Columna Olor A Dinero
Feliciano J. Espriella
Ely Sallard, voz autorizada en el nuevo paradigma habitacional
Martes 22 de abril de 2025
Con décadas de experiencia en el sector y un profundo conocimiento del tema, Ely Sallard se perfila como una figura clave en la discusión del nuevo modelo de vivienda social que busca transformar el acceso a la casa propia para los sectores más vulnerables.
El pasado 31 de marzo, la diputada Elia Sahara Sallard Hernández —Ely, como la conocen muchos de sus amigos— participó como invitada en la reunión semanal del grupo de periodistas Mesa Kiosco Mayor. El propósito: dialogar sobre el ambicioso programa de vivienda que busca implementar la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo durante su mandato presidencial.
A Ely —de quien tengo el privilegio de contarme entre sus amistades— la conocí hace más de 40 años, en el convulso 1982. Un año que marcó al país con la estatización del sistema bancario mexicano por parte del entonces presidente José López Portillo y Pacheco, quien, con una simple firma, sacudió las bases financieras del país al nacionalizar casi todo el sector bancario, salvo el Banco del Ejército. Fuimos compañeros en un banco de aquella época.
Ely cuenta con una experiencia sólida y profunda en el sector vivienda, acumulada a lo largo de 35 años tanto en la iniciativa privada como en el sector público. Conoce el tema desde todas sus aristas: promoción, venta, desarrollo de proyectos, construcción y política pública. Su trayectoria incluye:
• 20 años en la iniciativa privada, dedicada al sector vivienda.
• 6 años como directora de la Cámara Nacional de la Vivienda (CANADEVI), a donde llegó por mérito empresarial, sin vínculo político alguno.
• 4 años como diputada, durante los cuales presidió la Comisión de Vivienda en dos periodos legislativos.
Durante la charla con el colectivo de periodistas, Sallard destacó que nunca había conocido un programa tan ambicioso enfocado en atender a los sectores con menos recursos. “Este programa tiene como objetivo construir un millón de viviendas: 500,000 a través del Infonavit y otras 500,000 dirigidas a personas sin acceso a seguridad social”, explicó.
Entre las innovaciones más relevantes, mencionó la inclusión de esquemas de vivienda en renta con opción a compra, donde las mensualidades pagadas como alquiler se considerarían parte del pago final. El modelo busca reducir los costos de acceso a la vivienda mediante la coordinación de los tres niveles de gobierno, simplificando trámites, reduciendo cargas fiscales y facilitando el acceso al suelo urbanizado. Esta estrategia pretende brindar soluciones reales a los trabajadores que, pese a contar con puntaje en el Infonavit, no pueden adquirir una vivienda por el alto costo de mercado.
Sallard detalló que este enfoque responde a una problemática cada vez más común: trabajadores con ingresos de dos o tres salarios mínimos que, aun con puntos suficientes, no logran acceder a una casa digna. Esto ha dado lugar a una proliferación de asentamientos informales, con graves consecuencias para la planeación urbana.
El nuevo programa propone que los trabajadores con bajo puntaje o ingresos limitados puedan rentar una vivienda por un periodo de hasta siete años, con mensualidades que no excedan el 30% de su salario. Al final de este plazo, podrán usar ese historial de renta —junto con su subcuenta de vivienda— para adquirir el inmueble. Esto abre oportunidades reales a quienes de otra forma estarían excluidos de cualquier posibilidad de tener una casa propia.
Al ser cuestionada sobre cómo lograr viviendas verdaderamente accesibles, Sallard explicó la estrategia tripartita del programa:
“La clave está en la colaboración entre los tres niveles de gobierno. El Estado acelera los permisos y gestiona los trámites; los municipios eliminan ciertos costos e impuestos; y el resultado es que el comprador paga sólo el costo de construcción, ya que el suelo y la urbanización (pavimentación, drenaje, electricidad) son aportados por el Estado y el municipio.”
En Sonora, ya se han identificado al menos 12 predios para desarrollar estos proyectos, incluidos dos en Hermosillo: Altares y Los Arroyos.
La conversación con la diputada fue extensa y enriquecedora. Se abordaron también temas críticos como el crecimiento desordenado de Hermosillo, la crisis de abasto de agua, la necesidad de impulsar vivienda vertical, y la preocupante existencia de miles de casas abandonadas, muchas de las cuales han sido tomadas por delincuentes o convertidas en espacios de riesgo para la comunidad.
Un punto especialmente interesante que abordó, aunque de forma breve, fue la propuesta de crear Comités de Vigilancia Ciudadana para los nuevos desarrollos habitacionales. Estos organismos estarían integrados por vecinos de las zonas en cuestión y especialistas en vivienda, con el objetivo de asegurar no sólo la transparencia en el uso de los recursos, sino también la calidad constructiva, el seguimiento puntual de los compromisos adquiridos y la participación activa de la sociedad en el diseño del entorno urbano.
Este planteamiento, de enorme relevancia y profundidad, abre la puerta a una nueva manera de entender la política pública en vivienda: más participativa, más cercana a la gente y con un enfoque de corresponsabilidad. Por su alcance e implicaciones, este será un tema de análisis más amplio que me propongo desarrollar en una entrega próxima, con el detalle, los datos y la reflexión que merece.
Por hoy fue todo. Gracias por su tolerancia y hasta la próxima.
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