Afirmó Gertz Manero que el secuestro es el segundo delito más grave, y por lo tanto, si hay seis personas víctimas, hay una obligación hacia ellas.
Tomado de Aristegui Noticias
Redacción AN / ARF
Martes 12 de agosto de 2025
Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República, afirmó este martes en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que la FGR apelará la absolución otorgada a Israel Vallarta.
Recién el pasado 01 de agosto, Vallarta Cisneros abandonó el penal federal del altiplano, tras anunciarse que se le absolvía del delito de secuestro, por el que permaneció en prisión preventiva 19 años años, siete meses y 23 días.
Ahora, al ser cuestionado por el polémico caso, Gertz Manero aseguró que, más allá de si hubo o no un montaje contra Vallarta, hay “otras seis víctimas” del delito de secuestro que piden justicia.
El titular de la FGR afirmó que, después del homicidio, el secuestro es el más grave, y por lo tanto, si hay seis personas víctimas de este delito, hay una obligación hacia ellas.
“Seis personas que sufrieron secuestro, ese secuestro se llevó a cabo antes de que hubiera una diligencia, evidentemente, ilegal y abusiva, y esas personas no pueden quedar en estado de indefensión”, aseveró.
Así, remarcó que es una “obligación moral”, “ética y jurídica” de la FGR defender a las víctimas.
Vamos a proceder, a través de la del recurso de apelación, en la defensa de esas víctimas y en el derecho que tienen a la reparación del daño.
Cabe recordar que a finales de julio la jueza Mariana Vieyra Valdez, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal con sede en Toluca, dictó sentencia absolutoria al considerar que no se acreditó la responsabilidad penal de Vallarta
Esto respecto los delitos de secuestro, delincuencia organizada, posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y privación ilegal de la libertad.
Por lo tanto, ordenó su inmediata liberación, que se dio finalmente el pasado 01 de agosto.
Esta decisión judicial ocurrió después de casi dos décadas sin que se emitiera una sentencia definitiva en el caso, tiempo durante el cual Vallarta permaneció en prisión preventiva.
En julio pasado, el Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Tercer Circuito concedió un amparo para revisar esta medida cautelar, reconociendo que se había desestimado indebidamente una solicitud de la defensa para modificar la prisión preventiva.
Ello, en atención a recomendaciones del Comité contra la Tortura de la ONU. Dichas recomendaciones pedían aplicar medidas alternativas a la privación de la libertad debido al deterioro de la salud de Vallarta.
El Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) destacó que la resolución del tribunal obligaba al juzgado a convocar a una audiencia para revisar la medida cautelar, con la intención de acelerar la liberación de Vallarta.
El caso de Israel Vallarta mantuvo denuncias de tortura y un polémico montaje televisivo relacionado con su detención, elementos que han sido cuestionados por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
Además, puso en duda la validez de las pruebas utilizadas por la Fiscalía General de la República.
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció recientemente la obligatoriedad de las medidas provisionales emitidas por órganos internacionales como el Comité contra la Tortura.
Implica que el Estado mexicano debe cumplir con sus compromisos para garantizar los derechos humanos de Vallarta y evitar la prolongación injustificada de su encarcelamiento.
Lo sucedido con Vallarta vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la justicia, la prisión preventiva prolongada y el respeto a los derechos humanos en México.
El caso Vallarta
Israel Vallarta fue detenido en diciembre de 2005 junto con la ciudadana francesa Florence Cassez, su entonces pareja, acusado de formar parte de una banda de secuestradores conocida como “Los Zodiaco”.
Su caso ganó notoriedad pública luego de que su detención fuera transmitida en televisión como un operativo en vivo a cargo de la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI), el cual más tarde se confirmó que había sido un montaje.
Florence Cassez fue sentenciada a 60 años de prisión, pero en 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó su liberación al concluir que sus derechos fueron vulnerados desde su detención, incluyendo la falta de acceso consular inmediato y la manipulación del proceso, luego volvió a Francia.
El caso fue considerado emblemático a partir de las fallas estructurales del sistema penal mexicano, sobre todo por el uso excesivo y prolongado de la prisión preventiva.