Columna Olor A Dinero
Feliciano J. Espriella
México frente al espejo digital
Miércoles 6 de agosto de 2025
El mundo avanza a toda velocidad hacia la digitalización total, y México, frente al espejo, debe preguntarse si está listo para modernizar su gobierno o seguir atrapado en el reflejo de una burocracia del siglo pasado.
Mientras el mundo corre a toda velocidad sobre los rieles de la transformación digital, México camina a paso cansado, mirando de reojo el futuro como si tuviera todo el tiempo del mundo. Pero no lo tiene. El avance tecnológico ya no es opcional, es una obligación ineludible del Estado si no quiere comprometer el bienestar de las próximas generaciones.
La digitalización del sector público no es una moda ni un antojo tecnocrático: es una necesidad estratégica. En países como Estonia, los ciudadanos pueden realizar prácticamente todos sus trámites gubernamentales en línea —desde registrar una empresa hasta consultar su historial médico— sin necesidad de hacer fila ni pagar un “extra” bajo la mesa. El modelo estonio de “Estado digital” ha servido como faro para naciones que buscan eficiencia, transparencia y confianza institucional.
Lo mismo puede decirse de países como Dinamarca, Corea del Sur o incluso Uruguay, que han apostado por plataformas públicas interoperables, donde los sistemas de salud, educación, finanzas y justicia comparten datos bajo estrictos estándares de ciberseguridad y protección de datos personales. ¿El resultado? Reducción de la corrupción, ahorro millonario en recursos administrativos y una ciudadanía que percibe al Estado como facilitador, no como obstáculo.
¿Y México? Bueno, seguimos presumiendo que ya tenemos CURP digital desde hace 25 años, aunque para usarla nos piden el acta de nacimiento en original y copia. Hay avances, sí, pero desarticulados y con resultados que no han permeado en el grueso de la población. La digitalización no puede ser un cúmulo de “apps” o “plataformas piloto” que quedan olvidadas al final de cada sexenio.
Lo que urge es una política digital de Estado —no de gobierno— con continuidad, presupuesto y voluntad. No se trata solo de meter computadoras en las oficinas públicas, sino de repensar por completo la relación entre ciudadanía y gobierno, con una apuesta clara por la eficiencia, la trazabilidad de cada proceso y la democratización de los servicios.
En este contexto, la digitalización de los procesos electorales debe formar parte de la discusión nacional, sin prejuicios ni miedos artificiales. El voto electrónico, que para muchos en México aún parece ciencia ficción, ya es una realidad consolidada en numerosos países. Brasil, por ejemplo, lleva más de dos décadas implementándolo, con altos niveles de confiabilidad y rapidez en el conteo. Las urnas electrónicas brasileñas permiten a más de 150 millones de ciudadanos votar en todo el país y tener resultados la misma noche. Sin fraudes, sin boletas perdidas, sin el show mediático de los “paquetes electorales”.
Además de la certidumbre que otorga la trazabilidad del voto, el ahorro en costos sería monumental. Basta con recordar los miles de millones de pesos que se gastan en impresión de boletas, transporte, papelería, resguardo, pago de funcionarios de casilla, capacitación y demás gastos logísticos. Un sistema electrónico bien diseñado, auditado y probado podría reducir significativamente ese gasto, haciéndolo más eficiente y transparente.
Claro, habrá quien diga que en un país con brechas digitales tan amplias no se puede aspirar al voto electrónico. Pero esas mismas voces son las que se oponen a cerrar esas brechas. La solución no es detener la tecnología, sino garantizar el acceso universal a ella. Si más del 90% de los mexicanos tiene acceso a un teléfono móvil y si ya hacemos transferencias bancarias, declaraciones fiscales y consultas médicas en línea, ¿por qué no votar?
Eso sí, el camino no es improvisado ni unilateral. El voto electrónico debe construirse con participación ciudadana, supervisión técnica, auditorías independientes y campañas de alfabetización digital. Pero es perfectamente posible. De hecho, es necesario.
La transformación digital del sector público —incluido el sistema electoral— no puede seguir posponiéndose por falta de voluntad política o por temor a cambiar inercias que benefician a unos pocos. México no puede quedarse a la saga mientras el resto del mundo avanza. Porque en materia de digitalización, quien se rezaga se condena a ser irrelevante.
Y lo más grave: mantener al país atrapado en la burocracia analógica es también una forma de exclusión. Excluir a millones de personas de un servicio público eficiente, seguro y moderno equivale a negarle su derecho a un futuro mejor.
La tecnología está lista. Los modelos existen. Solo falta que el Estado mexicano decida dar el salto. Y ojalá no lo haga cuando ya sea demasiado tarde.
Por hoy fue todo, gracias por su tolerancia y hasta la próxima