Columna Olor A Dinero
Feliciano J. Espriella
Los desterrados de Hermosillo
Jueves 14 de agosto de 2025
En Hermosillo, Sonora, la policía municipal decidió que la mejor manera de “limpiar” la imagen durante las Fiestas del Pitic era sacar de la vista -y del mapa- a las personas en situación de calle. No hubo programa social, no hubo consentimiento, no hubo siquiera una pizca de humanidad: los subieron a patrullas y los dejaron abandonados en municipios lejanos. Un “paseo” involuntario que violó flagrantemente el artículo 11 de la Constitución, ese que reconoce el derecho de toda persona nacida en México a viajar por el territorio nacional y mudar de residencia libremente, sin permisos ni restricciones arbitrarias.
La Fiscalía Anticorrupción presentó pruebas claras: oficios firmados por el entonces comisario Manuel Emilio Hoyos, testimonios de víctimas y subordinados, y la confirmación del DIF Municipal de que no se trató de su programa “Camino a Casa”. Y sin embargo, el juez Carlos Omar Montoya Cárdenas decidió no vincular a proceso a ninguno de los seis imputados, incluido Hoyos. La resolución judicial fue tan tersa como si en vez de un atropello contra los más vulnerables, estuviéramos hablando de una infracción de estacionamiento.
Aclaro: no es mi intención que se “linche” a nadie. Incluso, guardo simpatía personal por Manuel Emilio Hoyos. Pero, de ahí a que se le exonere totalmente, hay un abismo. Los hechos están documentados, las víctimas existen y el agravio es real. Aquí no hay interpretaciones posibles: fueron arrancados de su entorno y expulsados como si fueran desechos.
Lo más insultante es que, en paralelo, hemos visto cómo el sistema judicial puede ensañarse contra ciudadanos comunes por mucho menos. Ahí está el caso de la diputada Diana Karina Barreras, en el que una ama de casa, por unos comentarios en redes sociales -malinterpretados, para colmo-, recibió castigos ejemplares: disculpas públicas durante 30 días, desgaste emocional y una marca que no se borra fácil. Mientras tanto, a los policías que vejaron a indigentes no se les impuso ni una disculpa, mucho menos una compensación económica.
El contraste es brutal y expone la selectividad de nuestra justicia. Aquí se castiga con mano dura al que no tiene padrinos ni influencia, pero se absuelve con elegancia a quienes, por cargo o relaciones, se mueven en el perímetro del poder. No me cabe duda de que el resultado habría sido radicalmente distinto si al menos una de las personas trasladadas hubiera sido pariente -aunque fuera lejano- de algún funcionario de tercer nivel, un empresario local, un académico reconocido o un periodista de peso. Ahí sí, el escándalo mediático y político habría sido inmediato, y la justicia habría corrido como gacela.
Porque, no nos engañemos: cuando se trata de defender derechos, el acceso es proporcional a la posición social. A los indigentes de Hermosillo no solo se les arrebató su derecho al libre tránsito; se les arrebató su dignidad y se les dejó claro que, para el sistema, no son ciudadanos, sino obstáculos a remover.
Algunos dirán que fueron “medidas necesarias” para mantener la imagen de la ciudad durante las fiestas. Pero, disfrazar de “operativo” lo que en realidad es un acto de discriminación y abuso de autoridad, es tan cínico como decir que el fuego “purifica” mientras se quema la casa de alguien.
El mensaje que envía este caso es devastador: puedes ser funcionario, ordenar un acto que viola la Constitución y afectar la vida de personas vulnerables… y salir ileso, si el sistema decide que eres “de los suyos”. Esa impunidad no es un accidente: es la regla no escrita que alimenta el desprestigio de nuestras instituciones.
Lo peor es que este episodio no es un hecho aislado. Forma parte de una cultura política que normaliza la exclusión y la invisibilización de los más pobres. Hoy fueron indigentes; mañana podría ser cualquier grupo incómodo para la foto oficial: vendedores ambulantes, migrantes, manifestantes. La lógica es la misma: lejos de la vista, lejos del problema.
Es hora de que la autoridad municipal, la Fiscalía y los jueces entiendan que no se trata solo de “respetar protocolos” o de ver quién firmó qué oficio. Se trata de vidas humanas. Y mientras no haya reparación del daño ni sanciones proporcionales, el mensaje que quedará es que la dignidad es negociable y que la Constitución solo se aplica a quienes pueden pagar por ella.
Así, en la ciudad de Hermosillo de los discursos progresistas y la justicia selectiva, los más pobres son los primeros en ser expulsados. “Por el bien de todos, primero los pobres”… pero, lejos, bien lejos, para que no salgan en la foto.
Por hoy fue todo, gracias por su tolerancia y hasta la próxima