Desde el año 2022 hasta mediados de 2025, se han contabilizado múltiples casos de policías judicializados por la presunta comisión de diferentes delitos
Tomado de El Sol de Hermosillo
Gustavo Moreno
Jueves 12 de junio de 2025
Entre comienzos de 2022 y junio de 2025, 17 elementos de seguridad en Sonora, 12 municipales y cinco estatales, han enfrentado procesos judiciales por presuntas faltas al desempeño de sus funciones, de acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado y corporaciones policíacas municipales.
Aunque ninguno ha recibido todavía sentencia definitiva, los casos revelan patrones, ante señalamientos de abuso de autoridad, uso indebido de la fuerza y violaciones a derechos fundamentales de las personas bajo custodia.
En 2022, tres oficiales de la Policía Municipal de Hermosillo fueron vinculados a proceso por presunto abuso de autoridad contra adultos mayores. Hasta el momento, no se ha emitido sentencia.
Un año después, en 2023, San Luis Río Colorado concentró la atención al encausar a dos policías municipales por abuso de autoridad, robo con violencia y extorsión. Ambos agentes se encuentran bajo prisión preventiva mientras se dilucida su situación en tribunales.
Simultáneamente, cinco miembros de la Policía Estatal fueron ligados a proceso por la muerte de un detenido en octubre del 2023, en la colonia Real del Carmen, en Hermosillo.
Durante 2024 no surgieron nuevas vinculaciones formales, aunque se mantienen abiertas investigaciones por posibles extorsiones en el municipio de Santa, sin embargo, hasta ahora, no ha derivado en imputaciones o audiencias de control.
En lo que va de 2025, cinco policías municipales de Moctezuma son investigados por la muerte de un detenido, mientras que dos de Hermosillo esperan resolución tras cargos de “levantones” y privación ilegal de la libertad durante las festividades de las Fiestas del Pitic, a finales del mes de mayo pasado.
De acuerdo con el artículo 180 del Código Penal, “se impondrán de uno a ocho años de prisión, de veinte a doscientos cincuenta días multa y destitución, en su caso, e inhabilitación de uno a cinco años para desempeñar un empleo, cargo o comisión públicos”, a servidores públicos que incurran en el delito de Abuso de Autoridad e incumplimiento del deber legal.