Hasta la semana pasada, el pleno y las salas de la SCJN tenían pendientes por resolver 1,248 asuntos; los juzgados y tribunales colegiados federales, más de un millón y los juzgados laborales, más de 150,000 asuntos contenciosos
Tomado de El Economista:
Diego Badillo
Sábado 14 de junio de 2025
El 1 de septiembre próximo, cuando los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pasen por la llamada “Escalera de los magistrados” del edificio de Pino Suarez 2, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, inevitablemente tendrán que ver el mural de Rafael Cauduro, que expone las carencias del sistema de procuración de justicia: montones de expedientes envejeciendo, apilados en el piso y sobre archiveros, donde aparecen figuras de hombres y mujeres con rostros descompuestos, atrapados en las gavetas.
Al llegar a sus oficinas, seguramente después de los abrazos y bienvenidas, tendrán que preguntar por los pendientes. Hasta la semana pasada, había 1,248 asuntos en espera de ser resueltos, tanto en el pleno, la primera y la segunda sala. Todos ellos de la mayor importancia. Por eso los resuelven de manera solemne, vestidos con toga que parece sotana.
Pero, por mucho, el problema del rezago o acumulación de expedientes sin resolver estará en los juzgados de distrito, tribunales unitarios de circuito, tribunales colegiados de circuito, juzgados de distrito auxiliares, tribunales colegiados de distrito auxiliares, tribunales unitarios de circuito auxiliares, los del Centro Nacional de Justicia, tribunales colegiados de apelación, plenos regionales y los tribunales laborales donde todos los días se resuelven casos, pero también se acumulan. Hasta el 30 de abril pasado había un millón, 098,943 asuntos sin resolver.
De acuerdo con abogados consultados por este periódico, el mayor problema es que se corre el riesgo de generar una espiral de impunidad, ante la dilación de la justicia, pérdida de evidencia y reposición de juicios, por ejemplo, los orales de tipo penal, donde el juez que comienza el juicio es quien debe emitir sentencia.
En 2023 ingresaron al Poder Judicial de la Federación 1,473,133 asuntos, mientras que la cantidad de asuntos resueltos en el mismo periodo fue de 1,413,724. Esto significa que, en promedio, cada persona juzgadora resolvió 895 asuntos durante ese año. 17 por semana.
En el ámbito estatal, durante el año 2022, ingresaron 2,154,768 asuntos a los poderes judiciales estatales, de los cuales 1,320,702 se concluyeron en primera instancia. Durante dicho año, cada juzgador estatal fue responsable de la resolución de 428 asuntos en promedio. Ocho por semana.
Todo ello, enmarcado por una curva de aprendizaje que hoy todo mundo sabe cuándo inicia, pero nadie sabe cuándo terminará, ante lo cual, tendrán que ser los secretarios proyectistas quienes tengan la mayor parte de trabajo y responsabilidades, porque han llegado a esos cargos cumpliendo las exigencias de la carrera judicial, pero algunos, tendrán como jefe a jueces sin experiencia y con menor preparación que ellos, aunque ganando prácticamente el doble de salario.
En marzo pasado, durante una visita a Durango, la ministra Loretta Ortiz comentó que alrededor de 1,700 casos estaban pendientes por resolverse, mientras que otros 7,000 ni siquiera serán turnados.
La semana pasada la SCJN tenía 1,248 asuntos por resolver
De acuerdo con estadísticas de la SCJN, hasta la semana pasada, el pleno tenía pendientes de resolver 191 acciones de inconstitucionalidad; tres amparos directos; cuatro amparos directos en revisión; siete amparos en revisión; nueve expedientes relacionados con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 23 de contradicción de criterios; 286 controversias constitucionales; ocho de declaratoria general de inconstitucionalidad; dos de sentencias de tribunales internacionales; tres impedimentos; 52 incidentes de inejecución de sentencia; seis recursos de reclamación; cuatros solicitudes de ejercicio de la facultad de atracción; cinco solicitudes de reasunción de competencia y 25 por asuntos varios, Todo ello para un total de 628 asuntos.
En tanto, la primera sala, encargada de asuntos en materia civil y penal, tenía pendientes 509 asuntos y la segunda, la que se encarga de resolver los casos en materia administrativa y laboral, tenía 111. En total pleno y salas tenían pendiente por resolver 1,248 asuntos.
Otra forma de tener una idea de los pendientes en la SCJN es revisar los ingresos y egresos de asuntos. En 2024 (1 de diciembre de 2023 al 30 de noviembre de 2024) la Corte recibió 16,129 asuntos y resolvió 13,370; en 2023, recibió 16,513 y resolvió 14,729; en 2022 recibió 14,025 y resolvió 14,744. Antes de la pandemia, en 2019 recibió 18,806 y resolvió 15,193.
La Corte ya está en modo transición
La reforma judicial promulgada el 15 de septiembre de 2025 por el presidente, Andrés Manuel López Obrador establece la reducción de 11 a nueve ministros y eliminó las dos salas, por lo que ahora solo funcionará el pleno, lo cual impactará en el desahogo de expedientes.
Además, lo más probable es que sólo ocho ministros elaboren proyectos de sentencias, pues hasta ahora el ministro presidente, por la carga administrativa que implica este cargo, no tenía la responsabilidad de preparar proyectos de decisiones.
Para tener una idea de lo que ello representa, vale tomar en cuenta que entre el 1 de diciembre de 2023 y el 30 de noviembre de 2024, la SCJN recibió 116,778 promociones dirigidas a los expedientes de la competencia del Tribunal Pleno y de las Salas.
El Tribunal Pleno inició con una existencia de 934 asuntos del periodo anterior. De todos los asuntos que ingresaron en 2024, sólo 3,853 cumplieron los requisitos de procedencia y se turnaron a ponencia para la elaboración del proyecto de sentencia. El pleno resolvió 479; la primera sala, 1,868 y la segunda, 2,009.
En un análisis realizado por José Omar Hernández Salgado y Mariana Velasco Rivera denominado “justicia constitucional sin rumbo, la eliminación de las Salas de la Suprema Corte”, contenido en el libro “La Tormenta Judicial”, coordinado por Saúl López Noriega y Javier Martín Reyes y publicado por Nexos, subrayan que las Salas de la SCJN cumplían una función fundamental para la justicia constitucional, porque desahogaban más asuntos y, con ello, se combatía el rezago, además de que en las Salas se desarrollaron muchos de los criterios jurisprudenciales que han modernizado al sistema de justicia.
“Desde nuestra perspectiva, es indudable que la justicia constitucional pierde con su supresión. Sin duda, la justicia será más lenta, más discrecional y con menos calidad deliberativa”.
La SCJN tendrá que emitir nueva legislación interna
Para el ministro de la SCJN en retiro José Ramón Cossío la desaparición de las salas de la SCJN va a generar enormes complicaciones debido a que el pleno es un órgano lento, por la importancia de los asuntos que resuelve. Tarda mucho más tiempo en producir sus resoluciones.
Comentó que, si bien el rezago es el mal de todos los tribunales del mundo, en México, de alguna manera se había logrado resolver en la SCJN, pero al no existir ya las salas pues se van a ir acumulando los casos y se van a generar largas discusiones, lo cual va a operar en contra de la impartición de justicia, que era una de las banderas que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, en su momento trató de vendernos como uno de los mayores éxitos de su reforma.
Lo delicado, según el especialista, es que “eso se traducirá en un demérito de la ya de por sí muy lastimada justicia mexicana”.
Ante esa situación, lo que puede ocurrir es que, como en el pasado, lo que se busque en los próximos años es generar más salas o más tribunales para enfrentar el rezago judicial.
También hay que tomar en cuenta que a la nueva SCJN le tocará emitir toda la legislación interna, para que esté en sintonía con la reforma judicial que se ha comenzado a implementar.
El acuerdo general 3/2025, del 4 de marzo de 2025 del Pleno de la SCJN por el que se establecen las bases para la conclusión, el 31 de agosto de 2025, de las funciones de la actual integración de ese alto tribunal, dispuso que el Pleno celebraría sesiones públicas ordinarias los lunes, martes y jueves de cada semana hasta el jueves 27 de marzo; durante los meses de abril y mayo sesionaría lunes y martes de cada semana y, posteriormente, los martes de cada semana hasta el 12 de agosto.
En tanto, las Salas celebrarían sesiones públicas ordinarias hasta el miércoles 28 de mayo. Posteriormente las celebrarán cada quince días hasta el 13 de agosto.
En juzgados y colegiados hay más de un millón de casos sin resolver
El pasado 1 de junio no solo se eligieron a los nuevos ministros de la SCJN. También se nombraron, vía las urnas, cinco magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ); dos magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 15 magistrados de salas regionales del TEPJF, así como 464 magistrados de circuito y 386 jueces de distrito del fuero federal. Además, 1,801 jueces y magistrados del ámbito local de 19 entidades federativas.
En el ámbito federal, la elección de 464 magistrados de circuito y 6,386 juzgados de distrito son los que más preocupan por el rezago que pueda generar la incorporación de los candidatos ganadores a sus nuevos puestos de trabajo como impartidores de justicia, particularmente en los casos que no tengan experiencia como juzgadores.
La preocupación inició desde la aprobación de la reforma judicial en el segundo semestre de 2024, cuando un número importante de jueces comenzó a jubilarse de manera anticipada.
El 11 de septiembre pasado, el pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) aprobó reformas al plan de pensiones con el fin de que los magistrados de circuito y jueces de distrito pudieran acceder a una jubilación anticipada a los 55 años de edad o menos y 25 años de servicio en adelante con pensiones desde el equivalente a 45% de su sueldo.
De acuerdo con estadísticas del CJF, en diciembre de 2023 había 757 jueces y 876 magistrados, para un total de 1,633 y para mayo de 2025 había 710 jueces y 595 magistrados, para un total de 1305. Eso quiere decir que en mayo de 2025 había 20.08% menos jueces y magistrados que en diciembre de 2023. Ya no estaban 328.
Por otra parte, si se toman en cuenta las estadísticas del CJF al 30 de abril de 2025 en los juzgados y colegiados había un millón 098,943 casos sin resolver.
Si ese día se hubiera realizado el relevo en todos los juzgados y tribunales esa sería la cantidad de expedientes que se encontrarían, aunque hay que recordar que esta vez solo se renovaron 850 jueces y magistrados del ámbito federal.
Al observar las cifras, llama la atención que hay más casos en órganos jurisdiccionales ordinarios donde había 548,782; los Tribunales Colegiados de Circuito con 321,080 y los juzgados de distrito con 212,071 casos.
En el caso de los Tribunales Laborales Federales, el 30 de abril de 2025 se encontraban 44, 292 casos en primera etapa; 42,280 en segunda etapa; 64,061 en tercera etapa, para un total de 150,633 asuntos contenciosos.
Habrá juicios penales que se tendrán que reiniciar
Cristina Reyes Ortiz, directora de Litigio estratégico de México Unido Contra la Delincuencia comentó que en los últimos meses se ha observado una baja en el ritmo de atención en juzgados y tribunales, lo cual se traduce en demora en la resolución de los casos. Lo preocupante es que con la transición esto se va a seguir acumulando.
Inquieta a los litigantes cuánto va a durar la curva de aprendizaje, sobre todo de los nuevos jueces y magistrados que no tienen experiencia en esa materia.
Por otra parte, Reyes Ortiz destacó que lo más preocupante son los juicios en materia penal, porque en el sistema penal acusatorio existe el principio de inmediación, según el cual los jueces que tienen que emitir una sentencia, tienen que ser los mismos que escuchen de manera directa las pruebas, alegatos, testimonios y argumentos de las víctimas, y tanto del ministerio público como de la defensa.
Eso con el objetivo de que la integridad de la decisión que se tome al final está basada en lo que ocurrió en el juicio.
Con el cambio de jueces, lo que puede ocurrir es que haya retraso en los juicios, lo cual afecta a las personas que están privadas de su libertad esperando sentencia.
De acuerdo con el cuaderno mensual de información estadística penitenciaria nacional, a abril de 2025 había 94,657 personas en la cárcel que no habían recibido sentencia, tanto del fuero común, como del fuero federal.
La especialista dijo que también puede ocurrir que juicios que se interrumpan y se tendrán que reponer desde el principio o que haya apelaciones de sentencias en las cuales, en su resolución, un juez de alzada o un juez de amparo ordene que se reponga la sentencia. El problema es que, si eso ocurre y el juez que debe reponer la sentencia ya no está, ya no va a poder reponer la sentencia otro juez. Entonces la solución seguramente será que se reponga todo ese juicio.
El problema es que se corre el riesgo que ya no estén disponibles las personas que testificaron o que las pruebas que sirvieron para construir la resolución tampoco estén disponibles o simplemente que las víctimas ya no quieran continuar con los juicios.
Se sacaron la rifa del tigre
Por su parte, la jueza de distrito del Décimo Primer tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales, con sede en la Ciudad de México, Juana Fuentes Velázquez comentó que hasta antes de la reforma cuando se cambiaba a un magistrado de un tribunal colegiado, en la primera semana no sesionaban porque se tenían que agregar en los expedientes acuerdos en el que se informaba a las partes de la presencia de un nuevo titular y preparar todo lo necesario para arrancar los trabajos.
Dijo que si antes era común escuchar “aquí (los tribunales o juzgados) funcionan con, sin y a pesar del titular, ahora, en los juzgados o tribunales donde lleguen personas sin experiencia, esa frase se escuchará más.
Recordó que el horario al público es de 09:00 a 14:30 horas, pero la mayoría se queda hasta las 22:00 o 23:00 para sacar el trabajo, porque de otra forma no hay manera.
Eso porque hay términos. Lo que llegó ayer, tiene que salir hoy. Si yo cierro la audiencia de juicio hoy, tengo que dictar la sentencia en máximo cinco días.
Además, hay temas más delicados como las suspensiones en amparo, las cuales se deben de dictar de inmediato. Tomando en cuenta eso, es muy probable que con la llegada de gente inexperta haya muchos temas de responsabilidades de funcionarios públicos.
Por ello, la jueza considera que muchos no saben que se sacaron la rifa del tigre y si se pudiera decir con palabras muy llanas, se va a pasmar la justicia, porque inevitablemente va a haber un problema de la dilación, además de que puede afectarse el debido proceso, como el que se denuncia en las paredes de las escalinatas de la SCJN, a través de los murales de Cauduro.