Columna De Primera Mano
Francisco Javier Ruiz Quirrín
Napoleón Gómez Urrutia, siempre envuelto en la impunidad
Miércoles 7 de mayo de 2025
AYER circuló la noticia de que el dirigente nacional del sindicato minero, Napoleón “Napito” Gómez Urrutia, había sido condenado en tribunales a devolver los 55 millones de dólares que siempre han pertenecido a los extrabajadores de la mina de Cananea, derivado de un compromiso al privatizar el gobierno este mineral.
Para empezar, aquella operación de compraventa que don Jorge Larrea (creador del Grupo México) logró ante el gobierno del presidente Carlos Salinas, se realizó en 1989 y el heredero, Germán Larrea Motavelasco, lo primero que hizo fue despedir a poco más de mil mineros, pero depositó en el banco Comermex los 55 millones de billetes verdes comprometidos con el sindicato, entonces liderado por don Napoleón Gómez Sada, padre de “Napito”.
Éste último heredó la dirigencia sindical a su hijo y con ello los recursos con los que contaba la organización de trabajadores mineros más importante del país. Ahí empezó el problema. Jamás admitió regresar los 55 millones de dólares pertenecientes ahora a los extrabajadores.
Estos últimos interpusieron N número de demandas en su contra. Ganaron los juicios, los laudos sindicales y sólo obtuvieron algo de dinero cuando el Gobierno del Estado empezó a apoyarles para evitar una revuelta social, lo que aprovechó “Napito” para irse a radicar a Vancouver, Canadá donde permaneció por años y obtuvo la nacionalidad canadiense, hasta que Andrés Manuel López Obrador lo hizo senador de la república sin hacer campaña, en el año 2018.
Esta sentencia difundida ayer, se acumula a las decenas de sentencias condenatorias en contra de uno de los mexicanos más corruptos y protegidos por el régimen.
Por cierto, la mayoría de extrabajadores de la mina de Cananea merecedores del beneficio de la indemnización, han fallecido y sus derechos se convirtieron en legado para sus descendientes que, cansados, han perdido la esperanza de que se haga justicia.
MÁS ALLÁ de la nota dada conocer de que el hijo de Joaquín “Chapo” Guzmán –Ovidio, alias “El Ratón”- llegó a un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos y el próximo 9 de julio se declarará culpable de los cargos en su contra para tratar de alcanzar una sentencia condenatoria menos severa, está el hecho de las razones que la justicia norteamericana dio por buenas para otorgar un beneficio a un probado delincuente… Y aquí aparece una primera pregunta: ¿Parte de los acuerdos incluirían revelaciones que pudieran involucrar a políticos mexicanos con el narcotráfico?… Como sea, ¿Se imagina el grosor de los expedientes en manos de la DEA, el FBI y de la justicia estadounidense sobre varios mexicanos de primerísimo nivel?… Y todavía hay quien duda de que el “Tío Sam” se atreva a llevarse a un gobernador, por ejemplo… ¿O ya se olvidó la captura de Ismael “Mayo” Zambada?
AYER también trascendió la noticia de la fuga de un penal de Hermosillo de un individuo considerado como un peligroso criminal… Las notas que llegaron a nuestras redacciones, tenían por fuente la DEA y la televisora TELEMUNDO… Resulta evidente esperar información precisa de parte del Gobierno del Estado, ya que las cárceles están bajo la responsabilidad de la Dirección de Prevención y Readaptación Social, dependiente del Ejecutivo local… Y los datos que se proporcionen, deberá incluir los resultados de una investigación muy completa que explique cómo fue posible que se permitiera la fuga de esa persona.
MIENTRAS Tanto, el gobernador Alfonso Durazo participó ayer en la siembra de arbolitos en el bosque urbano “La Sauceda” y todo para lograr que el lugar se convierta en un vigoroso pulmón para la capital de Sonora.
PACO Ignacio Taibo II, el director del Fondo de Cultura Económica, quiere que MORENA discuta “por salud nacional” temas como la posible nacionalización de TV-Azteca… El señor se quiere adelantar a los tiempos… Sin remedio, llegará el día en que el Estado mexicano disponga de los bienes de las personas, pero sobre todo, se apoderará de aquellos cuyos propietarios sean considerados “enemigos del pueblo”.