismos como la CNDH y expertos en derechos humanos critican estas prácticas. La exposición pública sin juicio viola la presunción de inocencia, garantizada por el artículo 20 constitucional. Este caso refleja una estrategia recurrente: utilizar la justicia como herramienta política para neutralizar figuras incómodas. La falta de transparencia en el proceso judicial alimenta la desconfianza en las instituciones.
El caso también destapa irregularidades en el manejo de combustible. Según Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el 12 de octubre de 2023 ingresaron 19 millones de litros por Guaymas, y el 3 de abril de 2024, 8.6 millones por Tampico. Estas operaciones, ligadas al “huachicol fiscal”, derivaron en órdenes de aprehensión. Los puertos, bajo control naval, son puntos clave en estas redes ilícitas. https://goo.su/wnmMpm
La magnitud de estas importaciones sugiere una operación bien estructurada. Los puertos de Guaymas y Tampico, estratégicos para el comercio marítimo, han sido señalados como vulnerables al crimen organizado. La participación de oficiales navales en estas actividades apunta a una falla sistémica en la supervisión y rendición de cuentas, lo que pone en entredicho la integridad de la Armada como institución.
Este escándalo llega en un momento delicado para el gobierno de Sheinbaum. La presidenta, que asumió el poder con un discurso de combate a la corrupción, enfrenta el desafío de mantener la confianza en las Fuerzas Armadas, un pilar de su estrategia de seguridad. La detención de Farías Laguna podría interpretarse como un intento de proyectar firmeza, pero también arriesga alienar a los mandos militares.
La relación entre el gobierno y las Fuerzas Armadas es compleja. Durante el sexenio de López Obrador, los militares asumieron roles centrales en seguridad y proyectos de infraestructura. Sin embargo, casos como este exponen tensiones latentes. La detención de un vicealmirante no solo afecta a la Armada, sino que podría generar desconfianza en otras ramas militares, complicando la colaboración con el Ejecutivo.
El impacto público de este caso es innegable. La filtración inicial a través de redes sociales, antes de la confirmación oficial, refleja una estrategia mediática para controlar la narrativa. Al exponer a Farías Laguna, el gobierno busca proyectar una imagen de justicia implacable. Sin embargo, esta táctica también alimenta percepciones de manipulación política, donde las detenciones son usadas para enviar mensajes a rivales internos.
¿Qué sigue para Farías Laguna? Si un juez lo declara inocente, ¿cómo se reparará el daño a su carrera y prestigio? La prisión preventiva, justificada por riesgo de fuga, no equivale a una sentencia. Sin embargo, el daño reputacional ya está hecho. Este caso pone a prueba la capacidad del sistema judicial para garantizar un proceso justo en medio de presiones políticas.
La detención de un vicealmirante no es solo un hecho judicial; es un movimiento político con amplias repercusiones. ¿Es Farías Laguna un chivo expiatorio o parte de una red mayor? Este escándalo refleja el poder del Estado para moldear narrativas y enviar advertencias a la cúpula militar. Mientras México observa, la Armada enfrenta una crisis de confianza que podría redefinir su papel en el país.
EN FIN, por hoy es todo, mañana le seguimos si Dios quiere.
Armando Vásquez Alegría es periodista con más de 35 años de experiencia en medios escritos y de internet, cuenta licenciatura en Administración de Empresas, Maestría en Competitividad Organizacional y Doctorando en Administración Pública. Es director de Editorial J. Castillo, S.A. de C.V. y de “CEO”, Consultoría Especializada en Organizaciones…
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