Columna Olor A Dinero
Feliciano J. Espriella
Violencia política de género: del blindaje a la mordaza
Jueves 26 de junio de 2025
Esta es la segunda entrega de una saga sobre los excesos legales que, bajo la bandera de la equidad, han terminado desvirtuando la justicia.
Ayer hablamos del “acoso sexual” usado como herramienta de chantaje.
Hoy abordamos un fenómeno aún más inquietante: el uso de la violencia política de género para blindar a figuras públicas, silenciar la crítica y convertir la ley en mordaza.
En teoría, la violencia política de género existe para proteger a las mujeres que participan en la vida pública. Se entiende como cualquier acción u omisión que tenga como fin limitar, impedir o anular el ejercicio de los derechos político-electorales de una mujer por razones de género. Hasta ahí, todo bien.
El problema es que, en la práctica, este concepto ha sido estirado, retorcido y manipulado hasta convertirse en un mecanismo para blindar a las mujeres poderosas del escrutinio, de la crítica, e incluso de la burla.
Y lo más preocupante: con la complicidad activa de los tribunales.
Uno de los casos más grotescos es el de Xóchitl Gálvez vs. Andrés Manuel López Obrador. En 2023, cuando la entonces senadora aspiraba a la candidatura presidencial, el presidente utilizó sus conferencias matutinas para descalificarla con argumentos claramente políticos. En lugar de debatir ideas, AMLO recurrió al viejo expediente de la descalificación moral, insinuando que era candidata del privilegio y de los poderosos.
¿Fue violencia política de género?
Según el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sí.
¿El resultado? El presidente fue sancionado por cometer violencia política de género contra Gálvez. Es decir, un hombre no puede criticar a una mujer candidata sin arriesgarse a una sanción electoral.
La crítica política, la confrontación ideológica y el debate público quedan anulados si el interlocutor es mujer.
¿Qué clase de democracia es esa? El caso es tan absurdo como peligroso.
Porque si un presidente no puede criticar a una candidata sin ser acusado de violencia de género, ¿qué nos espera al resto de los ciudadanos? ¿Acaso no hay una diferencia entre ser misógino y ser opositor? ¿Entre atacar con insultos y cuestionar con argumentos?
Otro caso igual de preocupante es el de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, quien emprendió una cacería legal contra periodistas locales por el solo hecho de ejercer su derecho a informar.
En 2024, la gobernadora denunció a un reportero del periódico Tribuna y a la propia empresa editora por presunta violencia política de género. ¿La razón? El medio había publicado una caricatura donde Sansores aparecía caracterizada de forma crítica, pero sin ningún insulto ni alusión misógina.
El Tribunal Electoral falló a favor de Layda. Ordenó al medio ofrecer una disculpa pública y abstenerse de publicar contenido que “violente” a la gobernadora.
¿Dónde quedó la libertad de prensa? ¿En qué momento una caricatura —instrumento clásico de crítica política— se convirtió en delito? Estamos presenciando una transformación peligrosa: La ley, que debería proteger a los vulnerables, está siendo usada por los poderosos para blindarse del juicio público. El género, que fue bandera de justicia, ahora es pretexto para la impunidad.
Y no hablamos de casos excepcionales.
Periodistas, caricaturistas, tuiteros y hasta ciudadanos comunes han sido denunciados por ejercer su libertad de expresión. Lo peor es que muchas de estas denuncias prosperan porque los tribunales electorales actúan con una lógica invertida: primero creen a quien se dice víctima, luego juzgan a quien se atrevió a hablar.
La carga de la prueba está trastocada. La crítica se vuelve sospechosa. La sátira, delito.
El caso más cercano a nosotros lo abordaremos mañana: el de Karla Estrella, una ciudadana hermosillense, sin cargo público ni protección institucional, que fue sancionada por un comentario en redes sociales contra una candidata a diputada federal en 2024.
No insultó, no amenazó, no promovió odio.
Solo dijo lo que muchos piensan: que hay candidaturas que responden más a intereses personales que a méritos.
Y por eso, fue llevada a tribunales. Ese es el nivel de absurdo que hemos alcanzado.
La violencia política de género existe. Hay mujeres que han sido perseguidas, descalificadas y excluidas de la vida pública por su condición de género. Pero de ahí a usar esa figura para acallar toda crítica, hay un abismo. Un abismo en el que ya estamos cayendo.
Legislar con perspectiva de género no puede significar anular el debate. Defender a las mujeres no puede implicar silenciar al adversario. Y proteger no puede ser sinónimo de blindar el poder contra la crítica.
Hoy, criticar a una mujer poderosa es un riesgo. Y no por su poder político, sino por su capacidad de presentarse como víctima, aunque esté en el cargo más alto del estado. Estamos creando un nuevo privilegio: el de ser mujer e intocable.
Y eso, lejos de avanzar hacia la equidad, nos regresa al viejo esquema de la tutela legal: antes era el padre, el esposo, el patrón o el cura. Hoy es el TEPJF, el INE o la ley electoral, que actúan como escudos de cristal para mujeres que deberían, por la dignidad de sus cargos, enfrentar la crítica con argumentos, no con sanciones.
Mañana cerramos esta saga con el caso real que más nos duele: el de una mujer común y corriente, sancionada por decir lo que piensa. Porque cuando la ley protege al poderoso y castiga al ciudadano, la democracia deja de ser democracia.
Y el género, lejos de ser igualdad, se vuelve trampa.
Por hoy fue todo, gracias por su tolerancia y hasta la próxima.